6.200 millones de dólares ocultos: ¿Por qué el Presidente no informó el aumento del endeudamiento en la Cuenta Pública?

La primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast buscó proyectar una imagen de orden, responsabilidad fiscal y eficiencia en la administración del Estado. Durante años, él y su sector político construyeron un discurso basado en una idea simple: el problema de Chile era el exceso de gasto público, el crecimiento del aparato estatal y la supuesta irresponsabilidad fiscal de los gobiernos anteriores. La promesa era clara: reducir el tamaño del Estado, disminuir impuestos, eliminar gastos innecesarios, combatir la burocracia y recuperar el equilibrio de las finanzas públicas.

Sin embargo, apenas concluida la Cuenta Pública, el país conoció un dato que el Presidente omitió mencionar en el principal acto de rendición de cuentas de la República: el Gobierno solicitó autorización para aumentar el endeudamiento fiscal en 6.200 millones de dólares adicionales durante el año 2026.

La pregunta es inevitable: ¿por qué el Presidente decidió no informar este hecho durante la Cuenta Pública?

No se trata de un detalle administrativo ni de una cifra marginal. Se trata de una decisión que compromete las finanzas públicas del país, afecta a las futuras generaciones y constituye uno de los antecedentes económicos más relevantes del año. Si el Gobierno considera indispensable aumentar la deuda pública, tiene la obligación política y moral de explicarlo de cara a la ciudadanía. Si estima que las condiciones económicas obligan a recurrir al endeudamiento, debe transparentar las razones y asumir el costo político de esa decisión.

Lo que resulta inaceptable es que una medida de semejante magnitud haya permanecido fuera del discurso presidencial, precisamente en la instancia constitucional destinada a informar al país sobre el estado de la Nación.

La Cuenta Pública no es un acto de propaganda gubernamental. No es una ceremonia destinada a construir relatos comunicacionales ni a destacar únicamente aquello que resulta conveniente para la imagen del gobierno de turno. La Cuenta Pública es una obligación republicana. Su finalidad es informar con transparencia a la ciudadanía acerca de la situación real del país, los desafíos existentes y las decisiones que comprometen el interés nacional.

La omisión de información relevante debilita ese propósito y genera una legítima sospecha respecto de la voluntad de transparentar el verdadero estado de las finanzas públicas.

Más grave aún es la evidente contradicción entre el discurso sostenido durante años por José Antonio Kast y las decisiones adoptadas una vez llegado al poder.

Durante la campaña presidencial se prometió disciplina fiscal, reducción del gasto público y eliminación de supuestos privilegios estatales. Se aseguró que existían enormes espacios de ahorro que permitirían mejorar la situación financiera del Estado sin afectar derechos sociales ni recurrir a mayores niveles de endeudamiento. Se prometió que era posible mantener servicios públicos eficientes mientras se reducían impuestos y se impulsaba el crecimiento económico.

Hoy la realidad parece muy distinta.

El propio Gobierno reconoce menores ingresos fiscales, dificultades presupuestarias y la necesidad de recurrir a nueva deuda para financiar sus obligaciones. En otras palabras, el mismo Estado que supuestamente iba a ser saneado mediante eficiencia y ahorro termina necesitando miles de millones de dólares adicionales para sostener su funcionamiento.

La contradicción resulta evidente.

No existe nada reprochable en que un gobierno, enfrentado a circunstancias económicas complejas, solicite autorización para endeudarse. Todos los países del mundo recurren al crédito público cuando las circunstancias lo requieren. Lo cuestionable es construir durante años una narrativa política basada en la condena del endeudamiento y terminar aplicando exactamente aquello que se criticó con tanta dureza.

La situación adquiere una dimensión aún más preocupante cuando el aumento de la deuda se produce paralelamente a políticas orientadas a disminuir la carga tributaria de grandes grupos económicos y sectores de altos ingresos.

La pregunta entonces cambia de naturaleza.

Ya no se trata solamente de cuánto se endeuda el Estado.

La verdadera pregunta es quién terminará pagando esa deuda.

