Tras gestión de la diputada Gazmuri: TC admite requerimiento contra cambios del Minvu sobre densidad y altura de las edificaciones

La resolución, adoptada este 11 de noviembre, acoge a tramitación el requerimiento y dispone ponerlo en conocimiento del Presidente de la República y de la Contralora General de la República, quienes tendrán un plazo de diez días para presentar sus observaciones y antecedentes. En tanto, la diputada Ana María Gazmuri, impulsora del requerimiento, valoró la decisión del Tribunal Constitucional (TC).

La diputada Ana María Gazmuri, impulsora del requerimiento, valoró la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar admisible el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por más de una cuarta parte de los integrantes en ejercicio de la Cámara de Diputadas y Diputados contra diversas disposiciones del Decreto Supremo N° 68 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).

La resolución, adoptada este 11 de noviembre, acoge a tramitación el requerimiento y dispone ponerlo en conocimiento del Presidente de la República y de la Contralora General de la República, quienes tendrán un plazo de diez días para presentar sus observaciones y antecedentes.

La diputada Gazmuri tuvo un rol activo en el impulso de esta acción, que fue precedida por un trabajo de análisis y articulación con distintos actores vinculados al desarrollo urbano. Su equipo sostuvo conversaciones y recogió antecedentes de arquitectos, urbanistas, académicos y pobladores, además de desarrollar un trabajo de coordinación con el municipio de Estación Central, territorio que se ha convertido en un caso emblemático de las consecuencias de una planificación urbana insuficiente.

Este trabajo permitió recoger las preocupaciones de quienes viven cotidianamente los efectos de decisiones urbanísticas y construir una mirada que pone en el centro la planificación, las competencias municipales y el derecho de las comunidades a habitar barrios dignos.

Al respecto, Gazmuri señaló: “La declaración de admisibilidad de este requerimiento es un paso importante. No anticipa una decisión sobre el fondo, pero permite avanzar en el examen de una controversia constitucional con consecuencias concretas para nuestras ciudades: si el Ejecutivo, mediante un decreto que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, ha excedido sus atribuciones y afectado las competencias municipales en materia de planificación urbana”.

La parlamentaria destacó que esta preocupación ha reunido a parlamentarios, alcaldes, urbanistas, arquitectos, académicos y al gobernador Claudio Orrego, en torno a una convicción común: la necesidad de construir viviendas no puede separarse del derecho a vivir en barrios dignos.

“Necesitamos más viviendas y soluciones oportunas para las familias que llevan años esperando. Pero esa urgencia no puede utilizarse para debilitar la planificación urbana ni para ampliar los beneficios de edificación sin asegurar que los barrios cuenten con la infraestructura y los servicios necesarios. Agilizar la construcción debe significar una mejor respuesta del Estado, no menos resguardos para las comunidades”, sostuvo.

En esa línea, Gazmuri advirtió que el desafío habitacional no puede medirse únicamente por la cantidad de viviendas construidas, sino también por las condiciones en que vivirán las familias.

“El Gobierno debe responder por ambas cosas: reducir el déficit habitacional y asegurar que las nuevas viviendas formen parte de barrios con servicios, conectividad, espacios públicos y condiciones de seguridad. No basta con anunciar que se construirá más si las familias y los municipios deberán enfrentar después las consecuencias de una planificación insuficiente. El derecho a la vivienda no termina en la entrega de una llave”, enfatizó.

Finalmente, la diputada recalcó que esta controversia no busca oponer la construcción de viviendas a la planificación urbana, sino establecer los límites de las atribuciones del Ejecutivo y resguardar el interés público.

“No se trata de construir o no construir. Es una discusión sobre cómo hacerlo, quién toma las decisiones y cuáles son los límites de las atribuciones del Ejecutivo. Corresponde al Tribunal Constitucional resolver las objeciones planteadas al decreto. Nuestra tarea política seguirá siendo exigir soluciones habitacionales oportunas y dignas, con respeto por las competencias municipales y una planificación que ponga el interés público por delante de la rentabilidad de un proyecto. Las familias no pueden pagar la urgencia de hoy con precariedad urbana durante décadas”, concluyó.