
El 26 de octubre, la Contraloría General de la República resolvió oficiar a la Superintendencia de Pensiones, esto luego de la pérdidas millonarias en los Fondos E de las AFP y una denuncia presentada por el concejal de Ñuñoa, Andrés Argandoña. Entre los antecedentes requeridos se mencionan fiscalización al sistema, análisis de riesgo y registros de las reuniones con las AFP.
El pasado 26 de octubre, la Contraloría General de la República resolvió oficiar a la Superintendencia de Pensiones, esto luego de la pérdidas millonarias en los Fondos E de las AFP. Según los antecedentes a los que tuvo acceso Contrapoder Chile, lo anterior surgió tras una denuncia del concejal de Ñuñoa Andrés Argandoña, quien solicitó al ente fiscalizador revisar si la Superintendencia realizó todas las acciones de fiscalización y seguimiento que le correspondían frente a los riesgos de inversión del Fondo E, que acumula una caída real de 10,39% entre enero y septiembre de 2026.
Incluso, Argandoña planteó reconstruir qué advertencias recibió el regulador sobre las posiciones de los fondos en derivados, incluidas las del Banco Central, y qué decidió respecto a ellas.
“Revisar cómo hizo seguimiento de sus propias normas: el límite de exposición fijado en abril (Res. 549) y los plazos de adecuación modificados en octubre (Res. 1.359). Requerir expedientes, análisis de riesgo y registros de las reuniones con las AFP”, se lee en los detalles de dicha denuncia.
Por su parte, el concejal conversó con Contrapoder Chile quien sostuvo que, el Fondo E es el más conservador del sistema, y en Ñuñoa hay muchos vecinos y vecinas cerca de jubilarse, que no tienen tiempo para recuperar un ahorro que cae.
“No puede perder más de 10% en nueve meses sin que nadie explique quién estaba mirando. Las AFP tienen que dar explicaciones, pero el Estado también: la Superintendencia existe para fiscalizar lo que se hace con los ahorros de la gente. Por eso fui a Contraloría. Si hubo advertencias y no se actuó a tiempo, mis vecinos tienen derecho a saberlo”, afirmó Argandoña.
Finalmente, la Contraloría le dio un plazo de 10 días hábiles a la Superintendencia de Pensiones para responder al oficio emitido y entregar la documentación solicitada.