Como el del director de Sernac: Diputada Gazmuri pide agilizar sumarios tras alerta de Contraloría por cientos de suspensiones prolongadas

La parlamentaria cuestionó la extensión de investigaciones administrativas y advirtió que el problema trasciende luego que, el director del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), permanece suspendido de sus funciones mientras continúa un proceso administrativo.

La diputada Ana María Gazmuri (Indp) valoró la respuesta entregada por la Contraloría General de la República frente a los antecedentes que había presentado respecto de la situación del director del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), quien permanece suspendido de sus funciones mientras continúa un proceso administrativo.

“Valoramos que Contraloría haya respondido y se haga cargo de una situación que no puede seguir normalizándose. Pero esto va mucho más allá del caso particular del SERNAC: estamos frente a un problema de gestión y de funcionamiento del Estado cuando investigaciones administrativas se extienden durante meses, incluso cerca de un año, sin una resolución”, señaló la parlamentaria en conversación con Contrapoder Chile.

La preocupación de Gazmuri se conoce además el mismo día en que Contraloría informó que detectó 485 funcionarios de la Administración Central suspendidos preventivamente en el marco de sumarios administrativos entre 2020 y marzo de 2026, de los cuales 30 llevaban más de tres años apartados de sus funciones. Según el organismo fiscalizador, los diez casos con suspensiones más prolongadas significaron $671 millones en remuneraciones.

Para la diputada, estos antecedentes muestran que no se trata de una situación aislada. “Cuando una investigación administrativa se prolonga indefinidamente, no solamente se afecta a las personas involucradas y el funcionamiento de los servicios. También se comprometen recursos públicos y se genera una situación institucional que no puede transformarse en algo permanente”, sostuvo.

Gazmuri puso especial énfasis en los procedimientos vinculados a la Ley Karin, considerando que se trata de una herramienta destinada a prevenir y abordar situaciones de acoso y violencia laboral.

“La Ley Karin es una herramienta fundamental para proteger a las personas frente al acoso y la violencia laboral, y precisamente por eso sus procedimientos deben funcionar de manera oportuna, seria y eficaz. No podemos tener investigaciones eternas, servicios funcionando con suplencias indefinidas y, al mismo tiempo, recursos públicos comprometidos durante todo ese período sin que exista una definición”, afirmó.

La Contraloría, a partir de su revisión, instruyó medidas para acelerar los procedimientos que mantienen suspensiones prolongadas. En particular, estableció que los 30 sumarios con suspensiones superiores a tres años pasarán a ser tramitados por el propio organismo fiscalizador, mientras que los servicios que mantengan funcionarios suspendidos por más de un año deberán informar el estado de los procesos, justificar la continuidad de la medida o señalar acciones concretas para agilizar su término.

“Lo que corresponde ahora es que se esclarezcan las responsabilidades, se revise lo que corresponda respecto de las remuneraciones y, sobre todo, se corrijan las falencias que permiten que este tipo de situaciones se prolonguen”, planteó Gazmuri.

Finalmente, la diputada sostuvo que el desafío es fortalecer el funcionamiento del Estado y evitar que los procedimientos administrativos pierdan su finalidad.

“Esto no se trata solamente de una persona o de un servicio. Se trata de cómo estamos garantizando probidad, eficiencia y un Estado que responda oportunamente a la ciudadanía. Los sumarios deben investigar, establecer responsabilidades y concluir; no pueden convertirse en procesos indefinidos que terminen normalizando situaciones excepcionales”, concluyó.