¿Kast culpa al Tribunal Constitucional de la delincuencia?

Por Ana María Gazmuri, diputada

Chile enfrenta un problema de seguridad real y grave. Precisamente por eso necesitamos soluciones eficaces y no excusas para debilitar las instituciones que sostienen nuestra democracia.

La reforma constitucional impulsada por el gobierno de José Antonio Kast no es una modificación puntual para perseguir mejor al crimen organizado. Propone ocho cambios constitucionales, un nuevo estado de excepción de seguridad pública y nuevas facultades para el Ejecutivo. Pero hay algo que resulta especialmente preocupante: el propio Gobierno presenta al Tribunal Constitucional como parte del problema de seguridad del país.

El mensaje presidencial cuestiona una jurisprudencia que, a su juicio, habría interpretado de manera excesivamente garantista los derechos fundamentales y reducido el espacio del legislador para adoptar políticas de seguridad. Y la respuesta es modificar la Constitución: el propio proyecto señala que busca cambiar “el parámetro sobre el cual dicho control ha de operar”.

Durante la campaña, Kast construyó buena parte de su relato responsabilizando al gobierno de Boric por la crisis de seguridad. Hoy, ya instalado en La Moneda, aparece un nuevo responsable: el Tribunal Constitucional. Si antes el problema era el gobierno anterior, ahora parecen ser las instituciones que ponen límites al poder. Y eso merece una pregunta: ¿cuánto de este diagnóstico responde realmente a las dificultades para enfrentar el crimen organizado y cuánto a la necesidad de encontrar un responsable externo cuando las promesas de seguridad chocan con la realidad?

El borrador filtrado era todavía más explícito y contenía disposiciones destinadas a cerrar determinados flancos de impugnación constitucional. Esas normas fueron retiradas del proyecto final, y es correcto reconocerlo. Pero el enfoque permanece: cuando los límites constitucionales incomodan determinadas políticas de seguridad, la respuesta del Gobierno es modificar esos límites. Eso debería preocuparnos a todos, independientemente de nuestra posición política.

Porque aquí aparece un segundo problema: lo que se está construyendo se parece peligrosamente a una concepción iliberal del poder. Un gobierno puede ser elegido democráticamente y, aun así, intentar debilitar progresivamente los contrapesos que limitan su poder. La democracia no consiste solamente en ganar elecciones. También consiste en aceptar que existen derechos, tribunales, Congreso y reglas que incluso una mayoría debe respetar.

Y el nuevo estado de excepción, que impulsa el gobierno de Kast, lleva esta discusión todavía más lejos. Se trata de un régimen que ampliaría de manera significativa las facultades del Ejecutivo durante su vigencia, que puede llegar a ocho meses sin requerir autorización del Congreso Nacional, permitiendo restringir derechos y libertades fundamentales bajo un estándar excepcional y otorgando al Estado herramientas de control especialmente intrusivas. El proyecto permitiría, durante su vigencia, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones. Detengámonos un segundo en eso.

Todas las personas tenemos conversaciones privadas. Todos tenemos secretos. Todos tenemos cosas que no queremos compartir con nadie: Una conversación con nuestra pareja, un mensaje a alguna amistad, una conversación familiar, información laboral, una preocupación íntima. ¿Queremos realmente entregarle a un gobierno la posibilidad de entrar a ese nivel de nuestra vida privada sin que exista siquiera una sospecha individual de delito?

Para combatir al crimen organizado, ¿estamos disponibles para construir un Estado con capacidad de entrar en la intimidad de personas completamente inocentes? Porque existe una ilusión peligrosa: creer que las restricciones siempre recaerán sobre otros, sobre quienes “lo merecen”, sobre quienes consideramos lejanos a nuestra propia vida. Pero una vez que entregamos ese poder al Estado, no podemos escoger sobre quién se utilizará mañana. La historia está llena de personas que apoyaron medidas pensando que nunca las afectarían y terminaron descubriendo, demasiado tarde, que las reglas también eran para ellas.

La seguridad no se construye otorgándole al poder la capacidad de verlo y escucharlo todo. Se construye con inteligencia policial, siguiendo la ruta del dinero (algo a lo que, sospechosamente, el oficialismo se ha opuesto permanentemente), coordinación institucional, cárceles capaces de impedir que las organizaciones criminales sigan operando y policías con herramientas eficaces.

Un Estado fuerte no es un Estado que puede hacer cualquier cosa. Es un Estado que tiene capacidad para combatir al crimen y, al mismo tiempo, límites que ni siquiera el propio Gobierno puede saltarse.

El Tribunal Constitucional no es el enemigo. Puede ser criticado y su diseño puede reformarse. Pero los contrapesos no existen para favorecer a la izquierda ni a la derecha. Existen porque ninguna mayoría circunstancial debería tener la posibilidad de decidir por sí sola cuáles son los límites de su propio poder.

Kast tiene derecho a gobernar. Tiene derecho a impulsar políticas de seguridad. A lo que no tiene derecho es a decidir unilateralmente cuánto poder puede ejercer sobre cada persona en Chile.

El crimen organizado amenaza al Estado de Derecho. Pero un Estado que, para combatirlo, comienza a debilitar sus propios controles también puede terminar amenazandolo. Necesitamos seguridad, sí. Pero también necesitamos democracia. Y ambas cosas son inseparables.