Cuando la ceniza vale oro: incendios, tierras raras y el negocio del extractivismo en el sur de Chile

Por Miguel Ángel Yáñez, abogado de DD.HH y cofundador de Contrapoder Chile

El sur de Chile arde, otra vez. En medio de un verano abrasador, un mega-incendio forestal devastó la comuna de Penco-Lirquén, en la Región del Biobío, arrasando bosques nativos únicos, plantaciones inflamables y decenas de viviendas en cuestión de horas. Las llamas consumieron el emblemático Fundo Coihueco, donde la comunidad soñaba con un parque intercomunal para proteger los últimos bosques de Queule -árbol en peligro crítico, un “fósil viviente”- y otras especies nativas irremplazables. La tragedia no es solo ambiental y humana: ocurre justo sobre tierras disputadas. Coincidentemente, el fuego alcanzó la misma zona donde una empresa busca instalar una mina de tierras raras, reavivando temores y sospechas en la población.

La Corporación Parque para Penco, organización local que defiende ese territorio, reportó con alarma cómo el incendio comenzó en “tres focos aislados, dos de ellos muy cerca de donde se quiere instalar la minera”. En su crudo relato por redes sociales, resumieron la catástrofe así: “Se quemó el parque, se quemó donde se quiere instalar la minera, se quemaron muchas casas”. La frase resonó con rabia y dolor: los vecinos vieron arder el mismo lugar que por años han luchado por proteger del extractivismo. ¿Casualidad o conveniencia? La pregunta flota entre el humo. Los habitantes de Penco desconfían -con razón histórica- de las coincidencias cuando hay millones de dólares en juego bajo el suelo.

No es teoría conspirativa barata. Chile conoce de sobra la práctica de incendiar para despejar y lucrar. Tras megaincendios previos, se han denunciado intentos de cambiar el uso de suelo de forestal a inmobiliario o agrícola en zonas siniestradas. Tanto así que el Congreso tramita actualmente un proyecto de ley para prohibir cambios de uso de suelo en terrenos afectados por incendios forestales, evitando que algún inescrupuloso convierta la tragedia en negocio inmobiliario. Esta “Ley de Incendios” aún duerme en el Parlamento, reflejo de una deuda pendiente en prevención y planificación territorial, como advierte WWF Chile. La propia WWF subraya que la magnitud de estos desastres evidencia una “deuda estructural del país en materia de prevención, planificación territorial y gestión del riesgo”, urgencia que debería zanjarse con una ley integral de manejo del fuego. Pero mientras las autoridades discuten, en Penco las llamas ya hicieron el trabajo sucio: donde antes había frondosos bosques nativos y un parque comunitario proyectado, hoy solo quedan cenizas. Y bajo esas cenizas, tierras raras -minerales codiciados por la industria tecnológica global- esperando ser explotadas.

Tierras raras: riqueza oculta bajo tierra quemada

El conflicto por las tierras raras en Penco venía de antes. En las laderas arrasadas del fundo Coihueco yace un depósito de arcillas con altos contenidos de elementos lantánidos, conocidos como “tierras raras”. Se trata de 17 metales estratégicos (lantano, neodimio, praseodimio, etc.) esenciales para fabricar imanes permanentes, turbinas eólicas, autos eléctricos, baterías y toda clase de tecnologías verdes y militares. Hoy China produce cerca del 90% de la oferta mundial de estos minerales, por lo que encontrar un yacimiento fuera de Asia enciende apetitos empresariales y geopolíticos. En Penco huele a dinero: por eso la compañía canadiense Aclara Resources -filial del grupo Hochschild Mining- lleva años intentando sacar adelante aquí su proyecto minero estrella, denominado “Módulo Penco”. La inversión prometida ronda los US$130 a 175 millones, a cambio de extraer por nueve años concentrados de tierras raras a solo 2 kilómetros del centro de Penco.

