Con recursos públicos: Gestión de Cathy Barriga pagó millonario servicio jurídico a la Fundación Jaime Guzmán sin dejar respaldo legal

El pasado lunes, el Equipo de Investigación de Contrapoder Chile reveló una serie de correos del diputado Joaquín Lavín León con funcionarios de la Municipalidad de Maipú, en donde solicitaba información sobre un trato directo con la Fundación Jaime Guzmán. Sin embargo, se pudo constatar que la fundación realizó servicios jurídicos para el municipio sin un contrato u orden de compra como respaldo.

El pasado lunes 21 de julio, Contrapoder Chile reveló una serie de correos del diputado Joaquín Lavín León con funcionarios de la Municipalidad de Maipú, en donde exigía desvinculaciones de personal de diversas áreas, solicitudes de tratos directos, y realizaciones de servicios de imprenta para el municipio sin facturas ni órdenes de compra.

Incluso, uno de los correos a los que tuvo acceso este medio data del 12 de enero de 2017, y es de Romina Lara para Katia Aguilera, quien le consulta sobre las novedades respecto al estado de los documentos del trato directo con la Fundación Jaime Guzmán, trato directo con Legal Corporativo Asesorías Legales y Judiciales Limitada, y la ampliación de la orden de compra de Osvaldo Ponce (Servicios Funerarios).

Por lo anterior y cinco días después, el director jurídico de Maipú, Carlos Fairlie, le envió el siguiente mensaje al diputado:

“Para Fundación Jaime Guzmán es 21 UF mensual y para Legal Corporativo Asesorías Legales y Judiciales Limitada 2 millones aproximadamente“.

Sin embargo, a pesar de no existir otros mensajes informando sobre estos tratos, Contrapoder Chile pudo confirmar que dicha fundación sí realizó servicios jurídicos durante la administración de Cathy Barriga.

Según explicaron desde la Municipalidad de Maipú, en enero de 2017, la gestión de Barriga intentó celebrar un contrato tipo trato directo con la Fundación Jaime Guzmán para implementar el servicio “Alerta Municipal”, el que consistía en la elaboración de un boletín semanal sobre hechos jurídicos de relevancia municipal.

No obstante, no fueron tramitados ni el contrato ni el decreto de aprobación, quedando ambos en borrador.

“Pese a ello, la fundación prestó igualmente el servicio durante algunos meses y posteriormente emitió tres facturas -correspondientes a enero, marzo y abril de 2017- por un total aproximado de $1.666.198. Al no existir contrato ni orden de compra que respaldaran legalmente la prestación del servicio, la municipalidad (gestión Barriga) procedió a pagar dichos montos bajo la figura jurídica de enriquecimiento sin causa, dado que se recibió un servicio sin mediar los actos administrativos exigidos”, explicaron desde la administración de Tomás Vodanovic.

Finalmente, el Equipo de Investigación de Contrapoder Chile revisó las órdenes de compra y tratos directos de la Municipalidad de Maipú entre el 2017 y 2021, pudiéndose constatar que no hay documentación ni respaldo de dichos pagos a la fundación.