
Por Gregorio Morgunovsky, ingeniero civil mecánico
Una operaria de caja en el retail. Un conductor de camión en faenas mineras. Un asistente administrativo en una oficina pública. Todos realizan tareas repetitivas, organizadas y predecibles. Y todos podrían ver su empleo alterado, rediseñado o eliminado en cualquier momento: son trabajos que cumplen exactamente las condiciones que facilitan su reemplazo con las tecnologías que ya existen y que se perfeccionarán en el futuro. Quizás será pronto, quizás en muchos años, pero es inevitable. Esto no es una amenaza, es una transformación real que se aproxima, y para la que Chile debería estar preparándose desde ya.
Hoy, más del 45% de las tareas laborales en Chile podrían ser automatizadas con tecnologías ya disponibles. Estudios coinciden en que entre 2 y 4,4 millones de trabajadores podrían verse afectados en el mediano plazo. Servicios, comercio, minería, transporte y logística concentran millones de empleos y ya muestran señales tempranas de automatización. Pero este cambio no impactará a todos por igual: afectará sobre todo a mujeres, más presentes en empleos de menor calificación, a personas mayores y a quienes trabajan en ocupaciones más precarizadas.
Mientras tanto, en países como Corea del Sur, Alemania, Francia y otros, el futuro del trabajo es un tema prioritario en las agendas públicas. En Chile, en cambio, la conversación apenas existe. Se acumulan iniciativas como la Estrategia Chile Digital 2035 (una iniciativa del Senado que no ha cumplido con sus propias metas) y leyes como la de Transformación Digital del Estado, el Marco de Ciberseguridad o la Ley de Protección de Datos Personales, que modernizan trámites, regulan datos y fortalecen la seguridad digital, pero no abordan directamente lo que está en juego para millones de trabajadores.
Chile debe gobernar esta transformación antes de que sus consecuencias sean inevitables. Esto no significa detener la digitalización, sino dirigirla: diseñar rutas reales de reconversión laboral, garantizar derechos básicos en las nuevas formas de trabajo, proteger a quienes serán más vulnerables y crear condiciones para que la digitalización no solo reparta oportunidades, sino también impulse un nuevo modelo de desarrollo que incluya a todos los territorios y personas.
El desafío es permitir la inversión, atraer innovación y desplegar tecnología, pero al mismo tiempo proteger el trabajo humano. Sin un plan serio y anticipado, el riesgo es que esta revolución profundice las desigualdades de género, edad, formación y territorio, y deje fuera precisamente a quienes ya enfrentan más barreras para entrar al mundo laboral.
El cambio ya comenzó.
Chile puede elegir anticiparse o llegar tarde.
Llegar tarde es profundizar un modelo que ya excluye a muchos.