Cuando disminuyen los ingresos fiscales por decisión política y simultáneamente aumenta el endeudamiento público, el costo inevitablemente se traslada al conjunto de la sociedad. Son los trabajadores, las clases medias, los estudiantes, los jubilados y las futuras generaciones quienes finalmente soportan las consecuencias de un Estado con menos capacidad financiera.

La deuda pública no desaparece por arte de magia.

Se transforma en pagos futuros, restricciones presupuestarias, menor inversión pública y limitaciones para enfrentar nuevas crisis económicas o sociales.

Cada dólar que el Estado pide prestado hoy deberá ser pagado mañana.

Y cuando los recursos comienzan a escasear, las primeras víctimas suelen ser precisamente aquellos sectores que más dependen de la acción estatal: la salud pública, la educación, la vivienda, la seguridad social, las policías, la infraestructura y los programas destinados a proteger a las familias más vulnerables.

Resulta particularmente contradictorio escuchar promesas de fortalecimiento de la seguridad pública mientras se reducen los márgenes financieros del Estado. Es imposible exigir más policías, más equipamiento, más tecnología y más presencia territorial cuando simultáneamente se disminuyen los ingresos fiscales y se incrementa la dependencia de la deuda.

Lo mismo ocurre con la salud y la educación.

Los hospitales no se construyen con discursos.

Las escuelas no funcionan con consignas.

Las listas de espera no disminuyen mediante slogans de campaña.

Todo ello requiere recursos públicos permanentes, planificación seria y una política fiscal coherente.

Por eso la discusión sobre el endeudamiento no es simplemente una cuestión técnica reservada a economistas o especialistas en finanzas públicas.

Es una discusión profundamente política y democrática.

Tiene relación con el tipo de Estado que queremos construir, con las prioridades nacionales y con la honestidad de quienes ejercen el poder.

La probidad administrativa no consiste únicamente en evitar actos de corrupción o enriquecimiento ilícito. También implica actuar con transparencia, informar oportunamente a la ciudadanía y rendir cuentas de manera completa y veraz respecto de las decisiones que afectan al interés público.

La confianza ciudadana en las instituciones democráticas se erosiona cuando los gobiernos dicen una cosa durante las campañas y hacen otra una vez instalados en el poder.

Se prometió combatir la crisis fiscal sin aumentar la deuda.

Se prometió reducir el gasto sin afectar derechos sociales.

Se prometió crecimiento acelerado.

Se prometió fortalecer la seguridad.

Se prometió que existirían recursos suficientes para cumplir los compromisos adquiridos.

Sin embargo, los hechos parecen demostrar que muchas de esas promesas chocaron con la realidad.

Y cuando la realidad contradice el relato, la obligación de un gobernante no es ocultarla, sino explicarla.

Precisamente por ello resulta legítimo preguntarse si la omisión de un antecedente tan relevante en la Cuenta Pública es compatible con el deber de transparencia que exige una democracia moderna.

Desde luego, determinar si existe alguna responsabilidad constitucional corresponde a las instituciones competentes y exige un análisis jurídico riguroso. Pero lo que sí puede afirmarse desde ya es que la ciudadanía tiene derecho a exigir explicaciones.

Porque el problema ya no es únicamente económico.

Es un problema de coherencia política, de transparencia institucional y de responsabilidad democrática.

Gobernar no consiste en repetir consignas de campaña ni en administrar expectativas mediante discursos cuidadosamente editados. Gobernar exige enfrentar la realidad, asumir decisiones difíciles y decir la verdad a la ciudadanía, incluso cuando esa verdad resulte incómoda.

La deuda pública puede pagarse.

Los déficits fiscales pueden corregirse.

Las políticas económicas pueden modificarse.

Pero la confianza pública, una vez perdida, es mucho más difícil de recuperar.

Y cuando un gobierno llega al poder prometiendo austeridad, acusa a sus adversarios de irresponsabilidad fiscal, critica el endeudamiento del Estado y termina solicitando miles de millones de dólares adicionales en deuda mientras omite explicarlo en su principal rendición de cuentas, la pregunta ya no es financiera.

La pregunta es política.

Y esa pregunta merece una respuesta clara ante todo el país.