Dominga y la corrupción ambiental: el peligro de desregular Chile para favorecer al poder económico

Por Nathalie Castillo, diputada por la Región de Coquimbo

El caso Dominga vuelve a demostrar algo que las comunidades vienen denunciando por años: cuando el poder económico presiona por acelerar proyectos a cualquier costo, quienes terminan pagando las consecuencias son las familias, el medio ambiente y la confianza pública en las instituciones.

Lo hemos dicho mil veces, no se trata de un megaproyecto que impacta al Archipiélago de Humboldt también ha destacado por  sus redes de influencia, conflictos de interés y actos de corrupción vinculados a decisiones judiciales y actores relacionados con la tramitación de Dominga.

Y esto ocurre en un momento particularmente peligroso para Chile. Mientras se conocen nuevos antecedentes y querellas al proyecto, el gobierno y la derecha impulsan una ley miscelánea profundamente regresiva que busca flexibilizar permisos, debilitar controles y desregular la institucionalidad ambiental.  Pretenden disminuir la capacidad del Estado para fiscalizar a grandes grupos económicos y reducir herramientas de protección para las comunidades y ecosistemas.

Lo denunciamos en la tramitación de la megareforma cuando existen sospechas de corrupción lo mínimo es fortalecer la transparencia, aumentar los controles y robustecer la institucionalidad ambiental. Pero ocurre exactamente lo contrario: quieren acelerar aprobaciones, limitar revisiones y reducir exigencias ambientales en favor del poder económico en Chile.

Como diputada de la Región de Coquimbo, preocupa que nuevamente se pretenda instalar la falsa idea de elegir entre empleo o protección ambiental. Esa es una trampa que ya conocemos bien. Las vecinas y vecinos de La Higuera, pescadores artesanales, trabajadores del turismo, mujeres recolectoras, científicos y organizaciones ambientales llevan años defendiendo su territorio porque saben que Dominga pone en riesgo no sólo la biodiversidad marina, sino también actividades económicas sustentables que sostienen a cientos de familias.

La Higuera no necesita transformarse en una zona de sacrificio. Lo que necesita es más inversión pública real y sostenida: acceso al agua, fortalecimiento de la salud rural, conectividad, infraestructura, apoyo a la pesca artesanal, turismo sustentable y oportunidades concretas.

La querella presentada por la Greenpeace Chile es de tremenda relevancia, porque vuelve a poner sobre la mesa antecedentes que no pueden esconderse bajo discursos de crecimiento económico. Si las organizaciones ambientales, comunidades y expertos coinciden en advertir riesgos institucionales y ambientales, el Estado tiene la obligación de escuchar y actuar con responsabilidad.