Cuide Chile: La fundación de María Pía Adriasola que no transparentó su financiamiento ante el SII

Por Miguel Ángel Yáñez, abogado de DD.HH y cofundador de Contrapoder Chile

En tiempos de crisis democrática, la transparencia no es un lujo, sino el asidero esencial de cualquier régimen que pretenda llamarse republicano. Sin embargo, en Chile, mientras el debate público se polariza entre seguridad versus derechos sociales, se desarrolla otra batalla fuera del foco del escrutinio ciudadano: el poder invisible de grupos de influencia conservadora que operan en la sombra del Congreso y del próximo ciclo electoral.

Una investigación de OpenDemocracy y La Pública sacó a la luz un fenómeno preocupante: la Fundación Cuide Chile, vinculada estrechamente con la familia Kast-Adriasola, ha actuado como brazo lobbista de las propuestas ultraconservadoras del Partido Republicano sin que se conozca el origen de sus recursos ni sus financiamientos. Esta organización no ha reportado balances ni donaciones a las autoridades competentes, y su actividad legislativa -oponiéndose a derechos básicos como la paridad de género o la protección integral de la niñez- ha influido silenciosamente en las agendas legislativas que hoy discute el país.

Este silencio financiero no es un detalle menor: es una falla estructural del sistema. Que una fundación con impacto legislativo -especialmente en temas de derechos humanos y libertades civiles- opere sin transparencia constituye un atentado directo contra la democracia participativa. La política chilena no puede seguir siendo el escenario de poderes fácticos que legislan sin presentar cuentas, mientras esperan que los ciudadanos miren hacia otro lado.

La Fundación Cuide Chile actuó como un actor presente en al menos 14 comisiones parlamentarias, influenciando la discusión sobre educación sexual integral, derechos LGBTIQ+, y autonomía progresiva, entre otras materias. Su narrativa no se presentó como una aportación al debate democrático, sino como un fortín ideológico que pretende imponer una agenda negacionista de derechos bajo el ropaje de “defensa de la familia tradicional”. 

La pregunta que surge no es menor: ¿cómo puede una entidad que se afirma como “sin fines de lucro” moldear la legislación nacional y no rendir cuentas de sus recursos? Este vacío político y legal no solo permite, sino que empodera un lobby de extrema derecha que opera como un cinturón de fuerza para avances conservadores, sin siquiera explicar de dónde proviene su capacidad material para influir. 

Y aquí radica la hipocresía: mientras el discurso oficial del Partido Republicano clama por “mano dura” contra migración, inseguridad y “defensa de los valores tradicionales”, la maquinaria financiera que sustenta ese discurso opera al abrigo del secreto. Ni siquiera las obligaciones básicas de una fundación -presentar memorias, revelar donantes, justificar gastos e informó al SII no recibir donaciones- han sido cumplidas. Más grave aún, hay indicios de que parte del patrimonio familiar de los Kast-Adriasola, a través de inversiones y sociedades, podría estar sosteniendo estas operaciones sin que exista claridad alguna sobre su uso o destino último.

Mientras el país se distrae con debates estériles sobre falsas dicotomías, como libertad versus seguridad o derechos versus economías, la derecha radical ha aprendido la lección política de las élites globales: el poder real no siempre se ejerce desde la tribuna pública, sino desde pasillos invisibles, financiando ideas mediante redes opacas. No reconocer esta realidad es permitir que el autoritarismo se infiltre en la democracia por la puerta trasera.

Chile enfrenta una elección crucial, y la atención pública está puesta en los candidatos, encuestas y estrategias de campaña. Pero si no abordamos con urgencia este fenómeno de lobby opaco y sus implicancias en la toma de decisiones legislativas, corremos el riesgo de legitimar una democracia en papel, continuada por un sistema político en el que los intereses privados dirigen políticas públicas sin responsabilidad alguna ante la ciudadanía.

La transparencia no es negociable. Exigir cuentas claras no es radicalidad: es republicana insistencia en que la soberanía pertenece al pueblo y no a quienes financian discursos desde las sombras.