Lo que no te dice el gobierno de Kast: Directamente a tu bolsillo

Por Julián Castillo González, presidente del Centro de Estudios Conciencia y Síntesis

La situación geopolítica entre Medio Oriente y Estados Unidos, marcada por la disputa por el control de los grandes yacimientos petroleros del mundo, no da tregua. El gobierno de Chile, encabezado por José Antonio Kast, está plenamente al tanto de este escenario.

Pese a ello, y considerando el conflicto iniciado el 28 de febrero, el denominado “gobierno de emergencia” ha optado por una decisión clara: reducir el gasto fiscal a costa de la ciudadanía. En concreto, busca modificar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO). Según se ha ido precisando en los últimos días, este ajuste no pasaría por el Congreso, sino que se implementaría vía decreto, es decir, mediante facultades administrativas del Ejecutivo.

El argumento del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, es la reducción del costo fiscal del MEPCO. Según ha señalado, el Estado estaría gastando cerca de US$200 millones semanales. En sus propias palabras, con ese dinero “se resuelven todas las listas oncológicas de espera en Chile en un período de 90 días, y en una semana no lo podemos gastar echándole bencina al estanque a un precio más bajo que el que le cuesta al ciudadano norteamericano”. En términos simples, y en una lógica cercana al ideario de Javier Milei, el mensaje es que “No hay plata.”

Este discurso ha sido rápidamente replicado por figuras del oficialismo. Pablo Longueira afirmó que “el problema no es el MEPCO, es que no hay plata”, mientras que el senador Rodolfo Carter sostuvo que “en Chile nos acostumbramos a los subsidios”. Lo que se omite en estas declaraciones es que el propio Estado que defienden no solo cumple un rol subsidiario, sino que históricamente ha intervenido para sostener condiciones mínimas de estabilidad económica.

A ello se suma el ministro secretario general de Gobierno, José García Ruminot, quien ha señalado que “algo vamos a tener que hacer con el MEPCO, porque no hay recursos suficientes para financiarlo en las actuales condiciones”. La pregunta, entonces, es ¿Por qué esta decisión impacta directamente en el bolsillo de las mayorías?

El MEPCO cumple una función básica en un país que no produce petróleo a escala significativa, amortiguar las alzas bruscas de los combustibles. Ha sido clave para evitar aumentos descontrolados en contextos de crisis internacionales, como la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022, y el actual conflicto en Medio Oriente.

Eliminar o debilitar este mecanismo implica trasladar de forma inmediata el costo al consumidor. Las estimaciones hablan de alzas de hasta $350 por litro, ¿Qué significa esto en concreto? En un país donde cerca del 90% del transporte de mercancías se realiza por camión, el efecto es directo; aumentan los costos logísticos, sube el precio de la parafina (clave para los hogares del sur) y, en cadena, se encarece la canasta básica. Pan, verduras, carne, lácteos, etc. Lo que en síntesis significa, incremento de la pobreza en el país.

El resultado es evidente, y es la caída del poder adquisitivo. Los hogares destinan una mayor proporción de sus ingresos en los alimentos, relegando gastos en salud, educación o transporte, lo que en consecuencia, se profundiza el empobrecimiento en términos reales. Resulta, por decir lo menos, contradictorio que un gobierno que se define como “de emergencia” opte por desmantelar un mecanismo que protege a las clases medias y populares frente a shocks externos. Más aún cuando, en paralelo, impulsa una rebaja del impuesto de primera categoría a las grandes empresas desde el 27% al 23%.

Resulta lógico para quienes están gobernando; ajuste para la mayoría, es decir, nosotros, pero alivio económico para los grandes grupos económicos. Se instala así una tensión un tanto contradictoria: si “no hay plata”, ¿Por qué reducir impuestos a las grandes empresas? ¿Por qué recortar herramientas de protección social mientras se aliviana la carga tributaria de los grandes grupos económicos?

El eslogan gubernamental “trabajando para usted” requiere una precisión urgente. ¿Para quién se está trabajando realmente? La composición del gabinete dan algunas señales: Francisco Pérez Mackenna, actual canciller, ex Gerente General de Quiñenco del Grupo Luksic; Daniel Mas, biministro de Economía y Minería, ex vicepresidente de la CPC; Álvaro González, subsecretario de Minería,  , ex director del Comité de Asuntos Legislativos SONAMI  y Paula Estévez, en Relaciones Económicas Internacionales, mantiene vínculos con redes de poder político y financiero.

Más allá de las trayectorias individuales, el fenómeno es evidente, y es precisamente una oligarquía económica que transita sin un ápice de vergüenza entre el mundo empresarial y el Estado. En ese contexto, la eliminación del MEPCO no aparece como una medida técnica aislada, sino como parte de una orientación política más amplia. No nos extrañemos cuando propongan la reforma tributaria, el corazón de esta reforma sea volver al sistema integrado para que paguen menos impuestos.

Al final del día, la pregunta de fondo es simple: ¿quién paga el costo de la crisis? Hasta ahora, la respuesta parece recaer, una vez más, en el bolsillo de las grandes mayorías: Todos nosotros.