Aclara asegura que su mina sería “sustentable”, casi de fantasía: sin explosivos ni relaves químicos, extrayendo los minerales desde arcillas mediante un proceso supuestamente limpio. Venden el proyecto como aporte al desarrollo de energías limpias contra el cambio climático. Sin embargo, la comunidad local no come vidrio. Organizaciones socioambientales y vecinos llevan una década oponiéndose a que los cerros de Penco sean dinamitados (con marketing verde o sin él). Temen por la destrucción de la capa vegetal, la contaminación del río Penco -fuente de vida local-, la pérdida de espacios de esparcimiento y el golpe irreversible a un ecosistema único. “Parque y minera son incompatibles”, han dicho hasta el cansancio. Y lo han demostrado con acción: marchas multitudinarias, reforestación con especies nativas, participación en el sistema de evaluación ambiental y hasta una consulta ciudadana histórica. En febrero de 2022, más de 7.500 pencones votaron en un plebiscito comunal no vinculante, donde el 99% rechazó el proyecto minero (¡solo 69 personas votaron a favor!). El mensaje fue clarísimo, aunque la empresa lo desestimó con soberbia, tildando la consulta de “política, no técnica”.

Lejos de retirarse ante el rechazo casi unánime, Aclara redobló su ofensiva. Ha invertido en campañas de relaciones públicas, promesas de 2.200 empleos y eslóganes de “minería responsable”. Pero también ha incurrido en mañas poco éticas: por ejemplo, dividir su iniciativa original en partes para facilitar su aprobación. El proyecto de tierras raras partió en 2018 bajo el nombre “BioLantánidos”; tras sucesivos tropiezos, la empresa lo fragmentó y rebautizó como “Proyecto Módulo Penco”, presentándolo casi como algo nuevo y más pequeño. El alcalde de Penco denunció formalmente este “fraccionamiento” ilegal del proyecto, ya que la ley ambiental prohíbe tramitar por partes algo que es integral. Hasta la Contraloría General de la República tomó cartas: en enero de 2026 reveló que la planta piloto que Aclara instaló en un sector cercano (San Pedro de la Paz) nunca fue fiscalizada por la autoridad ambiental. Y otro flanco: el agua. La minera anunció con bombos que renunciaba a usar aguas locales para calmar a la comunidad, pero la Dirección de Aguas desmintió tener registro formal de tal renuncia. Estos hechos confirman los temores: Aclara no juega limpio. Busca explotar un recurso estratégico a toda costa, minimizando sus impactos ante la opinión pública y sorteando la regulación como puede.

El valor de lo que está en juego explica esta tozudez empresarial. Las tierras raras se cotizan en el mercado global de alta tecnología; son el “oro” del siglo XXI. Estados Unidos y potencias occidentales quieren asegurar suministro fuera de China, y ven en Penco una oportunidad. No por nada Aclara alineó su proyecto con la política industrial estadounidense abiertamente. De hecho, la empresa construyó alianzas insólitas: la prensa ha reportado vínculos de Aclara con personajes cercanos a Donald Trump, buscando apoyos en las altas esferas de Washington. Este no es un proyecto minero cualquiera, es una ficha en el tablero geopolítico mundial. Pero para concretarse necesita algo más que arcilla rica y financistas extranjeros: necesita poder político local que lo respalde y allane el camino. Y ahí es donde entra en juego la derecha chilena.

Aliados poderosos: la derecha cierra filas con el extractivismo

Si algo ha quedado al desnudo tras los incendios de este verano, es la colusión de intereses entre la derecha política y los grandes negocios extractivos en Chile. El proyecto de tierras raras de Penco ha sido activamente promovido por figuras de la derecha desde sus inicios. El caso más evidente es el de Joaquín Lavín, exalcalde UDI y excandidato presidencial, quien se convirtió en una especie de embajador del proyecto minero. En un video publicitario filmado en los cerros de Penco, Lavín aparece entusiasmado, explicando que “aquí hay un yacimiento de tierras raras, muy valiosas en el mundo… sirven para los motores eléctricos, para torres eólicas”, destacando que Chile podría unirse a Brasil como proveedor fuera de China. Su mensaje de fondo: ¿por qué dejar pasar esta oportunidad millonaria? Para la derecha, el dilema ambiental es secundario cuando se habla de “progreso” y negocios.

