
Según una resolución de la División Jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales- a la que tuvo acceso Contrapoder Chile-, se decidió dejar sin efecto la Unidad Funcional de Pueblos Indígenas, la que tenía como objetivo asegurar la pertinencia territorial, otorgar certeza jurídica sobre tierras ancestrales y facilitar el acceso a programas de vivienda a comunidades. Lo anterior, tras una instrucción del Ministerio de Hacienda de disminuir el gasto público y fortalecer la austeridad.
Durante la tarde de este jueves 19 de marzo, se reveló que el Gobierno de José Antonio Kast solicitó la renuncia del superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, quien estaba en el cargo desde la Presidencia de Gabriel Boric. Lo anterior, ocurrido en el contexto de la sanción a la Universidad San Sebastián, por las contrataciones de Marcela Cubillos y Arturo Squella, líder del Partido Republicano.
Sin embargo, este no es el único cambio que ha experimentado este nuevo gobierno en menos de 24 horas.
Según una resolución de la División Jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales -que data del 19 de marzo-, se decidió dejar sin efecto la Resolución Exenta N°1534 del 14 de julio de 2017, la que tuvo como propósito crear la Unidad Funcional de Pueblos Indígenas de dicho ministerio, encargada de gestionar, identificar y regularizar la ocupación de bienes fiscales con intereses indígenas, siendo su objetivo principal “asegurar la pertinencia territorial, otorgar certeza jurídica sobre tierras ancestrales y facilitar el acceso a programas de vivienda o desarrollo para comunidades”.
“El Ministerio de Hacienda ha impartido instrucciones orientadas a fortalecer las medidas de austeridad fiscal y racionalización del gasto público, lo que hace necesario revisar la estructura organizacional de los
servicios públicos, con el objeto de optimizar el uso de los recursos disponibles (…) Que los instrumentos citados en la resolución que creó la Unidad Funcional de Pueblos Indígenas -tales como tratados internacionales ratificados por Chile, normativa interna y políticas públicas sectoriales- constituyen obligaciones del Estado de Chile y forman parte del ordenamiento jurídico vigente”, se lee en el documento al que este medio tuvo acceso.

Ante esto, en el documento se aclara que una modificación de la organización funcional del Ministerio no afecta la vigencia ni el cumplimiento de los compromisos institucionales del Estado en materias indígenas, los cuales continúan siendo obligatorios para dicho Ministerio.
Finalmente, el Ministerio de Bienes Nacionales instruyó a las divisiones y unidades de adoptar las medidas administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en esta resolución, es decir, dejar sin efecto la Unidad Funcional de Pueblos Indígenas, y actualizar el organigrama institucional.