
La diputada solicitó fiscalizar la decisión comunicada por el municipio de instruir sumarios administrativos a quienes adhieran al paro de la Atención Primaria de Salud y pidió esclarecer su fundamento jurídico.
La diputada Ana María Gazmuri recurrió a la Contraloría General de la República y a la Dirección del Trabajo para solicitar la fiscalización y un pronunciamiento respecto del anuncio realizado por la Municipalidad de La Florida, que informó la instrucción de sumarios administrativos a funcionarios y funcionarias de la Atención Primaria de Salud que adhieran al paro.
La solicitud se origina en una publicación difundida por el propio municipio en su sitio web institucional, cuyo encabezado señala: “Instruimos sumarios administrativos a funcionarios que se adhieran al paro de la Atención Primaria para descontar remuneraciones”.
Ante esta situación, Gazmuri pidió que los organismos competentes determinen si existe fundamento jurídico para vincular automáticamente la adhesión a una movilización con la apertura de procedimientos disciplinarios.
“Hemos concurrido a Contraloría y a la Dirección del Trabajo para que se fiscalice esta decisión de la Municipalidad de La Florida. Una cosa son los efectos que pueda tener una ausencia en las remuneraciones y otra muy distinta es anunciar sumarios administrativos de manera generalizada contra quienes adhieran a un paro”, señaló la diputada en conversación con Contrapoder Chile.
La parlamentaria sostuvo que corresponde esclarecer bajo qué circunstancias puede ejercerse la potestad disciplinaria y si la sola participación en una movilización puede constituir, por sí misma, fundamento suficiente para iniciar un procedimiento administrativo.
“Lo que estamos pidiendo es que se determine cuál es el fundamento jurídico de esta medida y que se establezca si corresponde instruir sumarios caso a caso, sobre la base de hechos concretos, o si el municipio puede anunciar de manera generalizada procedimientos disciplinarios para quienes adhieran a una movilización”, agregó.
En su presentación, Gazmuri solicitó además que se considere la normativa aplicable a los funcionarios y funcionarias de la Atención Primaria de Salud municipal y se distingan los eventuales efectos remuneracionales derivados de una ausencia, el cumplimiento de los deberes funcionarios y la existencia de una eventual responsabilidad administrativa.
La diputada también pidió que se examine si la actuación municipal se ajusta a los principios de juridicidad, proporcionalidad, objetividad e imparcialidad que deben regir el actuar de la Administración, considerando además los derechos fundamentales involucrados.
“Las facultades de la autoridad respecto de la asistencia y las remuneraciones existen y no las estamos desconociendo. Lo que corresponde esclarecer es si esas facultades permiten convertir automáticamente la adhesión a un paro en motivo para abrir un sumario administrativo”, concluyó Gazmuri.