No sorprende entonces que, tras la elección reciente, la empresa Aclara esté brindando con champaña. El candidato de ultraderecha José Antonio Kast resultó electo Presidente de la República, y eso en el directorio de Aclara lo leen como luz verde para su proyecto. La propia minera confesó -a través de declaraciones a medios económicos- que “confía en que con la llegada de Kast a La Moneda los permisos y proyectos andarán más rápido”, esperando iniciar la extracción a fines de 2026 gracias a un SEA más ágil bajo el nuevo gobierno . Ramón Barúa, director ejecutivo de Aclara, declaró sin tapujos que “podríamos recibir mucho apoyo del próximo gobierno para agilizar lo que estamos haciendo”. Es decir, cuentan con la derecha en el poder para empujar el carro, saltarse “trabas” ambientales y finalmente sacar las tierras raras del subsuelo de Penco. La puerta giratoria política-empresa gira aceitada: lo que la comunidad rechaza en terreno, el poder lo aprueba en los escritorios de Santiago.

La derecha no solo apoya el proyecto minero; también impone su narrativa sobre los incendios que asolan la zona, con el fin de desviar la conversación de fondo. Mientras ambientalistas y científicos señalan la combinación explosiva de crisis climática, sequía, olas de calor récord y monocultivos de pino/eucalipto como factores detrás de incendios cada vez más extremos , los voceros de la derecha prefieren hablar de “terrorismo incendiario”. En medio del caos, figuras cercanas a Kast —como el urbanista Ivan Poduje, ahora integrante de su equipo— han inundado medios y redes con la teoría de que “el sur está bajo ataque” de grupos radicalizados. Poduje llegó a conjeturar que estos siniestros serían parte de una ofensiva terrorista coordinada y pidió “mano dura” militar en la zona. Del mismo libreto, Juan José Ugarte, presidente del gremio maderero (y aliado natural de la derecha empresarial), alegó que “son grupos extremistas organizados… con inteligencia criminal” detrás del fuego. Pruebas concretas aportadas: ninguna.

Esta narrativa de la “quema terrorista” no es inocente. Al criminalizar de inmediato, la derecha mata dos pájaros de un tiro: por un lado, siembra miedo y justifica militarizar territorios reclamados por el pueblo mapuche u opositores a proyectos, y por otro lado evita hablar de las verdaderas causas estructurales del fuego. Porque señalar al otro (al mapuche, al anarquista, al “incendiario”) es más cómodo que admitir las culpas propias. ¿Acaso no fueron gobiernos de derecha y concertación los que fomentaron por décadas el modelo de monocultivo forestal altamente inflamable que convirtió al Biobío y La Araucanía en una bomba de tiempo? Pinos y eucaliptos foráneos sustituyeron selvas nativas bajo el amparo del Decreto 701, enriqueciendo a grupos económicos (Matte, Angelini) cercanos al poder, a costa de degradar suelos y secar aguas. Esos “bosques” de mentira arden como pólvora. Y a eso súmele el cambio climático intensificado por décadas de negacionismo y modelito extractivista que la derecha ha defendido a rajatabla. El resultado: tormentas de fuego imparables, literalmente anunciadas por científicos y ONG hace años. “Los incendios forestales son el fenómeno más palpable y devastador de la crisis climática en Chile”, advirtió WWF Chile, llamando a dejar de reaccionar solo con apagaincendios y pasar a la prevención seria . Pero esa prevención choca con intereses: significa planificar el territorio, regular a empresas, decir no a proyectos mal ubicados, reforestar con nativos donde hubo plantaciones… En suma, cambiar el modelo. Y eso a la derecha no le gusta nada.

