La gran mentira fiscal tras el alza de los combustibles

Por Wido Contreras Yévenes, trabajador social y Matías Rodríguez, sociólogo

En los últimos días, el alza de los combustibles se ha presentado como una medida inevitable. Se repite que “no había alternativa”, que el país enfrenta una crisis y que el Estado no tiene margen para actuar. Sin embargo, lo que se instala como una necesidad técnica es, en realidad, una decisión política.

El gobierno ha intentado justificar esta alza apelando a factores externos —como el aumento del precio del petróleo asociado a conflictos internacionales— y a una supuesta “crisis fiscal”. Así, bajo el amparo de lo técnico, se construye un relato. Pero los datos muestran otra cosa: Chile no está en quiebra. En enero de 2026, el país registró un superávit fiscal en torno al 0,2% del PIB; la deuda pública se ubica cerca del 42%, muy por debajo del promedio de la OCDE (alrededor de 85%); y existen fondos soberanos disponibles. Recursos hay, pero existe una decisión de no utilizarlos.

En este contexto, modificar el MEPCO no responde a una imposibilidad, sino a una definición política clara: traspasar el costo directamente a las familias. Sostener que el mecanismo está “vacío” es, además, incorrecto. El MEPCO no es una caja que se agota, sino un instrumento de ajuste del impuesto específico. Y en el actual escenario internacional de alza del petróleo, se opta por generar un impacto directo en los hogares. Entonces, ¿de qué emergencia hablamos?

Hoy la emergencia no es heredada: es construida. Se configura un escenario de crisis para justificar decisiones que, en los hechos, reconfiguran el rol del Estado. Porque mientras se argumenta que no hay recursos para amortiguar el alza, el mismo gobierno aumenta el límite salarial de asesores y plantea rebajas tributarias a grandes empresas. La austeridad, así, se aplica solo al bolsillo de las familias.

La discusión, entonces, no es técnica: es política. Cuando se afirma que “no hay alternativa”, lo que realmente se está diciendo es que no hay voluntad de distribuir de otra manera los costos. Y cuando el ajuste recae, una vez más, en quienes ya viven con lo justo, deja de ser una medida económica para transformarse en una definición sobre quién importa menos. Queda en evidencia que poco importa en qué condiciones llegan las familias a fin de mes.

Si bien Chile atraviesa un déficit fiscal, este es un problema —y uno relevante—, pero no una emergencia. La insistencia del gobierno en instalar ese carácter excepcional no es inocente: responde a una estrategia discursiva que busca justificar decisiones regresivas, posicionándose aún como si fuera oposición al gobierno anterior, cuando hoy le corresponde gobernar. No basta con que la SECOM dé un paso atrás y borre publicaciones en las que se afirmaba que el país estaba “en quiebra”. La realidad es más compleja: el déficit estructural es elevado y el margen fiscal es menor, pero no se trata de una coyuntura repentina, sino de una tendencia que se ha venido consolidando por más de 15 años, y que difícilmente se resolverá mediante reducciones de impuestos.

Persistir en este relato no solo distorsiona el debate público, sino que tiene efectos concretos. Instalar una “mentira fiscal” termina justificando medidas que precarizan aún más la vida de las familias, como el alza de los combustibles o, eventualmente, rebajas tributarias a grandes empresas. Porque cuando se exagera la crisis para cerrar el debate, lo que se impone no es la responsabilidad, sino una decisión política que vuelve a cargar los costos sobre quienes menos tienen.