
El Equipo de Contrapoder Chile tuvo acceso a una querella criminal en donde se revela que el actual gobernador del Maule, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca (UDI), habría despedido a 15 funcionarios cercanos al Partido Comunista y Partido Socialista. Actualmente, el caso es investigado por la Fiscalía Local de Talca.
El pasado 8 de septiembre, el gobernador del Maule Pedro Pablo Álvarez-Salamanca (UDI), hizo noticia debido a sus críticas al Gobierno de Gabriel Boric, luego de que fuese informado por el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (DIPRES) sobre la baja proyectada para el presupuesto regional 2026 de M$7.387.464.
Por lo anterior, el gobernador aseguró que “lamentablemente el Gobierno del Presidente Boric no ha sido capaz de generar inversión y eso se traduce en menos recursos para el Estado”.
Sin embargo, sus dichos no ha sido lo único que ha generado revuelo en el Maule, puesto que, existiría una grave denuncia en contra de Álvarez-Salamanca.
El Equipo de Contrapoder Chile tuvo acceso a una querella criminal en contra de “todos quienes resulten responsables” por el delito de prevaricación administrativa y que data del 6 de julio de 2025, en donde se detalla que una abogada de la administración anterior (gobernadora Cristina Bravo) fue desvinculada ya que, no contaba con las competencias necesarias, habilidades y experiencia necesaria para desempeñarse en la Unidad de Control, pues no poseía el perfil profesional requerido en esa área.
Por lo que, dichas razones solo se habrían invocado con el ánimo de desvincular a la funcionaria, puesto que, cuando ingresó al Gobierno Regional del Maule, no existían perfiles de cargos establecidos formalmente para las funciones desempeñadas en la Unidad de Control -ni en las otras divisiones- ni requisitos especiales para el cargo.
“Junto con mi representada fueron desvinculados 14 funcionarios más, todos bajo el mismo argumento, no tener el perfil del cargo (…) la resolución de término de contrata de mi representada fue tomada de razón el 16 de enero de 2025, es decir, en 8 días hábiles (de iniciada la nueva administración regional) ya tenían hecho un análisis completo a lo menos 159 funcionarios, de los cuales, 15 de ellos fueron desvinculados. Esto es imposible de realizar de manera fundada y justa en un tiempo tan exiguo (…) el término anticipado a la designación a contrata obedece a la opinión política de mi representada quien es una conocida simpatizante del Partido Comunista”, se lee en la acción judicial que apunta directamente al gobernador Pedro Pablo Álvarez-Salamanca.
Incluso, según se menciona en el documento, todos los despedidos tienen en común que ingresaron al Gobierno Regional del Maule durante el período de la exgobernadora Cristina Bravo.
Respecto a esto, Contrapoder Chile contactó al abogado de la causa, Fernando Leal, quien aseveró que este grupo de funcionarios se les había renovado contrato por todo el año 2025, y una vez que llega el actual gobernador, en muy pocos días se revoca ese acto administrativo siendo todos despedidos.
“Se argumentaba de que no reunían el perfil del cargo, es un acto administrativo en el cual se falta a la verdad en la narración de hechos sustanciales, toda vez que los perfiles de cargo en el Gobierno Regional no existían. Y se utilizó ese argumento espurio solamente para despedir a personas que políticamente son de izquierda, porque casualmente y coincidentemente las personas que son despedidas son cercanas a la administración anterior de la gobernadora Cristina Bravo o gente que derechamente es cercana al Partido Comunista, al Partido Socialista u otros”, comentó Leal.
Además, el abogado confirmó que han solicitado que se cite a declarar al gobernador y a sus asesores más directos, mientras esperan que la Fiscalía Local de Talca realice la investigación con la mayor dirigencia posible y con la mayor objetividad posible, toda vez que aparece de manifiesto que “acá se mintió en un acto administrativo con el ánimo de perseguir a gente por pensar políticamente distinto”.
Finalmente, Contrapoder Chile intentó obtener una versión del Gobierno Regional del Maule ante lo expuesto en este artículo. Sin embargo, hasta su cierre siguen sin emitir respuesta.