El registro de vándalos: Castigar la pobreza, criminalizar la protesta y convertir los derechos en privilegios

La propuesta impulsada por el gobierno de José Antonio Kast de crear un denominado “registro de vándalos” y restringir el acceso a beneficios o derechos sociales a quienes sean incorporados en él constituye una de las iniciativas más preocupantes que han surgido en el debate público chileno en los últimos años. No sólo plantea serias dudas de constitucionalidad, sino que además refleja una determinada concepción ideológica de la sociedad: aquella según la cual los derechos dejan de ser universales y pasan a transformarse en premios reservados para quienes cumplen determinados estándares de conducta definidos por el poder político de turno.

En una democracia constitucional, cuando una persona comete una infracción o un delito, el Estado dispone de un sistema jurídico destinado precisamente a investigar los hechos, determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes. Si una persona quema una micro, destruye mobiliario público, realiza daños a la propiedad, consume alcohol en la vía pública o incurre en cualquier conducta sancionada por la ley, ya existen normas penales, administrativas y civiles destinadas a castigar esas conductas. Ese es el fundamento del Estado de Derecho: que las sanciones sean establecidas por la ley y aplicadas por los tribunales conforme a criterios de proporcionalidad.

Sin embargo, esta propuesta pretende ir mucho más allá. Busca imponer una sanción adicional que nada tiene que ver con la conducta originalmente castigada. No se conforma con la multa, la condena o la responsabilidad civil. Aspira a privar a determinadas personas del acceso a derechos sociales fundamentales.

Surge entonces una pregunta elemental que sus impulsores no han logrado responder: ¿cuál es el bien jurídico protegido cuando se le niega acceso a beneficios sociales, educación, salud o programas estatales a una persona que ya fue sancionada por una conducta específica? La respuesta simplemente no aparece.

La educación no es un premio. La salud no es un premio. La seguridad social no es un premio. Las pensiones no son un premio. Son derechos que derivan de la dignidad humana y de la condición de ciudadano. Transformarlos en instrumentos de castigo político constituye una grave alteración de los principios que sustentan una sociedad democrática.

La propuesta tensiona seriamente garantías fundamentales reconocidas por la Constitución y por los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile. Entre ellas, la igualdad ante la ley, la prohibición de discriminación arbitraria, el principio de proporcionalidad de las sanciones y la obligación del Estado de promover condiciones que permitan el desarrollo integral de las personas.

Pero existe un problema aún más profundo. El registro de vándalos instala la idea de que existen ciudadanos de primera y segunda categoría. Ciudadanos plenamente titulares de derechos y otros cuyos derechos pueden ser restringidos por decisión política. En otras palabras, transforma derechos universales en privilegios revocables.

La propuesta además genera una evidente situación de doble castigo. Si una persona ya fue investigada, juzgada y sancionada por los tribunales, resulta difícil justificar que continúe siendo castigada mediante la exclusión de derechos sociales. Se configura así una especie de sanción permanente que sobrevive incluso después del cumplimiento de la pena establecida por la ley.

Lo que se presenta como una medida de seguridad termina transformándose en una forma de muerte civil moderna. El castigo deja de recaer sobre la conducta y pasa a recaer sobre la persona misma.

La contradicción resulta particularmente evidente cuando se analiza el discurso habitual de quienes promueven estas medidas. Durante años se ha insistido en la necesidad de fortalecer la reinserción social para disminuir la delincuencia y reducir la reincidencia. Sin embargo, ¿cómo puede reinsertarse una persona si el propio Estado le impide estudiar, capacitarse o acceder a oportunidades que le permitan reconstruir su vida?

¿Qué ocurre con el joven que cometió un error y desea terminar sus estudios? ¿Qué ocurre con quien busca capacitarse para acceder a un empleo digno? ¿Qué ocurre con quien intenta abandonar la delincuencia para ofrecer un futuro mejor a sus hijos, hijas o nietos?

La respuesta implícita de esta propuesta parece ser simple: continuar castigándolo incluso después de haber cumplido la sanción impuesta por la justicia.

La criminología moderna ha demostrado precisamente lo contrario de lo que plantea esta iniciativa. La evidencia comparada indica que la educación, el empleo, la integración comunitaria y la protección social son factores que disminuyen la reincidencia. La exclusión, la marginación y la estigmatización, en cambio, suelen profundizar los procesos de violencia y delincuencia.

