¿De qué emergencia hablan? Un MEPCO ignorado por el Gobierno de Kast, provoca esta alza en las bencinas

Por Miguel Ángel Yáñez, abogado de DD.HH y cofundador de Contrapoder Chile

El gobierno de José Antonio Kast anunció una nueva alza en los combustibles. Y como siempre, intentan presentarlo como algo técnico, inevitable, casi natural. Pero no lo es. No es un fenómeno climático ni una catástrofe imprevista. Es una decisión. Y como toda decisión política, tiene responsables y tiene consecuencias.

Porque cuando sube la bencina, no sube solo la bencina. Sube el pan que compramos cada mañana, sube la feria, sube el transporte, sube el costo de movernos, de trabajar, de vivir. Sube el arriendo, sube todo. Y lo que no sube nunca al mismo ritmo son los sueldos.

Ahí está el problema de fondo. En Chile, el combustible no es un lujo. Es la sangre que mueve la economía. Cada alza impacta en cadena, golpeando directamente a las familias que ya viven al límite, haciendo malabares para llegar a fin de mes. Y en ese contexto, resulta imposible no preguntarse: ¿por qué el Estado, teniendo herramientas para amortiguar estos golpes, decide no usarlas con la fuerza que la situación exige?

El MEPCO no es un invento nuevo. Es precisamente el mecanismo que existe para evitar que el precio de los combustibles se dispare de manera brutal. Es una herramienta pensada para proteger, para estabilizar, para evitar que el mercado internacional termine aplastando la vida cotidiana de las personas. Pero hoy, frente a un alza que todos sabemos lo que va a provocar, esa herramienta aparece ausente, debilitada o simplemente ignorada.

Y eso no es un error técnico. Es una decisión política.

Es decidir que el costo lo pague la gente.

Porque mientras el Estado cuida sus equilibrios fiscales, las familias ven cómo se desarma el suyo. Mientras se habla de cifras, de proyecciones, de estabilidad macroeconómica, en las casas se habla de cómo ajustar el presupuesto, de qué dejar de comprar, de cómo resistir un mes más.

Lo más preocupante es que estas decisiones, que afectan de manera tan profunda la vida de millones, se toman sin un debate real, sin una discusión abierta, sin que el país entero tenga voz en algo que le golpea directamente. Se gobierna desde arriba, con medidas que bajan como hechos consumados, como si no hubiera nada que discutir.

Pero sí hay mucho que discutir.

Porque esto no es solo economía. Es dignidad. Es justicia. Es la forma en que se distribuyen los costos de una crisis que nunca pagan los mismos.

Y la historia ya la conocemos: cuando sube el combustible, todo se encarece, la inflación aprieta, la deuda crece y la desigualdad se profundiza. No es una teoría. Es la experiencia concreta de años.

Por eso hoy no basta con mirar desde lejos o resignarse. La sociedad civil tiene que estar alerta. Tiene que entender que estas decisiones no son neutras, que tienen un impacto directo en su vida y que, por lo mismo, deben ser cuestionadas.

Organizarse, informarse, exigir explicaciones. No desde la violencia, sino desde la conciencia de que el poder también se equilibra cuando la ciudadanía deja de ser espectadora.

Porque si algo queda claro cada vez que sube la bencina, es que el problema no es solo el precio. Es quién decide, cómo decide y, sobre todo, quién termina pagando.

Y hasta ahora, siempre son los mismos.