Diputada Gazmuri oficia al MINVU por flexibilización de normas para la reconstrucción en zonas de riesgo

Contrapoder Chile tuvo acceso al oficio de los diputados Ana María Gazmuri, Tatiana Urrutia, Sofía González, Héctor Ulloa, Bernardo Salinas y Juan Santana, en donde se revela que la gestión del ministro Iván Poduje impulsa modificar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), especialmente en el punto donde se busca flexibilizar la construcción en zonas de riesgo y las excepciones urbanísticas para proyectos de reconstrucción.

La diputada Ana María Gazmuri, junto a las diputadas Tatiana Urrutia y Sofía González y los diputados Héctor Ulloa, Bernardo Salinas y Juan Santana, envió un oficio de fiscalización al ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, para solicitar información detallada sobre las modificaciones que el Gobierno de Kast impulsa a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), especialmente aquellas que flexibilizan la construcción en zonas de riesgo y las excepciones urbanísticas para proyectos de reconstrucción.

Los parlamentarios manifestaron su preocupación luego de conocer las conclusiones de un informe técnico-jurídico de la Biblioteca del Congreso Nacional y tras las intensas lluvias que afectaron recientemente a gran parte del país, provocando inundaciones, desbordes de ríos, aluviones, socavones y el aislamiento de numerosas comunidades.

“Chile acaba de vivir un nuevo sistema frontal que volvió a demostrar la enorme vulnerabilidad de nuestro territorio frente a los eventos climáticos extremos. En este contexto, resulta incomprensible avanzar en modificaciones que podrían debilitar los resguardos técnicos para autorizar construcciones en zonas de riesgo”, señaló Gazmuri en conversación con Contrapoder Chile.

El oficio pone especial atención en la modificación al artículo 2.1.17 de la OGUC, que permitiría que estudios elaborados por profesionales particulares sean suficientes para acreditar la factibilidad de construir en áreas de riesgo, reduciendo la participación obligatoria de organismos públicos especializados en la evaluación técnica.

Asimismo, los parlamentarios solicitaron aclarar el alcance de los cambios al artículo 5.1.1, que contempla excepciones a normas urbanísticas para proyectos de reconstrucción financiados por el Estado, requiriendo garantías de que estas flexibilidades no permitirán levantar viviendas en sectores expuestos a inundaciones, aluviones u otras amenazas naturales.

“Reconstruir no puede significar volver a poner a las familias en peligro. Después de cada emergencia aprendemos que la planificación territorial salva vidas. Por eso exigimos conocer cuáles serán los controles, las evaluaciones de riesgo y los criterios técnicos que respaldan estas modificaciones”, afirmó.

Además, el oficio solicita al Ministerio informar si estas propuestas fueron consultadas con organismos especializados como SENAPRED, la Dirección General de Aguas o SERNAGEOMIN, y cómo se compatibilizan con los principios de prevención, resiliencia territorial y adaptación al cambio climático establecidos en la legislación vigente.

“La reconstrucción debe hacerse con más seguridad y no con menos. Las decisiones urbanísticas que se tomen hoy tendrán consecuencias durante décadas, y el Estado tiene el deber de garantizar que nunca más se construya ignorando los riesgos que enfrentan nuestros territorios”, concluyó la diputada.