
Durante el miércoles 23 de agosto, la Contraloría General de la República solicitó a la Presidencia de la República un informe con los antecedentes que acrediten la calidad de “experto” del exconcejal de Maracaibo, Romer Rubio, para desempeñar funciones de asesoría especializada en el Segundo Piso de La Moneda. Todo lo anterior, tras un reportaje de Contrapoder Chile que reveló que Rubio no estaría habilitado para ejercer como abogado en nuestro país.
Hace un par de días, Contrapoder Chile reveló que el exconcejal de Maracaibo, Romer Rubio, está contratado como abogado asesor en la Presidencia de la República. Sin embargo, un registro de la Universidad de Chile revela que Rubio no habría revalidado su título profesional ni grado académico en nuestro país. Además, tampoco aparece en el buscador de abogados del Poder Judicial, lo que dejaría en evidencia que Rubio no estaría habilitado para ejercer en Chile.
Por lo anterior, durante el miércoles 23 de agosto, la Contraloría General de la República solicitó a la Presidencia de la República un informe con los antecedentes que acrediten la calidad de “experto”, para desempeñar funciones de asesoría especializada en el Segundo Piso de La Moneda.
“Se requiere a esa entidad informar detalladamente los fundamentos tenidos en consideración para calificar al señor Rubio Flores como experto, en particular, resulta necesario que remita los antecedentes curriculares, académicos, profesionales y de experiencia laboral considerados para adoptar dicha decisión, indicando de qué modo estos permiten concluir que el interesado posee conocimientos especializados o experiencia relevante para el desempeño de las funciones encomendadas, así como la relación existente entre tales antecedentes y las labores de asesoría especializada descritas en el acto administrativo respectivo”, se lee en el oficio al que el Equipo de Contrapoder Chile tuvo acceso.
Asimismo, solicitaron la información respecto a que sí se elaboró algún informe técnico, evaluación de antecedentes o documento fundante que analizara el cumplimiento de los requisitos exigidos para este tipo de contrataciones, “remitiendo copia de estos en caso de existir” en un plazo máximo de 10 días hábiles.
Recordemos que, el 15 de septiembre, la Contraloría hizo la misma solicitud a la Dirección Nacional del Servicio Civil, solicitando los antecedentes académicos y profesionales de la también activista venezolana Lucy Depablos, quien renunció luego de este oficio.