Por eso resulta legítimo preguntarse dónde están los estudios que acreditan que quitar acceso a derechos sociales reduce los delitos. ¿Dónde está la evidencia que demuestra que negar oportunidades educativas o laborales mejora la seguridad pública? La respuesta es simple: no existe.

Más aún, la aplicación práctica de esta propuesta revela profundas contradicciones. Si la finalidad es castigar conductas antisociales que dañan a la comunidad, cabe preguntarse si las mismas consecuencias serán aplicadas a todos los sectores de la sociedad.

¿Perderán sus remuneraciones y beneficios los parlamentarios condenados por corrupción? ¿Perderán sus millonarias jubilaciones quienes hayan sido condenados por graves delitos contra los derechos humanos? ¿Perderán beneficios previsionales funcionarios públicos involucrados en organizaciones criminales? ¿Se privará de beneficios estatales a grandes empresas responsables de colusiones, evasión tributaria, fraude al fisco o daños ambientales que afectan a miles de personas?

¿Las empresas que vandalizan los recursos públicos mediante mecanismos de corrupción perderán sus concesiones? ¿Los responsables de delitos económicos que causan perjuicios multimillonarios al Estado serán incorporados a estos registros de exclusión?

La experiencia demuestra que probablemente no.

Por el contrario, todo indica que estas iniciativas terminan dirigiéndose hacia los sectores más vulnerables, los jóvenes de las poblaciones, los estudiantes movilizados y quienes participan de conflictos sociales.

Por ello resulta imposible ignorar el contexto político en que surge esta propuesta. Chile posee una larga historia de movilizaciones estudiantiles, sindicales, territoriales y sociales que han permitido ampliar derechos y profundizar la democracia. Muchas de las conquistas sociales existentes nacieron precisamente de la protesta social.

La pregunta entonces es inevitable: ¿el objetivo real es combatir el vandalismo o generar mecanismos permanentes de control, vigilancia y disuasión de la protesta social?

Porque cuando el foco se instala sobre jóvenes, estudiantes y sectores populares, mientras los delitos económicos y la corrupción continúan recibiendo un tratamiento mucho más indulgente, el problema deja de ser la seguridad pública y pasa a ser la utilización del aparato estatal para disciplinar a determinados grupos sociales.

La historia enseña que toda democracia debe desconfiar de los registros especiales confeccionados por el Estado para identificar, clasificar y señalar públicamente a determinados sectores de la población. Los procesos de exclusión institucional siempre comienzan estableciendo categorías de ciudadanos considerados problemáticos, peligrosos o indeseables.

No se trata únicamente de una discusión jurídica. Se trata de una discusión sobre el tipo de sociedad que queremos construir.

¿Queremos una sociedad que integre o una sociedad que segregue?

¿Queremos una sociedad que entregue oportunidades o una sociedad que multiplique los castigos?

¿Queremos una sociedad que fortalezca la reinserción o una sociedad que condene a las personas a cargar eternamente con los errores de su pasado?

La dignidad humana no desaparece por una condena. Tampoco se extingue por una infracción. El Estado puede sancionar conductas ilícitas, pero no puede despojar a las personas de su condición de ciudadanos.

Cuando los derechos sociales dejan de ser universales, dejan de ser derechos. Cuando el acceso a la educación, la salud o la protección social depende de criterios políticos o punitivos, la ciudadanía se transforma en un privilegio. Y cuando el Estado comienza a distinguir quién merece derechos y quién no, la democracia comienza a retroceder.

Chile necesita combatir la delincuencia, pero también necesita combatir la exclusión, la desigualdad y la falta de oportunidades. Necesita más educación, más integración y más justicia social. Lo que no necesita es retroceder décadas en la protección de derechos fundamentales ni construir mecanismos que castiguen principalmente a quienes menos tienen.

Porque detrás del discurso del orden y la seguridad parece esconderse una idea mucho más peligrosa: que los problemas sociales pueden resolverse eliminando derechos en lugar de garantizarlos.

Y cada vez que una sociedad decide castigar la pobreza en lugar de combatirla, termina debilitando aquello que dice defender: la convivencia democrática, la igualdad ante la ley y la dignidad de todas las personas.