ODC lleva al alcalde Sebastián Sichel al Tribunal Constitucional por juicio con Contrapoder Chile

Hay momentos en que un proceso judicial deja de ser un conflicto entre dos personas y pasa a representar una discusión sobre la calidad de la democracia. Eso ocurre hoy con la causa que enfrenta a ContraPoder, cuyos directivos han recurrido al Tribunal Constitucional para impugnar la aplicación de normas penales sobre injurias en un juicio originado por publicaciones periodísticas -siendo patrocinados por los abogados del Observatorio del Derecho a la Comunicación.

Todo lo anterior, luego que el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, interpusiera una querella criminal en contra de los fundadores del medio Josefa Barraza y Miguel Ángel Yáñez, por el delito de injurias graves, tras la publicación de un reportaje que involucraba su gestión comunal.

La pregunta de fondo no es si alguien puede sentirse afectado por una investigación. Tampoco si el honor merece protección jurídica, porque la merece. La verdadera interrogante es otra: ¿puede el Derecho Penal transformarse en una herramienta para inhibir el periodismo que fiscaliza al poder?

La libertad de expresión no existe para proteger los discursos cómodos. Existe precisamente para resguardar aquellos que incomodan, que investigan, que revelan hechos que algunos preferirían mantener ocultos. Cuando un periodista publica antecedentes de evidente interés público, la respuesta natural en una democracia debe ser el debate, la rectificación cuando corresponda o las acciones civiles pertinentes, no la amenaza de una condena penal.

La historia demuestra que las democracias retroceden cuando los periodistas comienzan a preguntarse si vale la pena investigar. El efecto más peligroso no es una eventual condena, sino la autocensura. Cuando el miedo reemplaza al deber de informar, pierde toda la ciudadanía.

ContraPoder nació con una convicción sencilla: el poder debe ser fiscalizado, sin importar su color político, su influencia económica o su capacidad para presionar. Nuestro financiamiento proviene exclusivamente de nuestros suscriptores y lectores. No respondemos a gobiernos, empresas, partidos políticos ni grupos de interés. Esa independencia tiene un costo, pero también constituye nuestra mayor fortaleza.

Quienes ejercen funciones públicas o participan activamente en asuntos de interés general deben comprender que el escrutinio forma parte de la democracia. La crítica, la investigación y la publicación de antecedentes relevantes no constituyen un ataque a las instituciones; por el contrario, contribuyen a fortalecerlas mediante la transparencia y la rendición de cuentas.

El Tribunal Constitucional tendrá ahora la oportunidad de pronunciarse sobre una cuestión que excede con mucho este caso particular. Lo que está en juego no es solamente el destino judicial de un medio de comunicación. También está en discusión el estándar de protección que Chile otorgará al periodismo de investigación en los próximos años.

ContraPoder seguirá haciendo exactamente aquello para lo que fue creado: investigar, denunciar y fiscalizar al poder con rigor, responsabilidad y apego a los hechos. Porque una prensa libre no es un privilegio de los periodistas. Es un derecho de todos los ciudadanos.

Defender la libertad de informar no significa defender a un medio en particular. Significa defender el derecho de toda la sociedad a conocer aquello que algunos preferirían mantener en silencio.