
Por Fernando Leal Aravena, abogado, litigante de Convencionalidad
El destacado académico constitucionalista Javier Couso ha sostenido, a propósito de la acusación constitucional presentada por parlamentarios de oposición contra el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, fernando rabat* (está escrito a propósito así), una postura que, a mi juicio, no se condice con lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Esa Corte ha entendido que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) opera como Lex Specialis (Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia, y la jurisprudencia que lo complementa).
Para los Estados parte, como Chile, el estándar vinculante es el de la CADH y el de la jurisprudencia de la Corte IDH, y no el del Convenio Europeo de Derechos Humanos ni el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Y, hasta donde conozco, no existe un solo fallo del TEDH que contradiga, para nuestra región, lo que la Corte IDH ha establecido: que los condenados por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, y los agentes del Estado condenados por graves violaciones a los derechos humanos, no han estado en posición de optar a reducciones de condena en las hipótesis cubiertas por los decretos del Ministerio de Justicia que hoy se cuestionan.
Lo que dicen (y lo que no dicen) los fallos del TEDH
En mi lectura, la jurisprudencia europea no respalda lo que plantea el profesor Couso. El TEDH no sostiene, como regla general, que la mera expectativa de una rebaja de condena forme parte de la pena impuesta. Es decir, no afirma que toda expectativa de beneficio penitenciario integre la condena.
El TEDH ha abordado este tema principalmente desde el derecho a la revisión de las penas perpetuas (artículo 3 del Convenio Europeo) y desde la legalidad y la previsibilidad en la ejecución de esas penas. Pero lo ha hecho en el contexto general de los delitos comunes, y no en el de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, ni en el de los delitos sexuales contra la infancia. Respecto de estos últimos existe, a mi juicio, un imperativo internacional (de carácter ius cogens) de sanción eficaz del responsable como forma de reparación, y de cumplimiento pleno de la condena en los términos en que fue decretada, conforme al interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Tampoco examina el TEDH la compatibilidad de las reducciones de condena con los delitos de sangre particularmente violentos (recordemos que también delitos patrimoniales, tributarios o grandes estafas masivas, con reiteración, calificantes o agravantes, pueden derivar en penas perpetuas). En el ámbito interamericano, omitir ese análisis podría cuestionarse a la luz del deber de exhaustividad desarrollado por la Corte IDH (Caso Lagos del Campo vs. Perú, y la jurisprudencia que lo complementa).
Así, respecto de las penas perpetuas y el llamado “derecho a la esperanza”, el TEDH ha señalado que una cadena perpetua debe ser reducible de iure y de facto, y que el condenado tiene derecho a saber, desde el inicio de la condena, qué debe hacer para optar a una eventual liberación y cuándo puede revisarse su caso (Vinter y otros vs. Reino Unido). En Trabelsi vs. Bélgica, el foco estuvo en la ausencia de un mecanismo de revisión de la pena en Estados Unidos, país al que fue extraditado el requerido, y no en la ilicitud de negar una reducción de condena.
Lo que el TEDH protege, entonces, es la posibilidad real de revisión, no una rebaja automática ni una expectativa genérica de beneficio (la revisión puede responder, por ejemplo, a circunstancias sobrevinientes e imprevisibles, e incluso a un eventual indulto humanitario, sujeto a requisitos muy estrictos). Y una revisión puede, perfectamente y conforme a derecho, concluir con la denegación del beneficio. Eso es todo lo que abarca esta jurisprudencia, y está lejos, en mi opinión, de lo que postula el profesor Couso.
La “doctrina Parot”: una excepción que no aplica
Por regla general, el TEDH distingue entre la pena impuesta y sus modalidades de ejecución (como la libertad condicional o los permisos de salida), de modo que los cambios en las reglas de ejecución suelen poder aplicarse a condenas ya dictadas sin vulnerar el principio de legalidad del artículo 7 del Convenio Europeo.
