“Buena, pero zurda”: Diputada Tello impulsa proyecto para prohibir la persecución política y las “listas negras” en el Estado

La iniciativa modifica el Estatuto Administrativo para impedir que funcionarios sean evaluados, clasificados o desvinculados por sus ideas políticas, tras el caso del Serviu de Coquimbo y denuncias de despidos arbitrarios en distintas regiones del país.

La diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Carolina Tello, ingresó un proyecto de ley que modifica el Estatuto Administrativo para consagrar el principio de neutralidad política en la función pública, prohibir la elaboración de registros ideológicos sobre funcionarios públicos y sancionar estas prácticas como una falta grave a la probidad administrativa.

La iniciativa busca impedir que vuelvan a repetirse episodios como el ocurrido en el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Coquimbo, donde una planilla interna clasificaba a funcionarios según su orientación política con expresiones como “buena, pero zurda”, “el más zurdo de todos, nefasto, sí o sí fuera” o “ni fu ni fá, zurdo”, acompañadas incluso de propuestas de reemplazo.

Tras conocerse estos antecedentes, la parlamentaria ofició a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para exigir una investigación, advirtiendo que, de confirmarse el uso de criterios políticos para adoptar decisiones laborales, se estaría frente a un grave caso de persecución política dentro del Estado.

Un problema que trasciende el caso de Coquimbo

Para la diputada Tello, lo ocurrido no constituye un hecho aislado. En La Araucanía, funcionarios del Gobierno Regional denunciaron desvinculaciones masivas sin criterios transparentes, argumentándose una supuesta falta de “confianza legítima” o el incumplimiento del “perfil de cargo”, pese a que varios trabajadores acumulaban más de una década de experiencia y evaluaciones sobresalientes.

A ello se suman las denuncias de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y organizaciones del sector público, que estiman en cerca de cinco mil los funcionarios desvinculados de manera arbitraria e injustificada desde el inicio del actual gobierno.

Qué establece el proyecto

La propuesta modifica el DFL N.º 29 de 2004 (Estatuto Administrativo) en tres aspectos principales:

• Prohíbe evaluar, clasificar o aplicar un trato diferenciado a funcionarios por sus opiniones políticas o ideológicas, así como recopilar o mantener registros con esa información.
• Incorpora expresamente el principio de neutralidad política como deber de quienes ejercen funciones públicas.
• Establece estas conductas como una falta grave a la probidad administrativa, contempla las responsabilidades disciplinarias correspondientes y protege a quienes denuncien estas prácticas frente a eventuales represalias.

Al respecto, la diputada Carolina Tello señaló que: “La función pública pertenece a todas y todos, no al gobierno de turno. Lo que hemos visto en esta administración es insólito: se filtra una lista negra para discriminar personas por su ideología y se despide a funcionarios con décadas de experiencia sin ninguna justificación técnica. Eso no puede ocurrir en una democracia. Este proyecto busca cerrar definitivamente ese espacio de abuso”.

Finalmente, la parlamentaria destacó que la iniciativa cuenta con el respaldo de la ANEF Coquimbo y de diversas asociaciones del sector público, e hizo un llamado a las fuerzas del progresismo a sumarse como coautoras para fortalecer el proyecto durante su tramitación legislativa.