
El caso de Fernando Cerimedo ha abierto una discusión que en Chile no puede cerrarse con comunicados, desvinculaciones societarias, ni con el cómodo argumento de que todo ocurrió lejos de nuestras fronteras. Cerimedo construyó una maquinaria política comunicacional que cruzó países, campañas y medios digitales y cuando se reconstruye ese entramado, aparece inevitablemente La Derecha Diario.
Entre quienes escribieron y desarrollaron contenido para ese medio, está el abogado chileno y actual asesor legislativo del Partido Nacional Libertario, Gabriel Domínguez Valdés. Seamos rigurosos, no existen antecedentes que permitan que Domínguez haya participado en las operaciones de bots atribuidas a Cerimedo, ni que sea responsable de los hechos investigados, pero esa precisión no puede convertirse en una excusa para ocultar lo evidente: su vínculo con La Derecha Diario.
Domínguez no fue un lector ocasional ni alguien que apareció una sola vez en sus páginas. Fue columnista de un medio vinculado empresarialmente a Cerimedo y convertido en instrumento de difusión de la nueva derecha latinoamericana. En Chile, además, ha desarrollado una trayectoria como abogado y asesor ligado a sectores de la derecha, trabajando con actores y espacios espacios vinculados a ese sector. Ese recorrido permite entender el lugar desde el cual interviene en el debate político.
Una granja de bots no inventa por sí sola una agenda política. Detrás de cualquier operación de amplificación hay contenidos, discursos y personas que construyen argumentos. La Derecha Diario fue parte de este circuito y reducir toda esta historia a un problema exclusivamente tecnológico sería mirar deliberadamente hacia otro lado.
Resulta demasiado conveniente que cuando Cerimedo queda bajo investigación, aparezcan intentos por reducir su historia a la de un individuo aislado, como si todo lo demás fueran simples coincidencias empresariales. No, Cerimedo construyó una estructura regional de influencias y quienes participaron en sus espacios no pueden desentenderse de ese contexto, alegando desconocimiento o la distancia geográfica.
Gabriel Domínguez forma parte de esa historia editorial. Eso no significa atribuirle delitos ni responsabilidades que deberán determinar otras instancias. Significa exigir transparencia sobre los espacios en los que se participa y las ideas que se contribuye a instalar, específicamente cuando su línea editorial coincide con buena parte de los postulados de la nueva derecha conversadora y libertaria.
Por eso su presencia en La Derecha Diario no puede despacharse como una simple colaboración periodística. El punto adquiere mayor relevancia cuando la Cámara de Diputados ya abrió una investigación para determinar la eventual influencia de Cerimedo en Chile. Si queremos saber hasta dónde llegó esa operación, habrá que examinar también a quienes produjeron o difundieron contenidos dentro de ese circuito.
Una cosa es la responsabilidad penal y otra distinta, la responsabilidad política o editorial. La exige pruebas y corresponde determinarla a la justicia. La segunda demanda transparencia. Cuando una maquinaria de propaganda queda bajo sospecha, no basta con cambiar al dueño, borrar un nombre o declarar terminada una relación comercial. Pretender lo contrario es confundir silencio con inexistencia.
Cerimedo podrá estar hoy detenido, investigado y políticamente cuestionado, pero la maquinaria que ayudó a construir no desapareció con el. Si Chile quiere saber cuánto alcanzó sus fronteras, tendrá que mirar a los medios, los discursos y quienes ayudaron a legitimar ese ecosistema.
Las huellas no desaparecen porque alguien deje de nombrarlas, y frente a una estructura de influencia política bajo sospecha, ya no alcanza con esconderse detrás de las coincidencias, los silencios o las desvinculaciones de última hora. La democracia no se defiende borrando las huellas, se defiende siguiéndolas hasta el final.