La excepción es el caso Del Río Prada vs. España (2013), conocido como la “doctrina Parot”. Allí el TEDH examinó cambios retroactivos en el cómputo de redenciones de pena que prolongaron de manera imprevisible el tiempo efectivo de prisión. El tribunal aclaró que, si un mecanismo de redención estaba vigente al cometerse el delito y formaba parte del cálculo real de cumplimiento, un cambio posterior e imprevisible que alarga el tiempo en prisión redefine el alcance de la pena misma. Solo en esos casos la expectativa de reducción queda protegida como parte de la pena.
Pero en ese caso no existía, como sí existe para Chile, una jurisprudencia previa de un tribunal internacional competente que excluya de estos beneficios a los condenados por delitos sexuales contra la infancia y por graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. Las hipótesis europeas citadas son, por tanto, sustancialmente distintas de las que plantean los decretos del Ministerio de Justicia, donde el régimen jurídico aplicable, fijado por la Corte IDH, es el opuesto. A ello se suma que, en su función consultiva, el sistema interamericano ha excluido de la reducción de condenas a los delitos de sangre particularmente violentos.
Tampoco se menciona que, en el derecho europeo, las reglas de ejecución penitenciaria y de beneficios se distinguen de la determinación inicial de la pena, salvo cuando un cambio imprevisible altera sustancialmente el tiempo de privación de libertad, o vulnera la prohibición de retroactividad del tipo penal o de la pena asignada.
La jurisprudencia interamericana ausente
Llama la atención que el análisis del profesor Couso cite al TEDH y no a la Corte IDH, cuyos fallos, a mi juicio, han excluido desde siempre de las reducciones de condena a los condenados por delitos sexuales contra la infancia y por graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. El profesor jorge correa sutil, según entiendo, reconoce esa jurisprudencia, aunque relativiza el deber de cumplir íntegramente los tratados y fallos internacionales, postura de la que discrepo, como expuse en mi respuesta a su planteamiento.
Por eso, el problema en Chile nunca ha sido la aplicación retroactiva de la ley. Desde antes de 2022, estos condenados no estaban en condiciones de optar a reducciones de condena. La ley chilena de 2022 solo recogió una obligación internacional derivada del artículo 2 de la CADH, aunque, en mi opinión, de forma incompleta, al no incluir los femicidios ni la perspectiva de género, el crimen organizado vinculado al narcotráfico, ni los delitos de sangre particularmente violentos.
Una cuestión de coherencia
El profesor Couso reconoce que las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar constituyen crímenes de lesa humanidad. La violencia sexual contra la infancia no es menos grave, como quedó de manifiesto en el debate público que siguió a la muerte de la niña Lissette Villa en un centro del Sename en 2016, que impulsó, entre otros, el entonces diputado René Saffirio. Y no puede olvidarse que la dictadura afectó al menos a 190 niñas, niños y adolescentes, que fueron secuestrados, torturados, ejecutados o hechos desaparecer, ni a los recién nacidos y niños objeto de adopciones ilegales forzadas, a quienes se ocultó su identidad biológica.
Si, además, el profesor Couso advierte que esta situación podría multiplicar las acusaciones constitucionales, ello supone reconocer, implícitamente, que los fallos interamericanos deben ser acatados. Su incumplimiento no puede justificarse por la carga de trabajo que significaría para el Congreso tramitar acusaciones contra ministros de Estado. A mi juicio, centrar el análisis en la jurisprudencia europea desplaza la discusión del lugar donde debe estar: las sentencias de la Corte IDH.
Otros, sí han previsto que en las sesiones de la comisión revisora comparecerán organizaciones de sobrevivientes de abuso sexual infantil (en el ámbito civil y eclesiástico) y de víctimas de la dictadura, con abogados especializados en control de convencionalidad. Y así ocurrirá.
Conclusión
La discusión sobre los enfoques del TEDH respecto de las reducciones de condena resulta, en definitiva, accesoria. Lo que rige jurídicamente para Chile, con preeminencia (la vocería del Pleno de la Corte Suprema se ha referido públicamente al rango supraconstitucional de la CADH, la última vez a través de su actual presidenta), son la CADH y las sentencias de la Corte IDH. Y conforme a ellas, en las hipótesis de los decretos del Ministerio de Justicia, los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes nunca han podido ser objeto de reducciones de condena, como tampoco las demás graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar.
*Los nombres con minúsculas son con propósito.