El Estado como botín: Cómo el vocero de Cathy Barriga llegó a dirigir el Diario Oficial

Por Miguel Ángel Yáñez, abogado de DD.HH y cofundador de Contrapoder Chile

El Estado no se derrumba de un día para otro. No cae con estruendo ni con una gran crisis visible. Se desgasta en silencio. Se va vaciando desde dentro, nombramiento tras nombramiento, hasta que sus instituciones dejan de pertenecerle a la ciudadanía y comienzan a responder a redes de poder que operan con lógica propia.

Lo que hoy ocurre con el nombramiento de Giovanni Calderón como director del Diario Oficial no es un hecho aislado. No es una simple designación administrativa. Es una señal. Una más, dentro de un patrón que se repite con demasiada frecuencia como para seguir mirándolo con ingenuidad.

Porque Calderón no llega desde la neutralidad técnica ni desde la especialización en fe pública. Llega desde la política. Desde la militancia. Desde una trayectoria marcada por su rol como operador y exdiputado de la UDI. Y también —porque es imposible omitirlo— desde un entorno vinculado al caso de Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, hoy acusada en una de las investigaciones por corrupción municipal más graves de los últimos años.

Pero aquí ya no se trata de opiniones ni de percepciones. Se trata de hechos que han sido puestos sobre la mesa por la propia Fiscalía. Un perjuicio fiscal que supera los 32 mil millones de pesos. Un sistema de administración que, según la acusación, no solo era deficiente, sino estructuralmente diseñado para eludir controles, ocultar información y seguir gastando recursos públicos sin respaldo real.

Y sin embargo, lo más revelador no está solo en los números ni en los mecanismos contables. Está en cómo se ejercía el poder.

La declaración de Luis Japaz —quien estuvo dentro, en el corazón de la administración— permite asomarse a esa lógica con una claridad incómoda. No habla de errores ni de desorden. Habla de control. De decisiones que pasaban directamente por la alcaldesa. De una autoridad que, según su propio relato, sabía lo que ocurría, recibía información constante y definía el curso de acción más allá de las advertencias técnicas.

No es la historia de una administración que perdió el rumbo. Es la historia de una administración donde el rumbo lo definía una voluntad política que no estaba dispuesta a someterse a límites.

Japaz describe un ambiente donde los problemas presupuestarios eran conocidos, donde existían alertas, donde los equipos técnicos advertían riesgos, pero donde esas advertencias no cambiaban nada. Porque el poder ya había tomado otra forma. Una forma donde lo institucional se subordinaba a lo personal, donde lo técnico quedaba desplazado por lo político.

Y esa lógica no se quedaba en las grandes decisiones. Bajaba a lo cotidiano. A contrataciones sin justificación pública, a funciones que no respondían al interés municipal, a dinámicas internas marcadas más por la lealtad que por la función. Incluso, según su relato, a la mantención de personas en cargos no por necesidad del servicio, sino por el temor a que hablaran.

Ese es el punto en que la corrupción deja de ser solo un delito y se transforma en una forma de organización del poder.

Por eso este nombramiento no puede leerse como un hecho aislado ni neutro. Porque cuando alguien vinculado a ese entorno —aunque no esté formalmente imputado— accede a un cargo estratégico del Estado, lo que está en juego no es solo su currículum, sino la confianza pública.

Y el Diario Oficial no es cualquier institución. Es el lugar donde el poder se convierte en norma. Donde una decisión administrativa se transforma en obligación jurídica. Donde el Estado adquiere voz formal y vinculante.

Sin publicación, no hay ley exigible. Sin Diario Oficial, no hay certeza jurídica. Y sin certeza jurídica, lo que se erosiona no es solo una institución, sino la base misma del Estado de Derecho.

Por eso el problema no es solo quién llega, sino desde dónde llega.

Porque lo que estamos viendo no es casual. Es parte de una lógica más amplia, donde ciertos sectores políticos instalan un discurso de deslegitimación del Estado —lo presentan como ineficiente, sobredimensionado, fallido— mientras, al mismo tiempo, avanzan silenciosamente en ocupar sus espacios más sensibles.

No es contradicción. Es estrategia.

Se debilita el Estado hacia afuera para justificar su captura hacia adentro.

En ese contexto, el caso Barriga deja de ser un episodio aislado y pasa a ser un síntoma. Un ejemplo concreto de cómo se construyen redes de poder que no desaparecen cuando son expuestas, sino que se transforman, se reubican y continúan operando en otros niveles.

No hay quiebre. Hay continuidad. No hay sanción política real. Hay reciclaje.

Y ahí es donde este nombramiento adquiere su verdadero significado. Porque ya no se trata solo de una persona, sino del tipo de Estado que estamos permitiendo que se configure.

Uno donde las instituciones resguardan la fe pública, o uno donde se transforman en espacios de administración de intereses políticos.

Uno donde el mérito y la independencia importan, o uno donde lo decisivo es la cercanía y la lealtad.

El problema, en el fondo, no es jurídico. Es político. Y también es cultural.

Es la normalización de una forma de entender el poder como botín.

Y frente a eso, la pregunta es inevitable: ¿en qué momento dejamos de sorprendernos?

Porque cuando la corrupción deja de escandalizar, cuando los nombramientos cuestionables se vuelven rutina, cuando la desconfianza se instala como regla, el daño ya no es futuro. Es presente.

Hoy es el Diario Oficial. Ayer fueron las municipalidades. Mañana serán otras instituciones que sostienen la democracia sin que necesariamente las veamos.

Así opera la captura del Estado. No con grandes quiebres, sino con decisiones que parecen normales, pero que, acumuladas, terminan cambiándolo todo.

Y en ese escenario, el silencio no es neutral.

El silencio también es parte del problema.