
Hace un par de días, Contrapoder Chile reveló que dos drones adquiridos por Carabineros de Chile -por más de $7 mil millones-, se encontrarían inoperativos desde enero de este año, mientras que documentos de esta compra revelan que la empresa proveedora, fue fundada por un exmilitar condenado por fraude al Fisco. Pero, este medio tuvo acceso a nuevos antecedentes, los que confirman que estos drones fueron comprados sin póliza de seguros, por lo que la policía uniformada ha gastado más de 600 millones en contratar seguros de breve vigencia, por una duración de solo un año. Además, dichos dispositivos de vigilancia se adquirieron sin el sistema de radiocomunicación necesario para realizar el apoyo militar para lo que fueron comprados.
Era el 14 de diciembre de 2024, y Carabineros de Chile presentaba sus nuevos UAS VTOL Schiebel Camcopter S-100 (drones), los que contarían con un sistema de vigilancia militar para apoyar los servicios policiales en la Macrozona Sur, y los que tuvieron un costo de $6.973.734.425. Sin embargo, fuentes cercanas a la policía uniformada afirmaron a Contrapoder Chile que dichos dispositivos se encuentran inoperativos desde enero de este año, mientras que la empresa proveedora de estos drones, SC Ordenance Spa, fue fundada por un coronel del Ejército en retiro condenado por fraude al Fisco.
Según la Constitución de la Sociedad SC Ordenance Spa -del 17 de mayo del 2016-, estaba integrada por Marcelo Carvallo, Francisco Javier Miranda y el coronel en retiro, Jorge Silva Hinojosa, teniendo como objetivo “la comercialización de elementos de protección, equipos de seguridad y repuestos e insumos para estos, mantenimiento y reparación de vehículos automotores”.
Pero, 10 días después de la constitución de esta empresa, Jorge Silva, fue condenado por el delito de fraude al Fisco reiterado, en el contexto del “Cuaderno Matriz” del denominado caso fraude en el Ejército.
Incluso, Contrapoder Chile consultó a Carabineros de Chile sobre si la general inspectora y directora nacional de Apoyo a las Operaciones, María Teresa Araya, tenía conocimiento o no de que la empresa a la que le compraron los drones fue fundada por un militar condenado por fraude al Fisco -dejándose entrever una presunta negligencia-, contestando que la institución contrata bienes y servicios a través de empresas que cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente y que se encuentran habilitadas para participar en los procesos de adquisición pública; sin referirse al rol de la general Araya.
No obstante, lo anterior no sería lo único preocupante en la millonaria compra de estos dos drones, puesto que, a pesar de haber sido adquiridos para apoyar el control y vigilancia militar en La Araucanía, éstos no contarían con el sistema de radiocomunicaciones adecuado para desarrollar su objetivo, por lo que tampoco cumplirían la función para lo que estaban destinados.
Lo anterior, se pudo acreditar a través de una Consulta al Mercado publicada por Carabineros en Mercado Público el 21 de febrero de 2025, denominada “Servicio Arriendo de Radiocomunicaciones Aéreas por 24 meses”, en la que se menciona que se “busca implementar un UAV para reconocimiento en zonas complejas, con operación hasta 200 km y 12.000 pies. Se requiere una solución de comunicación radial en banda aeronáutica y una infraestructura resiliente que garantice interconexión efectiva y cumplimiento normativo”.
“Dado que el centro de control y el equipo de radio comunicación estarán en ubicaciones distintas, es fundamental contar con una infraestructura resiliente que permita una interconexión efectiva entre los diferentes puntos estratégicos mencionados en este documento, asegurando el cumplimiento de las normativas chilenas en materia de radiocomunicaciones aeronáuticas”, se lee en la Consulta al Mercado a la que este medio tuvo acceso, y la que no presentó oferentes, por ende ambos vehículos aéreos aun no tendrían un sistema de radiocomunicaciones necesaria para su función.

Aunque, eso no es todo, ya que, dichos dispositivos aéreos se recepcionaron el 26 de diciembre de 2024 sin una póliza de seguros, lo que queda en evidencia en la Acta de Recepción de Pólizas, en la que se desglosa que, el Departamento de Bienes Raíces y Activos Institucionales de Carabineros contrató a FID Chile Seguros Generales S.A -el 25 de marzo de 2025- un seguro de casco aéreo y responsabilidad civil para el sistema Schiebel Camcopter S-100, por un monto de US$425.245 ($393.589.762 aprox), y el que tendría vigencia hasta el 25 de marzo de 2026; es decir, durante tres meses, estos drones no poseyeron un seguro en caso de siniestro.

Sin embargo, a seis meses de haber adquirido esta póliza, Carabineros publicó el 29 de diciembre de 2025 una nueva Consulta al Mercado para recabar antecedentes económicos destinados a una nueva contratación de seguros, siendo finalizada sin oferentes. Por lo que, el 9 de febrero de 2026, la institución autorizó una nueva licitación pública, en la que se detalla que la Dirección Nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales -liderada por la general María Teresa Araya-, otorgó la facultad para efectuar adquisiciones de bienes muebles y celebrar los contratos respectivos y contratación de servicios a través de la modalidad Convenio Marco hasta la suma de $1.700.000.000; a través de licitación privada o trato directo hasta la suma de $550.000.000; y por licitación pública, hasta la suma de $690.000.000.
Posteriormente, dicha licitación fue adjudicada el 26 de marzo de 2026 a Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. por un monto total de US$293.746 ($272.158.606 aprox) por la vigencia de 12 meses, con respaldo de reaseguro internacional a través de Lloyd’s de Londres. Todo lo anterior, mientras los dos UAS VTOL Schiebel Camcopter S-100 se encontrarían inoperativos en la Macrozona Sur.
Por lo tanto, en menos de dos años, Carabineros de Chile ha gastado $665.768.368 en pólizas de seguros de breve vigencia.
Finalmente, por lo expuesto en este artículo Contrapoder Chile consultó a Carabineros de Chile su versión sobre el sistema de radiocomunicación y la adquisición de millonarias pólizas de seguros. Sin embargo, se limitaron a responder que, no se referirán al tema debido a que “la información reviste carácter estratégico y sensible para el desarrollo de las funciones policiales y operativas de la institución”.