
El diputado miembro de la comisión de Seguridad, Jaime Araya, cuestionó que la denominada “megarreforma de seguridad” impulsada por el Presidente José Antonio Kast no contemple el levantamiento del secreto bancario, medida que, constituye una de las herramientas más eficaces para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y el lavado de activos.
El diputado por la Región de Antofagasta y miembro de la Comisión de Seguridad, Jaime Araya (independiente-PPD), cuestionó que la denominada “megarreforma de seguridad” impulsada por el Gobierno no contemple el levantamiento del secreto bancario, medida que, a su juicio, constituye una de las herramientas más eficaces para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y el lavado de activos.
En conversación con Contrapoder Chile, el parlamentario sostuvo que resulta incomprensible que se omita un instrumento utilizado ampliamente a nivel internacional para desarticular las estructuras financieras de las organizaciones criminales.
“Que clase de mega reforma de seguridad no contempla lo más importante, levantamiento del secreto bancario. ¿Por qué le tienen tanto miedo al levantamiento del secreto bancario?. Han propuesto muchos proyectos, algunos son buenos, es cierto. Pero sin el levantamiento del secreto bancario nunca van a poder combatir efectivamente al narcotráfico, al crimen organizado. Nuestro país sigue empañales, sigue destruyendo la herramienta que todos los países tienen, que es levantamiento del secreto bancario.
Le pido al Presidente de la República que considere esto, le ponga urgencia y de una vez por todas, terminen con el miedo y el terror que le tienen al levantamiento del secreto bancario. Es la herramienta más potente, la que los países usan de manera más eficiente y yo no logro entender que esta megarreforma de seguridad no contemple la herramienta más importante”.
Araya concluyó afirmando que perseguir el patrimonio y los flujos financieros del crimen organizado es fundamental para debilitar su capacidad operativa, por lo que insistió en que el Ejecutivo debe incorporar esta medida dentro de las prioridades legislativas en materia de seguridad.