Adelita Ravanales: Una de las ministras que salvó a Ulloa, mientras su esposo es administrador judicial pese inhabilidad

Por Miguel Ángel Yáñez, abogado de DD.HH y cofundador de Contrapoder Chile

En Chile, la corrupción dejó hace rato de ser un rumor en los pasillos del Congreso o en los negocios turbios de los poderosos. Hoy, sus tentáculos alcanzan el corazón de la institucionalidad: el Poder Judicial y a una de las ministras que salvó al cuestionado ministro Antonio Ulloa. El dato revelado por El Ciudadano -el nombramiento del esposo de la ministra de la Corte Suprema Ángela Ravanales como administrador judicial pese a estar inhabilitado por ley- confirma que el problema no es la excepción, sino la regla.

Luis Werner, exmilitar y pareja de la ministra, fue designado en un cargo administrativo clave en el Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. La ley es clara: el artículo 260 del Código Orgánico de Tribunales prohíbe que familiares de ministros o ministras sean nombrados en funciones dentro del escalafón judicial. Pero nada de eso importó. En un sistema donde los favores pesan más que las normas, las inhabilidades se vuelven letra muerta.

Este no es un error administrativo. Es un síntoma profundo de captura institucional, una muestra de cómo las redes de poder -familiares, políticas, corporativas- se entrelazan para mantener privilegios, incluso a costa de la legitimidad de la justicia. Lo más grave es que todo ocurre en silencio, bajo la alfombra del respeto institucional, mientras el discurso oficial sigue repitiendo que “la justicia es independiente”.

El Poder Judicial bajo sospecha

La ministra Ravanales, mientras tanto, preside la comisión encargada de redactar el nuevo Código de Ética Judicial. Ironía pura: quien debería ser ejemplo de imparcialidad encabeza una instancia ética en medio de un caso que cuestiona justamente la probidad y la independencia judicial.

¿De qué ética hablamos cuando la propia Corte guarda silencio? ¿Qué independencia puede defender un poder que no se atreve a mirarse al espejo?

La descomposición no empieza ni termina en un nombre. Es un sistema cerrado, donde los jueces se evalúan entre sí, donde los sumarios se pierden en los cajones, donde el castigo a la corrupción es la excepción y la complicidad, la norma. Este caso es solo una grieta más en un edificio que lleva años resquebrajándose por dentro.

Democracia en riesgo

Cuando los tribunales dejan de ser confiables, la democracia entera se tambalea. Porque sin justicia independiente, no hay Estado de Derecho, no hay protección para los débiles, no hay límite para los abusos del poder.

Chile ya ha vivido lo suficiente como para entender lo que ocurre cuando las instituciones se arrodillan ante los poderosos. La historia reciente está llena de jueces que callaron frente a la dictadura, que firmaron sentencias para blanquear crímenes de Estado, que validaron despidos, persecuciones y montajes. Hoy, esa misma cultura de impunidad reaparece, disfrazada de tecnicismo y formalidad.

Y mientras el Poder Judicial se encierra en su torre de mármol, la corrupción avanza, se normaliza, se institucionaliza. Porque cuando los jueces dejan de ser justos, los corruptos ya ganaron.