El caso de Christopher White: Cuando el crimen organizado alcanzó al Poder

Por Jesús Vidal Millanao, administrador público y politólogo

Este lunes, entre las tres y las cinco de la tarde, el salón consistorial de San Bernardo fue probablemente el lugar más seguro de la Región Metropolitana. La Comisión de Seguridad del Senado sesionó en el municipio con la presidenta del Senado, el ministro y la subsecretaria de Seguridad Pública, el general director de Carabineros, el director general de la PDI, el fiscal nacional, el gobernador regional, el delegado presidencial y la delegada provincial. Todo el Estado, en dos horas, en el centro de la comuna. Afuera, el dispositivo que corresponde a ese nivel de autoridades. Adentro, la citación oficial: considerar los riesgos a que se ven expuestas las autoridades de elección popular en el ejercicio de su cargo.

Quiero partir por lo que no admite matices. El plan para asesinar al alcalde Christopher White era real, tenía fecha antes del 18 de septiembre y estaba pensado para un acto público. No fue un arranque de violencia: fue una señal de control territorial, una forma de decir quién manda en Santa Rosa de Lima y San Esteban. Mi solidaridad con el alcalde, con su familia y con los funcionarios y funcionarias que salen a terreno todos los días es completa. Una autoridad que trabaja amenazada es una comunidad gobernada bajo presión, y eso no se le puede permitir a nadie. Dicho eso, la sesión de hoy deja dos advertencias que conviene hacer ahora y no dentro de tres meses.

La primera es sobre el uso del miedo. Los momentos de conmoción son exactamente los momentos en que se aprueban las peores leyes. Hace tres semanas la megarreforma de seguridad se cayó incluso con votos de la derecha porque habilitaba restringir derechos y comunicaciones por meses sin pasar por el Congreso. Esa discusión no murió; quedó esperando un caso emblemático.

La comisión que vino hoy trae bajo el brazo una lista de diez proyectos acordada con el ministro Arrau en agosto. Algunos son necesarios: modernización de Carabineros y de la PDI. Otros son la vieja lista de deseos que ahora encuentra un envoltorio nuevo: Naín-Retamal 2.0, ley antiencapuchados, ley antibarricadas, reglas del uso de la fuerza. Que nadie use la amenaza contra el alcalde White como ariete para despachar en bloque lo que por separado no resistía el debate.

Y hay un argumento técnico que juega en contra del atajo autoritario: el plan no se frustró con soldados en las esquinas ni con toque de queda. Se frustró con escuchas telefónicas, con una investigación paciente de la PDI y de la Fiscalía Metropolitana Occidente, y con la recaptura de un prófugo. Eso es capacidad estatal, no dureza discursiva. Si el crimen organizado consigue que un país recorte sus propias libertades, ganó sin disparar un tiro.

La segunda advertencia es sobre para quién es la seguridad. En mayo, el alcalde White fue a la Comisión de Seguridad de la Cámara a hablar de balaceras casi diarias, de colegios con protocolos ante tiroteos y de un déficit policial que no resiste análisis frente al tamaño de la comuna. Fue a hablar de los barrios. Hoy el Estado vino a San Bernardo a hablar de las autoridades. No digo que no correspondiera; correspondía. Pero mientras el centro de la comuna vivía una tarde de seguridad total, en Santa Rosa de Lima, en San Esteban, en Lo Herrera, en los pasajes donde el narco disputa el territorio, los vecinos vivían un lunes cualquiera: sin camionetas, sin generales, sin senadores. La misma amenaza que descompensó al alcalde es la que esas familias administran todos los días, con la diferencia de que a ellas nadie las cita a una reunión formal para avisarles.

Lo escuché hoy mismo, a metros del salón consistorial, mientras adentro sesionaba la comisión. Lo que decían los vecinos que pasaban por ahí no era rabia contra el alcalde ni contra los senadores. Era otra cosa, más simple y más peligrosa: “cuando lo amenazan a él, viene todo Chile; a nosotros nos amenazan todos los días y no viene nadie”. Si la respuesta a este caso termina siendo una ley de protección de autoridades, tipos penales de amedrentamiento agravado y un resguardo permanente para el alcalde, y nada más, entonces habremos confirmado esa frase. Y una comunidad que siente que la seguridad es para otros deja de cooperar con la policía, deja de denunciar y le entrega el barrio al que sí está presente.

Por eso, lo que corresponde pedir es concreto.

Recursos. Los municipios enfrentan al crimen organizado con presupuestos de seguridad pensados para la delincuencia común de hace veinte años, y las comunas donde el narco disputa el territorio son, sistemáticamente, las de menores ingresos permanentes por habitante. Se le exige a San Bernardo lo mismo que a Vitacura con una fracción de los recursos.

Policías mejor preparadas, no solo más numerosas. Lo que este caso demuestra que sirve es la capacidad investigativa: análisis de comunicaciones, peritaje, seguimiento del dinero. Chile persigue bien al soldado de esquina y mal a la contabilidad de la organización. Mientras no golpeemos el patrimonio, el sicariato seguirá siendo barato.

Sobre las Fuerzas Armadas, precisión. No es lo mismo pedir capacidad militar que pedir militares patrullando. Lo aprovechable es la inteligencia: análisis, tecnología, control de fronteras y puertos, puesto a disposición del sistema de inteligencia del Estado bajo control civil y judicial, con la Ley de Inteligencia como límite. Lo que no debemos hacer es sacar a conscriptos de dieciocho o diecinueve años, con armamento de guerra y sin formación policial, a hacer control de orden público. El propio Presidente Kast lo dijo cuando recordó al conscripto de La Serena, y en eso tenía razón. Y hay algo que se dice menos: un conscripto mal pagado, rotativo y desplegado en un barrio en disputa es exactamente el perfil que las organizaciones criminales saben comprar. No expongamos a las juventudes a esa prueba.

La prueba de la sesión de hoy no fue la sesión. Es lo que pasa cuando se vayan las camionetas. Si en tres meses San Bernardo tiene más dotación en las poblaciones, más capacidad investigativa financiada y una ley de seguridad municipal que sirva, entonces valió la pena. Si tiene un alcalde mejor protegido y una agenda legislativa más dura, habremos respondido a la mitad del problema con el doble de autoritarismo.

Al alcalde White, todo el respaldo. A los senadores y al ministro, gracias por venir. Ahora, que la seguridad que hoy rodeó el salón consistorial llegue a los pasajes. Porque la democracia no se defiende protegiendo a quienes la representan; se defiende protegiendo a quienes la habitan.