
Por Lily Zúñiga, escritora, periodista y exjefa de prensa de la UDI
El proceso de conformación del gabinete de José Antonio Kast no ha estado exento de críticas ni controversias en esta primera semana de enero de 2026. Aunque el anuncio oficial está fijado para el próximo 20 de enero, los nombres que ya han comenzado a circular han abierto un intenso debate público y político.
Uno de los más discutidos es el del mediático arquitecto y urbanista Iván Poduje. Su eventual incorporación al gobierno ha generado cuestionamientos transversales, principalmente por su conocido estilo confrontacional. El senador democratacristiano Iván Flores llegó incluso a calificarlo como una figura “violenta”, advirtiendo sobre los riesgos de investirlo como secretario de Estado.
Las dudas no provienen únicamente desde la oposición. Al interior del propio sector del presidente electo se han manifestado reparos ante un posible nombramiento de Poduje en el Ministerio de Vivienda, al que algunos han descrito como un verdadero “disparo en los pies”.
A estas aprensiones se suma un nuevo antecedente: la reciente orden de la Contraloría General de la República que obliga a la exalcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, a restituir más de $1.122 millones por el perjuicio financiero detectado durante su administración, episodio que vuelve a situar a Poduje en el centro de la polémica.
Durante 2024, el arquitecto fue duramente criticado por relativizar las acusaciones de corrupción que pesaban sobre Reginato, inhabilitada por notable abandono de deberes, al subrayar que no existía una condena penal en su contra. Esa defensa fue leída por muchos como una protección a su entorno político y se convirtió en un flanco durante su reciente campaña electoral.
Según un reportaje del medio El Ciudadano publicado en octubre de 2024, la Municipalidad de Viña del Mar firmó en agosto de 2007 un contrato con la empresa de Poduje para desarrollar una consultoría destinada a transformar el estero Marga Marga en un eje urbano para la ciudad. El proyecto, bautizado como “Margamar”, contemplaba ciclovías, áreas verdes y desarrollo inmobiliario. Sin embargo, nunca se concretó.
El costo estimado, cercano a los 100 millones de dólares, resultó inviable para el Estado y el plan fue abandonado por falta de financiamiento. Pese a ello, se confirmó el pago de más de 3 millones de dólares asociados a esta iniciativa. De acuerdo con la denuncia, Poduje habría recibido $11.500.000, recursos que terminaron formando parte de las pérdidas de este frustrado proyecto urbano.
A estos antecedentes se suma una demanda civil presentada en julio de 2025 por el Consejo de Defensa del Estado, que exige la restitución de más de 12 millones de pesos. El CDE sostiene que Poduje habría cobrado honorarios como consejero de Concesiones del MOP sin cumplir con el requisito legal de ser académico activo en ese período. Asimismo, se le cuestiona por una eventual dualidad de funciones en 2016, cuando habría ejercido simultáneamente como asesor del ministerio y como experto técnico en proyectos de infraestructura.
Desde el entorno del Presidente electo se ha insistido en que la nueva administración aplicará altos estándares de transparencia, mérito y probidad en la conformación de su equipo. Sin embargo, aunque la demanda contra Poduje es de carácter civil y no penal, diversos críticos advierten que nombrar a un ministro que mantiene un litigio pendiente con el mismo Estado que debería representar tensiona seriamente el relato de “orden y manos limpias” con el que Kast llegó a La Moneda.
A esto se agrega un reportaje de CIPER Chile que reveló que Poduje mantuvo contactos y coordinaciones con cuentas anónimas en redes sociales, los llamados “trolls”, dedicadas a difundir ataques contra figuras políticas como Evelyn Matthei y Jeannette Jara. Si bien el urbanista reconoció esos vínculos, volvió a minimizar su relevancia.
El perfil de Iván Poduje, en consecuencia, presenta más sombras que certezas. Y esas sombras contrastan con el discurso de transparencia y probidad que ha sido uno de los principales capitales políticos del presidente recién electo. Casos como el de Jorge Quiroz, cuestionado por su rol como asesor en emblemáticos episodios de colusión y, aun así, respaldado plenamente por Kast para asumir como ministro de Hacienda, permiten anticipar que los antecedentes del arquitecto de la Universidad Católica de Valparaíso podrían no ser considerados un “riesgo”, sino un costo asumible.
En ese contexto, no sería sorprendente que Iván Poduje termine siendo nombrado ministro de una cartera tan sensible y estratégica como la de Vivienda, aun cuando su historial parezca contradecir, precisamente, aquello que el nuevo gobierno promete encarnar.