
La parlamentaria advierte que la región, con embalses en niveles críticos tras más de quince años de megasequía, no está preparada para un evento de esta magnitud y pide al Ejecutivo activar de inmediato protocolos de emergencia, recursos extraordinarios y apoyo logístico.
La diputada Carolina Tello Rojas ingresó una Solicitud de Acuerdo a la Cámara de Diputadas y Diputados para manifestar formalmente al Presidente de la República su preocupación por la falta de medidas preventivas suficientes y oportunas frente al sistema frontal de alta intensidad que afectará a la Región de Coquimbo entre el jueves 16 y el lunes 20 de julio.
Según los pronósticos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y el Centro Científico de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), el sistema estará apoyado por un río atmosférico de categoría intensa, con acumulados proyectados de entre 140 y 150 milímetros en la conurbación La Serena-Coquimbo, y hasta 250 a 300 milímetros en sectores interiores, junto con vientos de hasta 70 kilómetros por hora y nevadas en la cordillera.
“Coquimbo lleva más de quince años en megasequía y hoy nos enfrentamos a la paradoja de recibir la lluvia que no cayó en años. Esa es una oportunidad para nuestros embalses, pero también un riesgo enorme si no actuamos a tiempo. No podemos permitir que la falta de preparación convierta una oportunidad hídrica en una tragedia humana”, señaló la diputada Tello en conversación con Contrapoder Chile.
El documento presentado por la parlamentaria detalla que embalses como La Paloma, en el Valle del Limarí, se encuentran al 1% de su capacidad, y el Cogotí al 2%, mientras siete embalses de la región mantienen volúmenes menores al 20%. En ese contexto, Tello advierte que cualquier falla en la operación de esta infraestructura durante el evento podría significar la pérdida de miles de hectómetros cúbicos de agua que tardarían años en recuperarse.
La Solicitud de Acuerdo también pone el foco en el riesgo urbano y de infraestructura: sectores como el Parque O’Higgins y Baquedano en Coquimbo, el Terminal de Buses, el entorno del Faro Monumental y zonas de La Serena presentan vulnerabilidad a anegamientos, mientras que las cuencas del Elqui, Limarí y Choapa enfrentan riesgo de deslizamientos y cortes de camino.
Por ello, la diputada exige que el Gobierno Central active de inmediato protocolos de emergencia, coordinación interinstitucional expedita y recursos financieros libres de restricción presupuestaria para los municipios y la Dirección Nacional de Emergencias, además de apoyo logístico de las Fuerzas Armadas y servicios de seguridad.
Junto a la Solicitud de Acuerdo, la diputada Tello envió dos oficios de fiscalización para exigir información concreta a las autoridades competentes. El primero, dirigido al ministro de Obras Públicas y al ministro de Economía, Fomento y Turismo, solicita informar el estado de conectividad de las 34 caletas rurales y urbanas de la región -entre ellas El Sauce, Puerto Oscuro y El Apolillado-, los riesgos de aislamiento que enfrentan y las medidas de coordinación adoptadas para resguardar el acceso de pescadores y pescadoras artesanales.
El segundo oficio, enviado al ministro de Obras Públicas, pide precisar la existencia de un plan regional de contingencia para los sectores rurales y aislados de la región, identificar las comunas y caminos con mayor riesgo de corte, e informar sobre la disponibilidad de maquinaria, cuadrillas de emergencia y coordinación con SENAPRED, municipios y empresas de servicios básicos para garantizar el acceso de ambulancias, Bomberos y Carabineros a las localidades que puedan quedar aisladas.
“La Región de Coquimbo no ha vivido un evento de esta magnitud en décadas y no tiene la experiencia acumulada de otras zonas del país. Este no es momento para improvisar: el Gobierno debe desplegar todos los recursos disponibles, ahora”, enfatizó la parlamentaria.
La solicitud fue presentada de conformidad con el artículo 52 N° 1, letra a), de la Constitución Política de la República, y el artículo 114 del Reglamento de la Corporación; los oficios se enviaron en ejercicio de la facultad fiscalizadora que confiere el artículo 9 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.