Desinformación: Una deuda con nuestra democracia

Por Nathalie Castillo, diputada

Las revelaciones en torno a Fernando Cerimedo y el hallazgo de una denominada “granja de bots” volvieron a poner sobre la mesa una discusión que Chile ha postergado: el impacto de las redes de desinformación en el debate público y nuestra democracia.

La desinformación hoy tiene una capacidad de propagación inédita. Basta un teléfono para producir y multiplicar contenidos en segundos. A ello se suma el uso de la IA, que permite generar imágenes, audios y videos cada vez más difíciles de distinguir de contenidos reales.

Durante años hemos advertido sobre el uso malicioso de información falsa o tergiversada, especialmente en períodos electorales. Muchas veces esas alertas fueron relativizadas o calificadas como exageraciones. Sin embargo, hoy sabemos que detrás de determinados contenidos pueden existir estructuras organizadas, recursos y tecnología destinados a instalar artificialmente una conversación, desacreditar a una persona o influir en la opinión pública. En esta materia, Chile sigue estando al debe legislativamente. El fenómeno avanza mucho más rápido que nuestras instituciones y no hemos tenido la voluntad política suficiente para enfrentarlo.

La paradoja es evidente: en 2024 Chile fue sede, junto a la UNESCO, de la 31ª Conferencia del Día Mundial de la Libertad de Prensa, un encuentro internacional donde se discutieron la libertad de expresión, el pluralismo y los desafíos que enfrentan los medios y las democracias ante las transformaciones del ecosistema informativo. Tuvimos el debate mundial en nuestro propio país y conocimos diagnósticos y experiencias internacionales, pero esa preocupación no se tradujo en avances legislativos concretos.

En ese sentido, es necesario retomar la discusión sobre una ley de medios moderna, democrática y gradual. Regular no es censurar. Tampoco se trata de que un gobierno determine qué puede decirse o establezca una verdad oficial. Se trata de fortalecer el pluralismo, abordar la concentración de la propiedad, promover los medios regionales, locales, comunitarios e independientes y garantizar mayor transparencia sobre propiedad y financiamiento.

Una legislación del siglo XXI, además, no puede ignorar a las plataformas digitales. Debemos discutir reglas de transparencia para la publicidad política y los contenidos pagados, así como mecanismos que permitan identificar operaciones coordinadas mediante bots, cuentas falsas o sistemas de amplificación artificial. Porque cuando una mentira puede multiplicarse miles de veces hasta aparentar ser una opinión mayoritaria, dejamos de estar únicamente frente a un problema comunicacional. Estamos frente a un problema democrático.

La libertad de expresión debe proteger plenamente el derecho a expresarse, disentir, investigar, informar y cuestionar al poder. Precisamente por eso, cualquier regulación debe construirse sobre garantías democráticas, ser aplicable a todos independientemente de quién gobierne y resguardar el pluralismo como un principio esencial.

El desafío es establecer reglas allí donde hoy existen importantes asimetrías de poder: saber quién financia, quién está detrás de determinadas operaciones comunicacionales y cuándo una conversación aparentemente espontánea está siendo amplificada artificialmente.

Pero la legislación, por sí sola, no basta. Este desafío requiere también una ciudadanía crítica e informada. La alfabetización mediática y digital debe entregar capacidades para identificar fuentes, contrastar información, reconocer mecanismos de manipulación y evaluar críticamente los contenidos antes de contribuir a su circulación. Reducir la propagación de desinformación es también una responsabilidad ciudadana y una condición para una deliberación democrática de mayor calidad.

Chile no puede seguir llegando tarde a esta discusión. Es momento de pasar del diagnóstico a la acción. El Congreso y el Estado deben asumir su responsabilidad; los medios y las plataformas digitales, la suya; y la ciudadanía debe contar con las herramientas necesarias para desenvolverse críticamente en este nuevo ecosistema informativo que se nos presenta. Ya conocemos los riesgos. Lo que falta es voluntad política para avanzar. Más libertad de expresión, más pluralismo, más transparencia y una ciudadanía mejor informada no son objetivos contrapuestos: son pilares de una democracia más fuerte.