Con mi sueldo no: El CAE y la expropiación de la esperanza

Por Boris Barrera, diputado

Durante décadas, miles de jóvenes de nuestro país escucharon la misma promesa: endeudarse para estudiar era una inversión para el futuro. El Crédito con Aval del Estado o CAE fue presentado como una herramienta de movilidad social, una puerta de acceso a oportunidades que antes parecían inalcanzables. Sin embargo, para miles de familias, esa promesa terminó convirtiéndose en una pesada mochila que los acompaña hasta hoy.

En semanas recientes hemos conocido denuncias de trabajadores que despertaron con sus cuentas bancarias vaciadas producto de embargos asociados a deudas del CAE. El propio gobierno ha reconocido la existencia de estos procedimientos, defendiendo su legalidad y la necesidad de recuperar recursos fiscales.

Se dice que las deudas deben pagarse. Y es cierto: las obligaciones existen. Pero también es cierto que la educación no puede tratarse como cualquier bien de consumo. Endeudarse para estudiar no es lo mismo que endeudarse para adquirir un lujo. Se trata de un derecho social que el país decidió financiar mediante créditos, trasladando a las familias una responsabilidad que debió asumir colectivamente.

Por otra parte, la Constitución es clara al proteger el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes. Nuestra legislación laboral y procesal ha reconocido históricamente la especial protección de las remuneraciones, no es casualidad: el salario no es un activo cualquiera. Es el sustento con el que las familias pagan arriendo, alimentación, salud, educación y transporte. Sin remuneración, no hay vida digna posible.

Resulta llamativo el doble estándar de ciertos sectores frente a la propiedad de los recursos de los trabajadores. Cuando se discutió la reforma de pensiones, la derecha y sectores empresariales levantaron con fuerza la consigna “con mi plata no”, resistiéndose a que una parte de la nueva cotización previsional —pagada por el empleador— se destinara a un fondo común de reparto solidario administrado por el Estado, presentándolo como una intromisión inaceptable sobre la propiedad individual de los trabajadores. Sin embargo, hoy esos mismos sectores guardan silencio —o incluso justifican— cuando es el Estado el que embarga directamente el sueldo ya percibido de un trabajador para cobrar la deuda del CAE.

Cuando el Estado expropia los recursos, los sueldos, de trabajadores y trabajadoras para cobrar una deuda educativa, la pregunta es inevitable: ¿dónde están las prioridades? ¿por qué vemos tanta severidad para perseguir a deudores del CAE y no la misma energía frente a otras formas de incumplimiento que generan enormes perjuicios al país?, por ejemplo, frente a las colusiones, evasiones y elusiones tributarias.

Pocas veces en la historia reciente de Chile se ha visto un acto de mezquindad tan profundo como perseguir y embargar a quienes se endeudaron para estudiar. Se les prometió movilidad social, se les empujó a financiar con deuda un derecho que debió estar garantizado, y hoy el mismo Estado les cobra con intereses y embargos. Resulta difícil imaginar una señal más injusta: castigar a quienes buscaron progresar a través de la educación. Cuando un gobierno decide recaudar a costa de los sueños y el esfuerzo de una generación completa, no solo está cobrando una deuda; está renunciando a la idea de que la educación es un derecho.

Más aún, cuando las medidas de cobro afectan recursos esenciales para la subsistencia de las familias, estamos frente a una situación que opera como una expropiación de los ingresos de quienes buscaron educarse para salir adelante, personas que ven restringida su capacidad de sostener a sus hogares por una deuda asociada a sus estudios.

La educación no puede ser una trampa ni una condena perpetua. Chile necesita avanzar hacia un sistema de educación garantizada y que no perpetúe deudas como una condena. Porque un Estado que primero empuja a endeudarse para poder estudiar y luego, en su afán de cobro, termina afectando el fruto del trabajo de las personas, no solo administra un sistema financiero: está transformando la esperanza de miles de familias en una nueva forma de desigualdad.

Y la pregunta de fondo sigue siendo inevitable: si el trabajo es la base de la vida en sociedad, ¿qué pasa cuando es el propio Estado el que, en la práctica, termina expropiando el salario de quienes solo intentaron salir adelante? En fin, quienes antes decían con mi plata no, ahora pueden decir, con mi sueldo no.