
En conversación con Contrapoder Chile, el abogado Miguel Ángel Yáñez, denunció que la exmano derecha de Cathy Barriga en Maipú, Luis Japaz, mantiene una deuda de $16 millones por servicios de defensa penal y asesoría comunicacional -en el contexto de su juicio por el Caso Barriga-. Es más, entre los antecedentes a los que tuvo acceso este medio, también figura un certificado de solicitud de publicación en el Boletín DICOM, que individualiza a Luis Japaz como deudor, mientras que Yáñez confirma que Japaz no contesta sus mensajes.
Durante la tarde del lunes 19 de octubre, el abogado Miguel Ángel Yáñez Lagos, denunció que la exmano derecha de Cathy Barriga en Maipú, Luis Japaz, mantiene una deuda de $16 millones por servicios de defensa penal y asesoría comunicacional que, según afirma, fueron prestados durante un extenso período.
Lo anterior, tras el no pago de la Factura Electrónica N.º 212, emitida el 1 de junio de 2025 a nombre de Japaz, por un total de $16.000.000 y bajo la modalidad de pago a crédito.
“Durante un largo período ejercí la defensa profesional de Luis Japaz, realizando actuaciones judiciales, reuniones, comparecencias y también un trabajo comunicacional vinculado a su caso. Por esos servicios se emitió una factura por $16 millones que, a la fecha, sostengo permanece impaga”, señaló el abogado.
Según Yáñez, pese a las gestiones realizadas para alcanzar un acuerdo directo, el monto continúa impago. Incluso, insiste en que su primera alternativa fue buscar una solución extrajudicial, considerando la relación de confianza que había existido durante la prestación de los servicios. Sin embargo, ante la falta de respuesta de Japaz, actualmente analiza las vías legales para exigir el cumplimiento de la obligación.
“Intenté reiteradamente resolver este problema de manera personal, mediante mensajes y llamados, porque después de una relación profesional extensa esperaba que pudiéramos cerrar correctamente el tema de los honorarios. Lamentablemente, llegó un momento en que dejé de obtener respuesta”, agregó.
Según el documento tributario, este cobro corresponde a una asesoría penal integral en la causa O-9128-2021, seguida ante el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago; en donde los servicios descritos incluyen representación y defensa técnica durante el proceso penal en la causa por fraude al Fisco -en el contexto del Caso Barriga-, asistencia a audiencias, reuniones preparatorias, comparecencias ante el Ministerio Público y otras actuaciones judiciales y extrajudiciales vinculadas a la defensa.
La prestación también habría comprendido labores de asesoría comunicacional. De acuerdo con la factura, el trabajo incluyó vocerías y declaraciones públicas, coordinación con medios de comunicación, redacción de comunicados y elaboración de una estrategia jurídica y comunicacional para abordar el contexto mediático del caso.
Yáñez sostuvo que el monto cobrado responde a un trabajo profesional prolongado, que no se limitó a la representación judicial, sino que también involucró el manejo comunicacional asociado a la causa.
Entre los antecedentes a los que tuvo acceso Contrapoder Chile, también figura un certificado de solicitud de publicación en el Boletín DICOM, que individualiza a Luis Japaz como deudor e identifica la factura N.º 212 como documento asociado.
Este antecedente se suma a la factura emitida en junio de 2025 y a las comunicaciones que Yáñez confirmó haber sostenido para obtener el pago, quien expresa que, estos documentos forman parte de los antecedentes que está evaluando para definir los pasos legales que seguirá.
Respecto a esto, es necesario aclarar que la solicitud de publicación comercial y la existencia de la factura son antecedentes del cobro reclamado, pero no equivalen por sí solos a una resolución judicial que determine la existencia y exigibilidad de la deuda.
“No estamos hablando de servicios futuros o de un trabajo que no se haya realizado. La factura describe una defensa penal integral, audiencias, reuniones, actuaciones ante el Ministerio Público y un trabajo comunicacional desarrollado durante el caso. Es un trabajo profesional que efectivamente se prestó y que debe ser remunerado”, afirmó el afectado.
Finalmente, Yáñez aseguró que actualmente analiza los antecedentes y las vías legales disponibles para perseguir el pago de los $16 millones de esta factura impaga. Entre las sumas que eventualmente podría reclamar se encuentran los reajustes, intereses y costas según determine el tribunal competente.