Los problemas de utilizar La Moneda como un bien particular

Por Miguel Ángel Yáñez, abogado de DD.HH y cofundador de Contrapoder Chile

Hay gestos que revelan más que mil discursos. No porque sean ilegales por sí mismos, sino porque muestran con claridad cómo una élite entiende el poder. En política, los símbolos importan. Y uno de esos símbolos es el Palacio de La Moneda.

La Moneda no es una casa. No es un palacio familiar. No es una residencia privada. Es el centro del poder republicano chileno, un edificio que encarna la historia institucional del país y que, después del bombardeo del 11 de septiembre de 1973, quedó marcado para siempre como un espacio cargado de significado político, democrático y también trágico.

Por eso resulta legítimo preguntarse si es compatible con el espíritu de la República que el Presidente de la República y su cónyuge transformen ese lugar en una residencia familiar permanente. No se trata de una discusión sobre comodidad o tradición protocolar. Se trata de una cuestión más profunda: la relación entre el poder y el Estado.

El Estado no pertenece a quienes lo administran. Tampoco a quienes ganan una elección. El Estado pertenece a la comunidad política completa.

Por eso la Constitución establece algo fundamental: el ejercicio de las funciones públicas está sometido al principio de probidad. No es una frase decorativa. Es una regla estructural de la democracia. Significa que quienes ejercen poder deben hacerlo con una conducta intachable y siempre anteponiendo el interés general por sobre cualquier interés particular.

Ese estándar no es exclusivo del Presidente. Es el mismo que se exige a cualquier funcionario público en Chile.

Un funcionario del Estado no puede utilizar bienes fiscales como si fueran propios. Si necesita vivienda cerca de su lugar de trabajo, debe arrendarla o financiarla con sus propios recursos, como lo hace cualquier trabajador del sector público. El principio es simple: el Estado no está para resolver necesidades privadas de quienes ejercen poder.

Por eso surge una pregunta evidente en este caso: si el Presidente de la República necesita residir cerca del centro político del país, ¿por qué no arrienda una vivienda con sus propios recursos, como lo haría cualquier funcionario público? ¿Por qué utilizar el Palacio de La Moneda, un edificio institucional financiado por todos los chilenos, como vivienda particular?

La pregunta no es menor. Porque cuando los bienes públicos comienzan a utilizarse para fines privados, la frontera entre el Estado y el patrimonio personal del gobernante empieza a diluirse.

Ese mismo principio de probidad se vuelve aún más delicado cuando aparecen vínculos familiares dentro de la estructura del poder.

La eventual contratación de un pariente del Presidente en estructuras vinculadas a la Presidencia o al entorno institucional de la llamada Primera Dama abre una pregunta inevitable: ¿estamos frente a una designación basada en mérito o frente a una forma de nepotismo?

En Chile conocemos bien esa historia.

Durante décadas criticamos a las dictaduras latinoamericanas porque confundían el Estado con el patrimonio familiar del gobernante. El poder se llenaba de primos, cuñados, sobrinos y amigos. Las oficinas públicas se convertían en extensiones domésticas del poder político.

Las democracias se construyen justamente para evitar eso. Por eso existen normas de probidad, reglas de incompatibilidad y organismos de control como la Contraloría General de la República. Su función no es molestar al poder, sino recordar algo básico: en una república nadie es dueño del Estado.

La pregunta de fondo, entonces, no es solo jurídica. Es ética y política.

¿Qué señal se envía al país cuando el poder comienza a comportarse como si los espacios institucionales fueran patrimonio familiar? ¿Qué mensaje recibe la ciudadanía cuando el entorno presidencial se llena de vínculos personales?

La política chilena atraviesa una crisis profunda de legitimidad. Las personas sienten que las élites viven en un mundo separado, donde las reglas que rigen para el resto no siempre se aplican a quienes gobiernan.

Por eso la probidad no puede ser un discurso. Tiene que ser una práctica visible.

La Contraloría tendrá que pronunciarse jurídicamente sobre estas situaciones. Pero más allá de los dictámenes administrativos, lo importante es la señal que se entrega al país.

En democracia, el poder no se habita como una casa.

Se ejerce como un mandato temporal.

Y quien gobierna debe recordar siempre algo esencial: La Moneda no es del Presidente, es de Chile.