Un hecho bajo investigación: El caso de Bernarda Vera y la revancha del negacionismo

Por Miguel Ángel Yáñez, abogado de DD.HH y cofundador de Contrapoder Chile

El reportaje de CHV que plantea que Bernarda Vera, hasta ahora considerada detenida desaparecida, estaría viva en Argentina, ha encendido el debate público. Si se confirma, será un hecho grave, que exige investigación seria y sanciones. Pero hay algo que debe quedar claro desde el principio: un caso aislado no borra la magnitud del horror dictatorial ni da licencia para relativizar los crímenes de lesa humanidad cometidos en Chile.

Un hecho aislado bajo investigación

El gobierno ya advirtió que, hasta ahora, no existen pruebas concluyentes sobre la supuesta “falsa desaparecida”. Y que este episodio sería excepcional dentro del Plan Nacional de Búsqueda. Esa cautela es clave: solo una investigación con rigor —documental, judicial y forense— puede establecer la verdad. Lo contrario sería caer en el juego del sensacionalismo.

La derecha, sin embargo, parece haber encontrado en este caso un festín discursivo. Desde tribunas parlamentarias y medios afines se busca instalar la idea de una “cadena de falsos desaparecidos”, con el objetivo político de poner en duda toda la verdad histórica sobre la dictadura.

Ese intento no es ingenuo. Forma parte de una estrategia de revisionismo que pretende deslegitimar el trabajo de los organismos de derechos humanos, relativizar sentencias judiciales firmes y, en última instancia, lavar la imagen de un régimen responsable de torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas.

La verdad documentada: Informe Rettig y justicia chilena

La dictadura de Pinochet dejó una huella registrada en documentos oficiales que nadie puede borrar. El Informe Rettig, publicado en 1991, recogió más de dos mil casos de ejecución y desaparición, con testimonios, documentos y evidencias verificadas. A ello se suma la acción de los tribunales, que en decenas de fallos han establecido la existencia de secuestros, homicidios y desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, declarando responsables a agentes del Estado.

¿Puede un caso como el de Bernarda Vera poner en entredicho esa verdad histórica y judicial? La respuesta es categórica: no.

El deber de la memoria

Es ofensivo para las familias que todavía buscan a sus seres queridos insinuar que la desaparición forzada es un invento o que las cifras son manipuladas. Muchas víctimas fueron dinamitadas, arrojadas al mar o enterradas en fosas clandestinas. Los restos recuperados, las condenas dictadas y la verdad reconocida internacionalmente lo confirman: la desaparición forzada en Chile fue una política sistemática, no un error estadístico.

No al revisionismo

Si hubo un error en el registro de Bernarda Vera, el Estado debe reconocerlo y corregirlo. Pero la derecha no puede —ni debe— usar este hecho para relativizar el dolor de miles de familias. La memoria histórica no es moneda de cambio en la disputa política. Es un deber democrático, un compromiso con la verdad y una garantía de no repetición.

El caso Vera requiere investigación, no manipulación. La dictadura dejó heridas reales, probadas y documentadas. Y esa verdad no se borra con un titular.