Mientras tanto, la estadística aplasta la retórica del terror: el 99,7% de los incendios forestales en Chile son provocados por acción humana, sea por descuidos, quemas agrícolas descontroladas o intencionalidad delictual. Pero hasta la fecha, no existe evidencia alguna de “coordinación terrorista” en los siniestros recientes . Incluso autoridades locales y expertos han desmentido esa tesis simplista, recordando que la propagación descontrolada del fuego se explica mejor por las condiciones extremas (37-40°C, vientos de 30-40 km/h, humedad bajo 15%) que afectaron la zona centro-sur durante la ola de calor. Ignorar estos hechos para culpar exclusivamente a “violentistas” es irresponsable y perverso: distrae de la discusión sobre la prevención, la adaptación climática y las responsabilidades empresariales. Pero esa distracción, claro, beneficia a los de siempre. En la confusión, pocos miran hacia las empresas forestales que no han invertido en cortafuegos adecuados o hacia las mineras que podrían ganar terreno entre cenizas. “Sin queules, sin pitaos, sin fauna nativa… así les conviene”, escribió con amargura la Corporación Parque para Penco mientras veía arder su querido bosque. “Así les conviene”. Dos palabras que resumen décadas de política al servicio del gran capital: cuando el bosque estorba, cuando la gente molesta, cuando la ley complica, siempre ocurre algo –un incendio, una campaña del terror, un resquicio legal– que conviene al negocio.

Después del fuego: la disyuntiva política

Cuando las llamas finalmente se apaguen y Penco cuente sus pérdidas, quedará al descubierto una encrucijada que es también la de todo Chile, ¿Qué camino tomaremos como sociedad ante desastres cada vez más frecuentes? Podemos seguir la receta de la derecha y las multinacionales: olvidar rápido la tragedia, minimizar sus causas reales e impulsar “la vuelta a la normalidad” entendida como más extracción, más plantaciones, más de lo mismo. Ese camino garantiza repetir el ciclo: bosques quemados, comunidades heridas, ganancias privadas. La alternativa es aprender de la catástrofe y cambiar de rumbo: fortalecer la planificación territorial, no permitir proyectos en zonas de alto valor ambiental o cercanas a comunidades, aprobar de una vez la mentada Ley de Incendios Forestales con enfoque preventivo, y transitar hacia un modelo de desarrollo que no sacrifique a su gente ni a su naturaleza en el altar del mercado.

Lo ocurrido en Penco es un microcosmos de la lucha de poderes en Chile. Por un lado, una ciudadanía organizada que defiende su territorio, que propone parques en vez de minas, vida en vez de extractivismo. Por el otro, un bloque político-empresarial -hoy hegemonizado por la derecha- que ve al territorio como un mero botín dispuesto para la explotación, sea forestal, minera o inmobiliaria. En el medio, un Estado que hasta ahora ha sido ineficaz en frenar los abusos: ni previno incendios ni ha resuelto con justicia los conflictos socioambientales. Pero la historia no está escrita aún. La elección de un gobierno abiertamente pro-empresa como el de Kast puede augurar tiempos difíciles para las causas socioambientales, cierto. Sin embargo, también clarifica dónde está cada quien parado. No hay lugar para ambigüedades: o se está del lado de las comunidades y la protección de la vida, o del lado de quienes ven el mundo arder y solo piensan en cuánto pueden ganar con las cenizas.

En su último informe, The Clinic describió el proyecto de tierras raras de Penco como una iniciativa millonaria “elogiada por Lavín” y reflotada “en medio de los incendios” . Es un símbolo potente de esta coyuntura. Las llamas en el Biobío no solo queman árboles: iluminan con su fulgor rojo la verdadera cara del poder. Esa cara de sonrisa engominada que aplaude inversiones extranjeras mientras el país se vuelve humo. Esa cara de cínica preocupación por la “violencia”, cuando en realidad está calculando el próximo negocio. Contra ese poder –contra el poder, como diría el nombre de este medio– toca alzar la voz. Que las cenizas de Penco no sean el preludio de otra entrega impune, sino la semilla de conciencia para exigir un Chile donde el desarrollo no se construya sobre territorios arrasados. Al final del día, la pregunta es simple y profundamente política: ¿desarrollo para quién, y a qué costo? La respuesta la estamos escribiendo hoy, entre el fuego y la esperanza, y dependerá de si tenemos la valentía de enfrentar a esos intereses que, lamentablemente, siguen encontrando en la tragedia su negocio más rentable.

