
Por Miguel Ángel Yáñez Lagos, abogado de DD.HH y co-fundador de Contrapoder Chile
En un país donde cada vez más se intenta acallar a las voces incómodas, el fallo que absolvió a la periodista Laura Landaeta representa una bocanada de aire fresco para la democracia. El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago desestimó la querella por injurias graves con publicidad que había presentado en su contra la exbailarina Lola Melnick, quien se sintió ofendida por afirmaciones vertidas en un programa de televisión. La justicia fue clara: no hubo delito, porque no hubo intención de injuriar ni se sobrepasaron los límites de la libertad de expresión.
Y es que este juicio nunca fue solo sobre Landaeta o Melnick. Fue un intento de transformar el Código Penal en una mordaza. Un mensaje para todo periodista que se atreva a investigar, a escarbar en el pasado, a cuestionar relatos cuidadosamente construidos. Pero esta vez no resultó. Esta vez, ganó el derecho a informar. Ganó el periodismo. Ganó la ciudadanía.
Laura Landaeta no es nueva en esto. Lleva años revelando historias incómodas, desenmascarando rostros, incomodando a poderosos. En 2004, publicó una investigación en la revista El Periodista sobre supuestas actividades de Melnick que, según la propia Landaeta, estaban ligadas a estafas y servicios sexuales. Casi dos décadas después, en 2024, esas publicaciones volvieron a ser tema en un programa de televisión donde la periodista fue consultada. ¿Cuál fue su pecado? Recordar lo que había investigado, repetir lo que ya había publicado.
Pero para la querellante, eso bastó para acudir a tribunales y acusarla de injurias. Como si el solo hecho de opinar o investigar ya fuera un delito. Como si el trabajo periodístico tuviera que pedir permiso para incomodar. Como si se pudiera borrar con una demanda lo que fue noticia.
Afortunadamente, el tribunal no se prestó para ese juego. Rechazó de plano la pretensión punitiva. ¿Por qué? Porque quedó claro que la periodista actuó amparada por su derecho a informar y a emitir opiniones en un contexto de interés público, sin ánimo de injuriar ni de mentir. Porque el periodismo de investigación, por incómodo que sea, no puede ser criminalizado por los sentimientos de quienes se ven aludidos.
Lo más preocupante de este tipo de querellas no es que terminen en una condena —aunque a veces lo hacen—, sino que se transforman en herramientas de censura indirecta. Demandar a periodistas es una forma de intimidar, de enviar un mensaje al resto: “mejor no te metas”. Se busca instalar el miedo a las consecuencias judiciales, aunque la verdad esté de tu lado.
Por eso este fallo es tan importante. Porque sienta un precedente: no basta con sentirse ofendido para enjuiciar la libertad de expresión. El tribunal fue categórico: no se acreditó ánimo de injuriar, ni hubo afirmaciones gratuitas, ni se desinformó. Lo que hubo fue periodismo, con todas sus letras.
Claro, Melnick no quedó contenta. Dijo que ahora los periodistas “tienen impunidad” y que no se les puede pedir siquiera las fuentes. Pero esa crítica revela más sobre su concepción autoritaria de la prensa que sobre los hechos del caso. Porque la libertad de expresión no es impunidad, es una garantía democrática. Y la reserva de fuentes es un pilar esencial del periodismo libre.
Hoy no es Laura Landaeta quien ha ganado: hemos ganado todos. Quienes creemos en el derecho a saber, en el poder de la información, en la necesidad de una prensa que investigue sin pedir perdón. Porque una sociedad sin periodismo crítico es una sociedad ciega, sometida, manipulable.
Y cuidado: esta victoria no debe hacernos bajar la guardia. Las presiones a periodistas son cada vez más frecuentes. Desde campañas de difamación en redes hasta amenazas judiciales, pasando por ataques personales y políticos. Y todo eso ocurre con una justicia que no siempre ha estado a la altura, ni con los instrumentos legales adecuados para proteger el trabajo de la prensa.
Por eso hay que seguir denunciando los intentos de censura, defendiendo a los periodistas que hacen bien su trabajo y exigiendo que los tribunales mantengan esta línea: no hay democracia sin libertad de expresión. No hay justicia sin prensa libre. No hay verdad sin periodistas valientes.
Laura Landaeta enfrentó sola el peso de una querella que buscaba callarla. Hoy, su absolución es un acto de justicia, pero también un recordatorio urgente: callar al periodismo es callar al pueblo. Y el pueblo ya no está dispuesto a callar.