Tras decreto de Quiroz: Los recortes presupuestarios ya están afectando a la Atención Primaria de Puente Alto

Por Ana María Gazmuri, diputada del Distrito 12

La vida y el bienestar de quienes habitamos nuestro país está en riesgo como nunca antes, y quienes callan serán cómplices del desmantelamiento de lo que llegó a ser orgullo nacional: nuestra salud pública. 

La salud pública en Chile fue, durante décadas, una de las mayores conquistas sociales del país y un referente latinoamericano de medicina pública, preventiva y solidaria, consolidada con la creación del Servicio Nacional de Salud en 1952. Gracias a un Estado activo, Chile logró reducir drásticamente la mortalidad infantil, ampliar la cobertura sanitaria y entender la salud como un derecho y no como un privilegio.

Ese modelo fue profundamente dañado por la dictadura de 1973, que impulsó privatizaciones, fragmentó el sistema y transformó la salud en un espacio de desigualdad entre quienes podían pagar y quienes dependían del sistema público. Desde el retorno a la democracia ha habido avances importantes para reconstruir y fortalecer la red pública, aunque, lo sabemos, las brechas nunca fueron completamente superadas.

Hoy, las feroces políticas de recorte y ajuste, promovidas por el gobierno de José Antonio Kast, parecen ser el mecanismo de compensación por la pérdida de recaudación que provocarán los beneficios tributarios a los más ricos de Chile. Este diseño, profundamente ideológico, del actual gobierno de ultraderecha amenaza con retrocesos que, sin duda, provocarán un importante deterioro de hospitales y consultorios, debilitando derechos sociales conquistados durante décadas y favoreciendo una visión donde la salud vuelve a depender más de la capacidad de del bolsillo que de la dignidad de las personas. Y esto no es una exageración retórica: la evidencia internacional ya mostró en países como Grecia que políticas severas de austeridad y recortes sanitarios terminaron asociándose a un aumento de la mortalidad evitable y al deterioro de indicadores críticos de salud pública, especialmente entre los sectores más vulnerables.

El siniestro Decreto 333, firmado en abril por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ordenó un recorte de 413.193 millones de pesos chilenos al Ministerio de Salud.  Se trata del 2,4 por ciento del financiamiento que establece para la cartera la Ley de Presupuesto para este 2026.

Pero detrás de esa cifra hay consecuencias concretas para millones de personas: con ese dinero se podrían haber financiado más de 80 mil cirugías de mediana complejidad, reforzar hospitales y urgencias hoy colapsadas, contratar cientos de trabajadores de la salud, mantener camas y pabellones operativos, y fortalecer la atención primaria en consultorios y CESFAM que atienden diariamente a millones de personas. Cuando se recorta la salud pública no se recortan solo números: se recortan diagnósticos oportunos, tratamientos, atención médica y posibilidades reales de vivir.

La subsecretaría de Redes Asistenciales sería la más impactada, siendo la institución encargada de articular, regular y supervisar la red pública de salud del país, integrada por 29 Servicios de Salud, hospitales y la Atención Primaria. Otra de las situaciones que ha despertado la alarma pública es la del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), al que se le recortaría 259.513 millones de pesos, lo que equivale al 1,7% de su presupuesto para la atención médica a nivel nacional.

En Puente Alto, la comuna más poblada de Chile, parte del distrito 12 al cual represento, el Ministerio de Salud mantiene una deuda de más de $3.100 millones con la Atención Primaria. Esa deuda no son números en una planilla: son medicamentos que faltan, insumos que no llegan, programas alimentarios para niños y niñas que se interrumpen, adultos mayores que esperan una atención que nunca llega y un laboratorio comunal que ve amenazada su continuidad. Y ahora, además, serán recortados $1.385 millones destinados a la Atención Primaria de Salud del Servicio de Salud Sur Oriente. ¿Cómo se explica que en una red que ya enfrenta sobrecarga, falta de infraestructura y déficit de personal, se decida quitar aún más recursos?  Menos atenciones de salud mental, odontología, prevención del suicidio, cuidados comunitarios, programas para adultos mayores.

A nuestra preocupación se suma la alerta transversal levantada por alcaldes y alcaldesas de distintos sectores políticos, quienes han advertido que estos recortes amenazan, directamente, la capacidad de respuesta de la salud pública en los territorios. Sus voces deben ser escuchadas porque son quienes están en contacto diario con las comunidades, por lo que saben que seguir debilitando áreas tan sensibles como la salud no solo tensiona financieramente a los municipios, sino que también deteriora la calidad de vida de millones de personas que dependen exclusivamente del sistema público para atenderse.

Como diputación, estamos permanentemente en terreno. Estuvimos con la directiva del Hospital Sótero del Río, que atiende a miles de pacientes del sector suroriente de Santiago y es el principal hospital de referencia en Chile. Estuvimos, también, en el CES Dr. Alejandro del Río junto a la directora de Salud Municipal de Puente Alto, con los equipos de los CESFAM de la comuna y sus Consejos de Usuarios. Y sentimos la misma angustia, la misma preocupación urgente: los recortes presupuestarios ya están golpeando la Atención Primaria.

¡Y se recortarán $7.700 millones al Servicio de Salud Sur Oriente! El Hospital Padre Hurtado y el Hospital La Florida Dra. Eloísa Díaz están en peligro, así como nuestro Sótero del Río que cuenta con recursos solo hasta julio, ¿Qué ocurrirá en agosto? ¿Qué le diremos a las miles de familias que esperan una operación, un tratamiento, una consulta? No existe equilibrio fiscal que justifique sepultar nuestra salud pública, no hay ideología que pueda estar sobre el derecho a la vida de nuestros vecinos y vecinas. Los recortes no afectan “gastos”: afectan la dignidad de quienes esperan una atención, la esperanza de quienes confían en el sistema público y los recortes afectan el futuro de nuestras niñas, niños y adolescentes.

Estamos enfrentando un gobierno que quiere instalar, sin ningún diálogo, una lógica profundamente deshumanizadora, donde la vida cotidiana de millones de personas queda subordinada a una mirada ideológica que entiende los derechos sociales como un gasto y no como una obligación básica del Estado. Y si logran su objetivo, nuestro país normalizará que atenderse a tiempo sea un privilegio y no una garantía, lo que traerá consigo romper el pacto mínimo de cuidado que una sociedad tiene consigo misma.

Esto no es lo que Chile necesita. Nuestra querida patria necesita un Estado que cuide, que proteja y que esté presente cuando las personas más lo necesitan. Porque una sociedad verdaderamente desarrollada no se mide por cuánto recorta, sino por la dignidad con la que es capaz de abrazar la vida de su gente.