Exmilitantes libertarios acusan a Johannes Kaiser de recibir un sueldo de más de $7 millones por ser líder del partido

Hay algo extraño y políticamente incómodo en que Johannes Kaiser esté siendo cuestionado por sus propios militantes, por la manera en que se administran los recursos en el Partido Nacional Libertario. La incomodidad se encuentra en la paradoja de que Kaiser construyó, buena parte de su discurso, acusando a la política tradicional de convertir el Estado y el dinero de los contribuyentes, en una fuente de privilegios, mientras ahora ex militantes de su propia colectividad, preguntan cuánto cuesta mantener a su dirigencia, quién decide esos pagos y bajo qué controles. El hombre que prometió pasar la motosierra sobre la “casta” debe explicar qué ocurre cuando las mismas preguntas sobre privilegios, remuneraciones y uso de recursos públicos, comienzan a dirigirse hacia su propio partido.

Cuando el PNL todavía estaba en formación, Kaiser reconoció que los aportes de adherentes y socios fundadores, eran depósitos directamente a su Cuenta Rut de Banco Estado. La explicación tenía sustento legal. Mientras una colectividad carece de personalidad jurídica, el mecanismo autorizado permite utilizar, bajo determinadas condiciones, la cuenta de un integrante del órgano ejecutivo provisional. El propio SERVEL validó esta posibilidad, pero la legalidad no elimina la dimensión política. Para un dirigente que hablaba de transparencia y ruptura con viejas prácticas, no era precisamente una postal revolucionaria que el dinero para levantar su partido, pasara por su cuenta personal. Kaiser explicó que mediante esos aportes se habían reunido inicialmente entre 4 y 5 millones para financiar los trámites de constitución.

Una vez constituido formalmente, el PNL comenzó a acceder a los recursos estatales que la legislación contempla para los partidos políticos. En junio del 2025 se informó que recibiría una primera cuota de aproximadamente 21 millones del SERVEL, fondos regulados, por lo que deben destinarse a los fines establecidos por ley y no equivalen a dinero personal para financiar la candidatura de Kaiser. No existe, en lo expuesto, una acusación formal de malversación, pero la contradicción política es otra. Kaiser puede legítimamente participar del sistema de financiamiento público, pero sus críticos también pueden preguntarle si la austeridad que exige al Estado alcanza a la organización que dirige.

Hoy exmilitantes y sectores disidentes, sostienen que Kaiser recibiría un sueldo cercano a los $7.5 millones de pesos mensuales, como presidente del partido. Aunque se trata de una denuncia pública y no de una resolución del Servel, ni una condena judicial, y no corresponde presentarla como un hecho probado sin antecedentes contables que la acrediten, tampoco resuelta razonable descartarla simplemente como un rumor cuando quienes la plantean, dicen haber formado parte de la estructura partidaria que buscan respuestas ante dudas como quién fijó ese monto, quién lo aprobó y qué controles existen sobre quienes administran los recursos.

Algunos disidentes han descrito al PNL como una “pyme familiar” o una estructura dominada por el círculo más cercano de Kaiser. Si esas acusaciones fueran acreditadas, el problema sería mayor que una remuneración, sería la concentración del poder dentro de una organización que nació prometiendo combatir las formas tradicionales de hacer política. Porque si la vieja “casta” es cuestionable cuando reparte cargos entre amigos y cercanos, el principio no puede cambiar porque quienes ocupan esos espacios se definan como libertarios. Las renuncias y conflictos internos denunciados en regiones como Atacama agregan, además, una señal inquietante sobre la gobernabilidad de un partido que aspira llegar al poder.

El discurso de Kaiser sostiene que los políticos tradicionales utilizan los recursos de los contribuyentes para mantener redes de poder, alimentar al aparato público y financiar privilegios. Ha planteado reducir el gasto, terminar con los operadores políticos y desmontar organismos que considera innecesarios, y al mismo tiempo, cuando el PNL enfrentaba dificultades para financiar su proyecto presidencial, desde su entorno se describió la situación diciendo “no tenemos dónde caernos muertos”. La frase refleja las dificultades de los nuevos partidos para recaudar, pero también abre una interrogante evidente ¿Cómo se compatibiliza esa precariedad con las denuncias sobre remuneración millonarias dentro de la estructura? Si el dinero escasea, cada peso debería ser más fácil de explicar.

Algo similar ocurrió con su dieta parlamentaria. Durante la campaña presidencial, Franco Parisi cuestionó que Kaiser continuara percibiéndola como diputado mientras recorría el país, realizando actividades vinculadas a su candidatura. El episodio escaló hasta los tribunales, luego de que Kaiser presentará una querella por injurias y calumnias. Recibir una dieta parlamentaria dentro de las reglas correspondientes no constituye automáticamente una irregularidad, pero políticamente el episodio toca el mismo nervio. Quien denuncia que el Estado financia privilegios, debe explicar también por qué sus propios ingresos provienentes del Estado son legítimos. El problema nuevamente no es solo jurídico; es la coherencia entre la vara con que se juzga a los demás y aquella que se aplica sobre uno mismo.

No hay que confundir financiamiento partidario legal con malversación de recursos públicos, ni una denuncia de exmilitantes con una sentencia, ni los fondos fiscales del PNL, con dinero personal de Kaiser. El problema radica en la distancia entre cumplir la ley y sostener el estándar ético que uno mismo exige. Si la “casta” debe explicar cada peso que administra, el PNL también. Si una cuenta personal despierta sospechas en manos de un político tradicional, también debe generar preguntas cuando la utiliza un líder libertario.

Kaiser construyó su capital político denunciando privilegios ajenos y ahora enfrenta la prueba de demostrar que las reglas que exige para los demás, también rigen para su propio proyecto.