El retorno de Pablo: Cómo el gobierno de Kast protege la Ley Longueira

Por Lily Zúñiga, escritora, periodista y exjefa de prensa de la UDI

La reaparición de Pablo Longueira en enero de este año, luego de haber sido absuelto de todos los cargos en el cuestionado caso SQM, no puede leerse como un simple episodio de retorno político, porque no se trata solo de un exministro que vuelve a hablar o a merodear los pasillos del poder, se trata del regreso de una figura cuyo nombre quedó inscrito en una de las tramas más turbias entre política, dinero e influencia empresarial de la democracia chilena.

Y si este retorno ya es inquietante por sí mismo, adquiere una dimensión todavía más significativa cuando ocurre bajo un gobierno como el de José Antonio Kast, que ha dado señales evidentes de querer reactivar no solo una agenda conservadora, sino también a sus viejos operadores, sus viejos códigos y sus viejas lealtades.

Hace poco más de una semana, la sola noticia de que Longueira, el histórico “Coronel” de la UDI había sido visto en los alrededores de La Moneda, encendió las alarmas sobre una eventual incorporación al gobierno. Con el correr de los días, se supo que su visita no tenía por objeto asumir un cargo formal, sino reunirse con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y con el subsecretario de la misma cartera, Máximo Pávez. Ambos militantes UDI, ambos cercanos al exsenador y ambos convertidos hoy en piezas de referencia dentro de un partido golpeado tras la derrota electoral de Evelyn Matthei. Longueira no fue a saludar, ni a pasar por cortesía, fue a recordar que sigue ahí. Fue a marcar territorio.

Y fue también, según se ha conocido, a transparentar su verdadera intención de competir por la dirección de la UDI en las elecciones internas de noviembre. Su objetivo declarado sería “revivir” la identidad de la llamada UDI Popular, esa estrategia de despliegue territorial, control orgánico y disciplinamiento político que él ayudó a consolidar desde los años 80 y 90. No por casualidad, también ha surgido la posibilidad de que postule a la alcaldía de Conchalí, en un intento por recuperar una base territorial que él mismo considera extraviada por el gremialismo.

Su retorno, además, está cuidadosamente diseñado y repleto de simbolismo. Una conferencia de prensa el próximo 2 de abril, justo cuando se conmemoran los 40 años de la muerte de Simón Yévenes, asesinado en 1986 por un miembro del FPMR y elevado por la UDI a la categoría de primer mártir del partido, sería el día elegido para su retorno, porque Longueira no quiere volver como un dirigente más. Quiere volver como un “salvador”.

Pero ese símbolo arrastra una historia demasiado pesada como para ser blanqueada por una conferencia de prensa o por una absolución judicial. Durante la tramitación de la Ley de Pesca entre 2011 y 2013, cuando se desempeñaba como ministro de Economía del primer gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Longueira fue acusado de haber actuado bajo la influencia de grandes empresas pesqueras, especialmente Corpesca, del Grupo Angelini.

Las investigaciones apuntaron a eventuales hechos de cohecho y soborno mientras se discutía una ley que terminaría entregando licencias de pesca indefinidas y heredables a un pequeño grupo de actores dominantes. La acusación de fondo fue devastadora. Longueira encabezó una verdadera captura del Estado, construyendo una legislación a la medida de siete familias y en perjuicio directo de la pesca artesanal.

No se trató solo de percepciones políticas ni de una caricatura conveniente para sus adversarios. Durante esos años se conocieron antecedentes que mostraban cómo ejecutivos pesqueros habrían enviado directamente propuestas de redacción de artículos a asesores ministeriales y parlamentarios afines. Uno de los episodios más recordados fue la inclusión de una disposición que habría permitido a Corpesca ahorrar miles de millones en impuestos.

A eso se sumaron también antecedentes del caso SQM, donde se detectaron correos electrónicos en que Patricio Contesse, exgerente general de la minera no metálica, sugería cambios en proyectos legales, como el royalty minero, que luego terminaban incorporados casi textualmente. Aunque Longueira fue absuelto, la absolución judicial no borró el hecho político central de que el origen de su influencia legislativa quedó para siempre bajo sospecha, mientras otros involucrados, como el exsenador Jaime Orpis, sí fueron condenados.

Por eso resulta especialmente elocuente que, en paralelo a su reaparición política, vuelva a instalarse la vigencia de la ley que lleva su nombre. La llamada “Ley Longueira”, correspondiente a la ley 20.657, no “regresa” técnicamente porque nunca dejó de estar vigente, pero su permanencia como principal marco regulatorio de la actividad pesquera quedó nuevamente consolidada, luego de que el gobierno de José Antonio Kast decidiera retirar del Congreso el proyecto de Nueva Ley de Pesca, cuya tramitación había comenzado en el año 2024 y que buscaba precisamente reemplazarla. El Ejecutivo argumentó que esa iniciativa era “refundacional” y que optaría, en cambio, por introducir reformas parciales a la normativa actual. En simples palabras, se decidió conservar lo “esencial”.

La señal política es evidente y profundamente regresiva. Parlamentarios de oposición y gremios de la pesca artesanal han advertido que esta decisión no solo congela años de trabajo legislativo, sino que reafirma la vigencia de una ley cuya legitimidad de origen fue severamente cuestionada. En otras palabras, mientras Longueira vuelve a moverse entre La Moneda y la UDI, también vuelve a afirmarse la arquitectura legal que hizo de su nombre un emblema de privilegio, concentración y opacidad.

Su proyecto, además, está lejos de ser menor, considerando que él mismo ha planteado como meta “ordenar a la derecha”, romper la alternancia en el poder y proyectar al sector durante tres gobiernos consecutivos. Longueira no reaparece para observar el tablero, reaparece para volver a mover las piezas.

Porque, aunque Pablo Longueira haya criticado públicamente al gobierno de Kast, también reconoce en parte de su entorno, a quienes denomina “Los Guzmán Boys”, una expresión viva del proyecto político e ideológico de Jaime Guzmán dentro de la actual administración y justamente por eso su retorno encaja con tanta naturalidad en el clima que este gobierno ha contribuido a reinstalar.

Ambos representan, con estilos distintos, pero con una misma raíz, una derecha cerrada, jerárquica, doctrinaria y convencida de que el poder debe seguir en manos de quienes se asumen como sus intérpretes legítimos, porque cuando una democracia normaliza el regreso de quienes encarnaron sus zonas más opacas, el problema deja de ser solo quién vuelve y pasa a ser qué tan poco hemos aprendido.