
El Equipo de Investigación de Contrapoder Chile a través de una exhaustiva revisión, logró corroborar que dos empresas que compiten por contratos públicos por cámaras corporales y pistolas Taser, mantienen vínculos societarios a través de una firma creada para participar en licitaciones, siendo una de ellas, Smart Partners, la que se adjudicó una licitación en Las Condes por casi $2 mil millones, pese a que otra oferta era $373 millones más barata. Además, el representante de la empresa declaró no mantener vínculos con compañías de su mismo sector, pese a que constituyó una sociedad con quien aparece como su competidor: Sociedad Comercial Millennium.
Era el 27 de agosto de 2025, y a través de diversos medios de comunicación se informaba que el Gobierno de Gabriel Boric autorizaba a Carabineros a comprar los Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Temporal (D.E.I.T.), conocidos como pistolas Taser, esto luego de que Chile fuese uno de los pocos países de Sudamérica donde este tipo de armas no letales no estaban autorizadas para procedimientos policiales.
Sin embargo, registros públicos que fueron revisados por el Equipo de Investigación de Contrapoder Chile, revelan más de 370 audiencias de lobby, licitaciones adjudicadas a la oferta más cara y dos empresas vinculadas compitiendo, solas, en un mismo concurso, y que tendría como protagonista a Francisco Nibaldo del Campo, quien participaría en los espacios donde se discute qué tecnología necesita la seguridad pública chilena y, al mismo tiempo, vende en exclusiva la que termina pidiéndose: cámaras corporales y pistolas Taser de la estadounidense Axon.
Del Campo no es solo un vendedor. Es, secretario ejecutivo de la Mesa de Seguridad Pública de la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio (AmCham), un espacio donde empresarios y autoridades discuten política de seguridad. Desde allí y tras decenas de reuniones con autoridades, participa en la conversación sobre qué necesita el Estado, para luego presuntamente vender lo que se necesita.
Esta historia inicia en el año 2019, cuando Tecnologías Sociales Ltda. y Sociedad Comercial Millennium Ltda. constituyeron conjuntamente Sistemas Policiales SpA, la que según su escritura -publicada el 28 de junio de 2019-, tenía como objetivo la representación de marcas nacionales y extranjeras, y la participación en licitaciones ante organismos públicos, incluyendo Carabineros, Policía de Investigaciones, Gendarmería, Fuerzas Armadas, municipalidades y gobiernos regionales.
Lo anterior, a pesar de que ambas empresas participan del mercado de equipamiento policial y de dispositivos electrónicos de inmovilización. Por un lado está Tecnologías Sociales, conocida comercialmente como Smart Partners, encargada de comercializar en Chile tecnología de Axon, compañía estadounidense fabricante de las conocidas pistolas Taser, además de cámaras corporales y plataformas digitales asociadas a seguridad pública (liderada por Francisco Del Campo); mientras que la Sociedad Comercial Millennium ha comenzado a promocionar en Chile el HUSHA TX200P, un dispositivo electrónico de inmovilización temporal que opera mediante pulsaciones eléctricas y que compite en el mismo segmento tecnológico.
Respecto a lo anterior, es necesario aclarar que HUSHA es una empresa china especializada en equipamiento policial. Su propia información corporativa señala que posee su sede en Shenzhen y una fábrica en Dongguan, provincia de Guangdong, China.
Incluso, Tecnologías Sociales y Comercial Millennium fueron los dos oferentes en una licitación realizada por Gendarmería durante el 2025 para la adquisición de 20 armas electrónicas de inmovilización. Pero, las dos ofertas fueron finalmente rechazadas y el proceso fue declarado desierto el 30 de mayo de 2025, por lo que Comercial Millennium demandó a Gendarmería ante el Tribunal de Contratación Pública alegando que las bases estaban hechas a la medida del TASER 10 de Axon, el producto de Tecnologías Sociales.
En Las Condes, el patrón de una supuesta “competencia” volvió a repetirse. El 20 de diciembre de 2024, diez meses antes de que la municipalidad publicara la licitación, Smart Partners presentó a funcionarios municipales “el sistema de Cámaras Corporales Axon AB4” y su plataforma de evidencia digital. En junio de 2025, Francisco del Campo pidió una reunión con la alcaldesa Catalina San Martín, acompañado de dos ejecutivos de Axon llegados desde Estados Unidos e Italia. En octubre se publicaron las bases de esta licitación avaluada en $1.996.677.003; en enero, Smart Partners era la única oferta admisible.
Ante esto y al percatarse de los ocurrido, Motorola, una de las empresas excluidas, demandó ante el Tribunal de Contratación Pública. El tribunal rechazó suspender el proceso y la causa está en etapa de prueba, de modo que el contrato sigue su curso mientras se discute su legalidad. Lo anterior, ya que, la oferta de Motorola era de $1.623.602.394, evidenciándose que la propuesta adjudicada es un 23% más cara -$373 millones de diferencia-.
No obstante, durante este proceso licitatorio, Tecnologías Sociales (Smart Partners) presentó una Declaración Jurada de Independencia de la Oferta, en la que declaró no formar parte de un grupo empresarial ni encontrarse relacionada con otras personas en los términos exigidos por las bases; es decir, Tecnologías Sociales no informó que constituyó previamente Sistemas Policiales SpA junto a Comercial Millennium, su competidor.
Es más, en dicha declaración a la que tuvo acceso Contrapoder Chile, Tecnologías Sociales (Smart Partners) jura no tener relación ni con personas ni grupos empresariales de la misma línea de servicio o sector, lo que se contradice con la participación de Smart Partners en la sociedad Sistemas Policiales SpA.

Mientras Tecnologías Sociales postulaba a la licitación de la Municipalidad de Las Condes, Comercial Millennium presentó formalmente un dispositivo Taser ante la Municipalidad de Vitacura. Según el registro público de audiencias, la empresa describió el TX200P como un dispositivo capaz de utilizar dos cartuchos y operar, entre otras modalidades, con “cartuchos de pulsaciones eléctricas (tipo Taser)”.
Recordemos que, según la Ley 21.634 para mejorar la calidad del gasto público y aumentar los estándares de probidad, exige que en una licitación pública los oferentes tienen la obligación de informar sobre su participación en otras sociedades .
Por otra parte, la Ley de Compras Públicas N°19.886 regula de forma estricta la competencia justa, es decir, el sistema exige transparentar los vínculos comerciales de los oferentes, puesto que, está prohibido que empresas relacionadas entre sí (es decir, que pertenezcan al mismo holding, compartan los mismos socios controladores o tengan una participación directa de propiedad mutua) presenten ofertas simultáneas para el mismo bien o servicio en una misma licitación -tal como ocurrió en el licitación de Gendarmería, explicada en párrafos anteriores-.
Finalmente, Contrapoder Chile solicitó a la Municipalidad de Las Condes su versión sobre lo expuesto en este artículo, quienes expresaron que no se pronunciarán al “respecto, porque el caso está en Tribunales”.