El día que Gabriel Zaliasnik evitó que el ministro Quiroz fuera a la cárcel

Hay historias que ciertos personajes del poder prefieren enterrar bajo toneladas de silencio. Episodios que, cuando resurgen, son rápidamente despachados como una simple “historia antigua”. Pero la historia no deja de existir porque alguien decida no hablar de ella.

Esta semana, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, intentó cerrar cualquier debate sobre su pasado judicial afirmando que se trataba de “una historia antigua, de hace un cuarto de siglo”. Sin embargo, la pregunta no es si los hechos ocurrieron hace 25 años. La pregunta es otra: ¿qué nos dice ese pasado sobre quienes hoy administran el Estado, exigen sacrificios a la ciudadanía y se presentan como guardianes de la probidad fiscal?

Los hechos son conocidos. En 2003, en el marco del escándalo MOP-Gate, la entonces ministra en visita y actual presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, sometió a proceso a Jorge Quiroz por delitos vinculados a contratos cuestionados entre el Ministerio de Obras Públicas y consultoras privadas. La magistrada ordenó además el embargo de bienes y Quiroz terminó pasando dos noches en la cárcel de Capuchinos, recinto destinado a imputados por delitos económicos y de cuello y corbata.

Pero hay un nombre que aparece una y otra vez en esta historia: Gabriel Zaliasnik.

El actual embajador designado por José Antonio Kast en Israel fue quien encabezó la defensa jurídica de Quiroz cuando su futuro judicial pendía de un hilo. Fue Zaliasnik quien sostuvo que existía una asimetría de información, que su representado desconocía el destino final de los recursos cuestionados y que incluso había sido procesado antes de prestar declaración formal. Aquella estrategia jurídica terminó siendo clave para evitar consecuencias penales mayores.

La coincidencia política resulta difícil de ignorar.

Dos décadas después, el abogado que defendió al actual ministro de Hacienda es premiado con una de las embajadas más relevantes de la política exterior chilena. Y el antiguo imputado se convierte en el hombre encargado de custodiar las finanzas públicas y exigir disciplina económica a millones de ciudadanos.

Nadie discute que Quiroz fue finalmente absuelto por la Corte Suprema en 2016. Ese es un hecho jurídico inobjetable. Pero la absolución no elimina la existencia de la investigación, del procesamiento, del embargo decretado ni de los dos días que pasó privado de libertad. Tampoco borra que la propia Corte de Apelaciones llegó a condenarlo por fraude al Fisco antes de que el máximo tribunal revirtiera esa decisión.

Lo preocupante no es solamente el pasado judicial de Quiroz. Lo verdaderamente preocupante es la doble moral que suele acompañar a las élites políticas y económicas.

Cuando un estudiante cae en mora por el CAE, el gobierno despliega toda la fuerza recaudadora del Estado. Cuando un trabajador acumula deudas, se embargan cuentas corrientes y remuneraciones. Cuando un ciudadano común enfrenta un proceso penal, difícilmente contará con una defensa de élite, acceso a los mejores estudios jurídicos o una red de poder capaz de abrirle puertas en tribunales y ministerios.

Pero cuando se trata de miembros de las élites económicas, la historia suele ser distinta.

Por eso resulta incómodo que el ministro de Hacienda pretenda reducir el episodio a una simple anécdota del pasado. Porque los ciudadanos tienen derecho a conocer la trayectoria completa de quienes hoy toman decisiones que afectan sus bolsillos, sus empleos y su futuro.

La transparencia no consiste en recordar únicamente las absoluciones. También exige recordar los procesos, las investigaciones y las responsabilidades políticas asociadas a ellos.

Más aún cuando el principal beneficiario de aquella defensa jurídica terminó ocupando uno de los cargos más poderosos de la República y el abogado que lo defendió fue posteriormente recompensado con una embajada de máxima relevancia estratégica.

La pregunta de fondo no es si Jorge Quiroz fue absuelto. La pregunta es si la ciudadanía puede confiar en una élite política que exige memoria selectiva: olvido para sus propios episodios incómodos y tolerancia cero para los errores de los demás.

Porque en democracia, la memoria no prescribe.

Y las historias antiguas suelen explicar mejor que nadie cómo funciona realmente el poder.