
Por Miguel Ángel Yáñez Lagos, abogado de DD.HH y cofundador de Contrapoder Chile
Durante años, una parte importante de la derecha chilena —y también ciertos sectores que encontraron en ese espacio una vitrina— construyó su identidad política en torno a un formato: el del enfrentamiento permanente, la descalificación como argumento, la simplificación brutal de problemas complejos y, muchas veces, la instalación de afirmaciones derechamente falsas como si fueran verdades evidentes. Ese formato tuvo un nombre, un escenario y una estética: Sin Filtro.
No era simplemente un programa. Era una escuela.
Una escuela de formación política donde no se premiaba la rigurosidad, sino la capacidad de interrumpir; donde no importaba la evidencia, sino la convicción con que se decía cualquier cosa; donde el adversario no era alguien con quien debatir, sino alguien a quien aplastar. En ese espacio, diversas figuras comenzaron a consolidar un estilo que hoy, trasladado al poder, revela todas sus limitaciones.
Porque el problema nunca fue solo el tono. Fue el fondo.
Hablar fuerte no es pensar bien. Repetir consignas no es comprender la realidad. Ganar una discusión televisiva no tiene absolutamente nada que ver con gobernar un país. Y, sin embargo, muchos de quienes hoy ocupan cargos de poder parecen no haber hecho esa distinción básica.
Ahí está el caso de Mara Sedini, actual vocera de gobierno, cuya función principal debería ser precisamente la de comunicar con responsabilidad, claridad y apego irrestricto a la verdad. Sin embargo, su desempeño ha estado marcado por errores graves, cifras imprecisas, datos derechamente inventados o mal utilizados, lo que no solo debilita la credibilidad del gobierno, sino que erosiona un elemento esencial de cualquier democracia: la confianza pública. Porque una vocería no es un espacio de opinión ni de disputa, es un lugar de responsabilidad institucional. No se puede comunicar política pública como si se estuviera en un panel televisivo donde todo vale.
Algo similar ocurre con Iván Poduje, hoy a cargo del Ministerio de Vivienda, quien lejos de asumir la complejidad social de su cartera —una de las más sensibles del país— se ha visto envuelto en discusiones con personas en situación de vulnerabilidad, reaccionando más desde la lógica del enfrentamiento que desde la comprensión del rol que ocupa. Gobernar implica entender que el poder no es una tribuna para imponerse, sino una responsabilidad para resolver. Y resulta particularmente grave cuando esa desconexión se cruza con temas de memoria histórica, como la discusión sobre espacios marcados por violaciones a los derechos humanos, donde se requiere no solo conocimiento, sino también respeto, altura de miras y una comprensión profunda del dolor colectivo.
Y en el Congreso, la escena no mejora. Francisco Orrego, diputado de Renovación Nacional, parece haber trasladado intacto el formato de Sin Filtro al hemiciclo: gritos, interrupciones, frases vacías, intervenciones que muchas veces carecen de contenido sustantivo y que parecen más orientadas a generar impacto inmediato que a contribuir a la deliberación legislativa. Pero el Congreso no es un set. Es el espacio donde se construyen las leyes que rigen la vida del país. Y cuando ese espacio se degrada a una lógica de espectáculo, lo que se deteriora es la calidad misma de la democracia.
Todos estos casos, más allá de sus diferencias, confluyen en un mismo punto: una profunda incapacidad para comprender lo que significa ejercer el poder del Estado.
Porque el Estado no se gobierna con intuiciones ni con frases efectistas. Se gobierna con datos, con evidencia empírica, con conocimiento técnico, con comprensión jurídica, con responsabilidad política. No se pueden diseñar políticas públicas mintiendo, exagerando o simplificando la realidad hasta volverla irreconocible. No se puede dirigir un país como si se estuviera participando en un programa de televisión donde lo importante es ganar la discusión del momento.
Y, sin embargo, eso es exactamente lo que está ocurriendo.
Lo que estamos viendo es la prolongación de una lógica comunicacional en un espacio donde esa lógica no solo es insuficiente, sino peligrosamente inadecuada. Porque cuando quienes toman decisiones lo hacen desde diagnósticos errados, desde datos falsos o desde una comprensión superficial de los problemas, las políticas que emergen de ahí están condenadas al fracaso.
Y ese fracaso no es abstracto. Se traduce en viviendas que no se construyen, en políticas sociales mal diseñadas, en conflictos que se agravan en lugar de resolverse, en una ciudadanía que deja de confiar en sus instituciones.
Hay aquí, además, un problema más profundo, casi cultural. Una generación de actores políticos que confundió visibilidad con capacidad, agresividad con liderazgo, exposición mediática con preparación real para gobernar. Que creyó que el Estado era una extensión del set televisivo. Que pensó que bastaba con tener convicción para reemplazar el conocimiento.
Pero la realidad es implacable.
El poder del Estado exige algo completamente distinto. Exige preparación, exige rigor, exige responsabilidad, exige una relación honesta con la verdad. Exige saber dirigirse al pueblo no desde la superioridad ni desde el grito, sino desde el respeto, la comprensión y la capacidad de ofrecer soluciones reales.
Y eso es precisamente lo que hoy falta.
Porque todos estos nombres, con sus matices, comparten un rasgo común: no saben gobernar. No saben comunicar desde el Estado. No saben hablarle al país real, al Chile profundo que no está en los sets, que no aplaude frases, que no vive de polémicas, sino que necesita respuestas concretas a problemas urgentes.
Chile no necesita más espectáculo.
No necesita más gritos.
Necesita gobierno.
Y gobernar, a diferencia de lo que ocurre en Sin Filtro, exige algo mucho más difícil que hablar fuerte: exige hacerse cargo de la verdad y de la realidad.