
Por diputadas Carolina Tello y María Francisca Bello
Chile atraviesa una crisis hídrica que no responde únicamente a la crisis climática. La escasez también tiene una dimensión política: quién decide sobre el agua, quién puede acceder a ella y quién tiene poder para hacerlo.
La dictadura transformó el agua en un derecho real susceptible de apropiación privada y dejó instalado un modelo donde el mercado terminó definiendo buena parte de su distribución. Décadas después, sus efectos siguen presentes. Según las Organizaciones de Usuarios de Agua (OUA), por ejemplo, el poder de decisión está asociado a la cantidad de acciones que posee cada integrante. En otras palabras, quien tiene más agua, tiene más votos.
Por eso hemos impulsado el proyecto de ley que busca democratizar estas organizaciones, avanzando hacia un principio tan básico como profundo, en el que cada comunero pueda tener un voto. Pero sabemos que una reforma institucional, por sí sola, no transforma las relaciones de poder.
Las OUA no son espacios meramente técnicos. Son territorios donde se decide sobre un recurso esencial para comunidades, pequeños agricultores y ecosistemas completos. Por eso debemos dejar de mirarlas desde afuera. La izquierda debe organizarse, participar y acompañar a quienes ya están dando esta disputa en sus territorios.
La megasequía no puede convertirse en una excusa para profundizar la concentración. Necesitamos pasar de ser clientes del agua a ciudadanos hídricos, capaces de incidir colectivamente sobre un bien común.
La justicia ambiental requiere leyes, pero también organización. La verdadera transformación comienza cuando las comunidades se informan, participan y disputan el poder en cada cuenca del país