Cuando legislar molesta: las leyes que la derecha frenó (o saboteó)

Decenas de expertos, académicos, comunidades y hasta organismos internacionales han dicho lo mismo: Chile necesita con urgencia una legislación integral de prevención de incendios, que no solo reaccione cuando ya está todo ardiendo, sino que actúe antes, planifique, y castigue a quienes sacan provecho del fuego. Y sin embargo, año tras año, el Congreso sigue postergando, cajoneando o diluyendo iniciativas que podrían cambiar ese escenario, ¿Quién lo impide? Spoiler: la derecha y sus aliados empresariales.

Boletín 16.335-14: Ley que regula la prevención de incendios forestales y rurales

Este proyecto fue ingresado el 2023 con apoyo técnico de CONAF y ambientalistas. Su objetivo: establecer normas claras para definir zonas de riesgo (como la interfaz urbano-rural), crear zonas de amortiguación obligatorias (franjas cortafuegos), exigir planes de prevención a privados, y prohibir cambios de uso de suelo en zonas quemadas. También fortalecía a un nuevo organismo público: el Servicio Nacional Forestal (Sernafor).

¿Qué hizo la derecha?
• Frenó el avance del proyecto durante meses en comisiones del Senado.
• Rechazó indicaciones clave, como la que permitía a Sernafor actuar cuando cambiaban las condiciones de riesgo, incluso por sobre planes reguladores desactualizados.
• Votaron en contra o se abstuvieron en artículos que buscaban impedir que terrenos quemados pasen a ser loteados o forestados con monocultivos.

¿El argumento? Que se trataba de una ley “intervencionista”, que “afectaba la libertad de propiedad privada” o “ponía trabas al desarrollo”. Otra vez, la propiedad por sobre el bien común.

Ley corta de incendios (presentada por Félix González, Partido Ecologista Verde)

Esta ley buscaba limitar el tipo de plantaciones cerca de viviendas, obligar a establecer cortafuegos y evitar que empresas forestales siguieran expandiéndose sin planificación. Fue presentada tras los megaincendios de 2023.

¿Qué hizo la derecha?
• No dio quórum en sala para su discusión inmediata.
• La UDI y RN se opusieron a “imposiciones” a privados y a la idea de restringir el modelo forestal actual.
• El proyecto quedó estancado en comisión, sin prioridad legislativa, a pesar del clamor social tras la tragedia de Santa Juana.

Inspirado en la legislación española, esta iniciativa busca evitar que los incendios se conviertan en excusa para desarrollar proyectos inmobiliarios, agrícolas o forestales en terrenos quemados, ¿El objetivo? Eliminar incentivos perversos para incendiar predios y facilitar especulación.

¿Qué hizo la derecha?
• Varios diputados de la derecha lo tildaron de “extremo” e “inconstitucional”.
• Alegaron que atentaba contra el “derecho a disponer de la tierra”.
• Hasta ahora, el proyecto sigue sin ser priorizado en tabla y no ha avanzado en votación general.

¿Por qué importa todo esto?

Porque demuestra que la derecha chilena no solo apoya a las forestales y mineras en lo discursivo, sino que también las protege desde el Congreso, usando su poder político para frenar cualquier legislación que ponga límites o exija planificación ecológica. En nombre de la “libertad” (económica), han preferido dejar al país indefenso ante incendios cada vez más violentos.

Como dijo una vecina de Santa Juana tras perder su casa:
“Si existiera una ley que impidiera plantar pino aquí al lado, mi casa no estaría quemada. Pero el Congreso protege a los que mandan, no a nosotros.”

¿Hasta cuándo?
El fuego, una vez más, ilumina el silencio cómplice del poder.