Sin respaldo legal: Gestión de Cathy Barriga pagó millonarios servicios a la Fundación Jaime Guzmán mientras Kast estaba en el Directorio

Los hilos del poder rara vez se rompen. Permanecen ocultos bajo el paso del tiempo, los cambios de cargo o los nuevos discursos, hasta que un documento olvidado, un contrato sin respaldo o una investigación periodística vuelve a tensarlos. Entonces las piezas dejan de parecer episodios aislados y comienzan a revelar un entramado que, en realidad, nunca desapareció.

Eso ocurrió cuando el Equipo de Investigación de Contrapoder Chile reveló que, durante la administración de Cathy Barriga, la Municipalidad de Maipú pagó servicios jurídicos prestados por la Fundación Jaime Guzmán, sin que existiera un contrato ni una orden de compra que los respaldara. El propio municipio reconoció que el pago terminó realizándose bajo la figura de “enriquecimiento sin causa”, pero ese antecedente fue solo el inicio de una historia mucho más amplia.

Una segunda investigación del mismo medio, mostró que entre 2019 y 2020 la Fundación Jaime Guzmán suscribió millonarios tratos directos con municipios gobernados por Chile Vamos, como Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea y Zapallar. Los cuestionamientos apuntan al uso reiterado de contrataciones sin licitación pública, asesorías de difícil fiscalización, informes cuya utilidad ha sido puesta en duda y eventuales conflictos de interés derivados de las redes políticas que rodeaban esos convenios.

En ese mismo período, el directorio de la fundación estaba integrado, entre otros, por José Antonio Kast y Andrés Chadwick. Nadie sostiene que formar parte de un directorio constituya un delito, ni convierte automáticamente a sus integrantes en responsables de cada contrato celebrado por la institución, pero la responsabilidad política opera bajo un estándar distinto. Quien acepta conducir una organización, también debe responder cuando aparece reiteradamente bajo cuestionamientos por el uso de recursos públicos.

Durante años Kast levantó un discurso basado en la crítica al amiguismo, los privilegios y las redes de influencia que, según afirmaba, habían deteriorado la política chilena. Hoy ese mismo estándar vuelve sobre una fundación de cuya conducción formó parte y respecto de la cual las explicaciones políticas siguen siendo insuficientes.

La figura de Andrés Chadwick agrega una segunda capa de complejidad. El exministro continúa siendo investigado en distintas aristas derivadas del Caso Hermosilla. No ha sido formalizado y mantiene intacta su presunción de inocencia, pero las diligencias abiertas, las controversias sobre eventuales intentos de cerrar investigaciones y la persistencia de las pesquisas, mantienen vigente un escenario donde las dudas aún superan las certezas.

Quizás por eso cuesta mirar estos episodios como simples coincidencias, no porque exista una responsabilidad común ya establecida, sino porque una y otra vez reaparecen los mismos nombres, los mismos espacios de poder y las mismas redes institucionales orbitando alrededor de controversias que comprometen recursos públicos y estándares de probidad.

La confianza en las instituciones no se desgasta únicamente cuando existe una condena judicial, también cuando las explicaciones nunca llegan, cuando las responsabilidades políticas se diluyen entre formalismos y cuando quienes exigieron los más altos estándares éticos guardan silencio frente a los cuestionamientos que alcanzan a su propio entorno.

El verdadero desafío para el Presidente Kast no es defenderse de acusaciones que nadie ha formulado en su contra, solo es demostrar que la vara ética con la que juzgó durante años a sus adversarios sigue siendo exactamente la misma cuando el escrutinio alcanza a las instituciones de las que formó parte. Los gobiernos cambian y los cargos terminan, pero la obligación de rendir cuentas permanece, y más aún en democracia, donde ningún hilo del poder debería quedar fuera del escrutinio ciudadano.