La reforma que fortalece a unos pocos y debilita a Chile

Por Ana María Gazmuri, diputada Distrito 12

Toda reforma económica debe responder una pregunta sencilla: ¿mejorará la vida de las personas? Lamentablemente, este proyecto no supera esa prueba. Detrás de conceptos como “crecimiento”, “reactivación” o “modernización”, se esconde una decisión política que profundiza un modelo donde el Estado pierde capacidad de proteger a la ciudadanía, mientras los grandes grupos económicos ganan nuevas garantías y privilegios.

Nos dicen que, si se alivian las cargas al gran capital, la prosperidad llegará por añadidura al resto del país. Es una promesa conocida, repetida durante décadas y cuyos resultados están a la vista: crecimiento que no siempre se traduce en mejores salarios, mayor bienestar o una vida más digna para las familias trabajadoras. El problema no es el crecimiento; el problema es crecer sin distribuir, sin fortalecer los servicios públicos y sin reducir las brechas que siguen marcando la realidad de millones de chilenas y chilenos.

Las leyes no se evalúan en los discursos ni en las cifras macroeconómicas. Se evalúan en la mesa de cada hogar. Cuando una familia debe elegir entre pagar la cuenta de la luz o llenar el refrigerador, poco importa que le prometan beneficios futuros derivados de una mayor inversión. La paciencia no paga el arriendo, no financia los medicamentos ni alcanza para enfrentar el alza del costo de la vida.

Este proyecto, además, consolida una lógica preocupante: entrega estabilidad y certezas por décadas a los grandes inversionistas, mientras las familias enfrentan empleos precarios, incertidumbre económica y servicios públicos con menos recursos. Debilitar al Estado no es una discusión técnica; significa menos capacidad para financiar hospitales, escuelas, políticas de cuidados, vivienda y seguridad social. En definitiva, significa reducir la red de protección de quienes más la necesitan.

Chile necesita inversión, crecimiento y desarrollo, pero también necesita cohesión social, justicia tributaria y un Estado capaz de garantizar derechos. No existe contradicción entre desarrollo económico y protección social; por el contrario, las sociedades más prósperas son aquellas que entienden que ambos objetivos se fortalecen mutuamente.

El verdadero desafío no es seguir trasladando beneficios hacia quienes más tienen con la esperanza de que algún día lleguen al resto. El desafío es construir un crecimiento que genere empleo de calidad, salarios dignos y oportunidades reales para todas y todos. Porque una economía que funciona solo para algunos puede mejorar los balances financieros, pero difícilmente podrá construir un país más justo, más seguro y con mayor bienestar para la mayoría.