Indultos para la impunidad: cuando el poder decide justificar la violencia del Estado

Por Miguel Ángel Yáñez, abogado de DD.HH y cofundador de Contrapoder Chile

Hay decisiones políticas que no solo definen un gobierno, sino que revelan su esencia. La apertura de José Antonio Kast a indultar a uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social no es un gesto aislado ni una discusión jurídica técnica. Es algo mucho más grave: es la justificación política de la violencia estatal.

Porque el argumento que ha instalado el propio Presidente es claro y peligroso. Ha señalado que muchos de estos agentes “cumplieron con su deber” en un contexto de violencia extrema . Ese no es un matiz. Es una línea ideológica.

Cuando se afirma que quienes dispararon, mutilaron o mataron “cumplieron con su deber”, lo que se está haciendo no es revisar condenas: es reinterpretar la violencia como un acto legítimo del Estado.

Y ahí está el punto más brutal de esta discusión.

Se les llama “defensores de la patria”.
Se les presenta como víctimas de persecución.
Se les convierte en héroes.

Pero no lo son.

No es defensa de la patria disparar una bomba lacrimógena a la cara de una mujer trabajadora y dejarla ciega de por vida.
No es defensa de la patria torturar.
No es defensa de la patria asesinar.

Eso tiene un nombre mucho más simple, mucho más directo, mucho más honesto: delincuencia.

Delincuencia cometida desde el aparato del Estado.

Fabiola Campillai no es una consigna. Es una vida real destruida por un agente estatal. Sus hijos no discuten teorías jurídicas: viven todos los días con la ausencia de la mirada de su madre. Con la violencia incrustada en su historia familiar.

¿Qué significa, entonces, indultar al responsable?

Significa decirles que ese acto -que la justicia calificó como un crimen- puede ser reinterpretado políticamente como un “acto de servicio”.

Significa decirle al país que la ley no es igual para todos.

Pero el problema no se agota en el pasado. Se proyecta directamente hacia el futuro.

Porque si el mensaje del poder es que estos actos fueron “cumplimiento del deber”, entonces lo que se está construyendo es una doctrina: que en contextos de protesta social, las fuerzas del Estado tienen margen para vulnerar derechos fundamentales.

Se instala así una peligrosa lógica de autorización implícita.

Disparar puede ser justificable.
Mutilar puede ser comprensible.
Matar puede ser perdonable.

Y eso no es una exageración. Es exactamente lo que implica transformar a condenados por violaciones de derechos humanos en “defensores de la patria”.

Chile ya vivió ese relato.

Lo vivió cuando se justificaron ejecuciones, desapariciones y torturas bajo la idea de “salvar al país”. Lo vivió cuando la violencia estatal se convirtió en política de Estado. Y lo vivió, también, cuando esa violencia fue protegida por pactos de silencio e impunidad.

Hoy, cuando se abre la puerta a indultos, la pregunta es inevitable:

¿Dónde termina esta lógica?

Porque si se relativiza la gravedad de los crímenes del estallido social, si se les reinterpreta como actos de servicio, entonces la línea que separa estos casos de los crímenes de lesa humanidad comienza peligrosamente a diluirse.

¿Se indultará también a quienes acumulan condenas por tortura en dictadura?
¿A figuras como Krassnoff, condenado a más de mil años por secuestros, desapariciones y tormentos?

No es una provocación. Es la consecuencia lógica de un discurso que ya no distingue entre legalidad y violencia, sino entre “los nuestros” y “los otros”.

Porque en el fondo, lo que se está haciendo es institucionalizar la impunidad.

Y eso tiene efectos concretos.

Se criminaliza la protesta social.
Se legitima la represión.
Se debilita el Estado de Derecho.
Se instala el miedo como forma de control.

El mensaje es claro: si protestas, el Estado puede dañarte.
Y si te daña, puede que después se perdone a sí mismo.

Eso no es orden.
Eso no es justicia.
Eso no es democracia.

Es la normalización del abuso.

Fabiola Campillai no va a recuperar la vista.
Las víctimas del estallido no van a recuperar sus vidas.
Pero el país aún puede decidir si va a recuperar la memoria.

Porque cuando el poder empieza a justificar la violencia, lo que está en juego no es solo el pasado.

Es el tipo de país que estamos dispuestos a aceptar.

Y la historia -la nuestra- ya nos enseñó cómo termina eso.