Informe de Contraloría: Los niños que el Estado dejó de ver

Por Ana María Gazmuri, diputada

Hay silencios que delatan lo peor de nosotros. Que decenas de niñas y niños haitianos hayan figurado (y algunos aún figuran) bajo la etiqueta de “inubicables” según el gobierno y tras ingresar a Chile bajo la promesa de la reunificación familiar, no es un misterio policial ni un enigma sin resolver. Es algo mucho más crudo, pero más real: nunca estuvieron verdaderamente perdidos; simplemente, a nadie en el aparato estatal le importó lo suficiente como para seguirles el rastro. No estamos ante una falla técnica del sistema migratorio o un error fortuito en una planilla de excel. Estamos ante una desatención estructural que demuestra que, en la práctica, el origen -y por qué no decirlo- el color de piel, dictan qué vidas merecen el esfuerzo de una trazabilidad rigurosa y cuáles pueden archivarse en el olvido.

El preinforme de la Contraloría General de la República no revela una desaparición mágica, sino un patrón alarmante de indolencia funcionaria: aprobaciones masivas de visas sin verificar vínculos filiales, vuelos chárter desregulados y adultos ingresando con hasta 34 niños sin que se encendiera una sola alerta inmediata. Los datos estaban ahí, cruzando nuestras fronteras a la vista de todos. Lo que faltó no fue información, sino la voluntad política y administrativa de cruzar esos datos, de fiscalizar el destino de estos niños, que también son nuestros niños si están dentro de nuestras fronteras; y de garantizar su protección.

Si estos niños provinieran de países del norte global, el Estado no habría tolerado que sus datos se volvieran un nudo ciego. La indolencia institucional con la que se ha manejado este caso deja en evidencia que el sistema opera bajo categorías implícitas que restan valor a la infancia vulnerable. Lo que que  ha primado ha sido el show mediático y la deshumanización, por que sí, al reducir el debate migratorio exclusivamente a la rigidez del control de fronteras, a las cifras o a discursos de orden público, deshumanizamos los procesos. Ha prevalecido también el aprovechamiento político desde un sector que hoy rasga vestiduras por los niños migrantes, llegando a insinuar tráfico de niños y hasta tráfico de órganos, cuando recién ayer le parecía bien negarles salud y educación. 

Un control fronterizo verdaderamente eficiente no es el que levanta muros institucionales o zanjas que el viento desmorona; es aquel que ejerce una trazabilidad impecable y rigurosa precisamente para proteger la dignidad humana y asegurar que ningún niño o niña que pise suelo nacional, sea invisible para el Estado por culpa del desinterés.

Detrás de la frialdad del debate político —que muchas veces busca usar estos dramas como escarnio hacia administraciones anteriores o como cortina de humo frente a otras crisis— se esconde la realidad de una comunidad implícitamente etiquetada como “no bienvenida”. Al despojar de empatía la gestión administrativa, se permitió que un mecanismo tan noble como la reunificación familiar operara de forma laxa transformándose, por pura desidia, en un espacio de desamparo.

Garantizar la seguridad de un país no pasa por la hostilidad de sus barreras, sino por el enfoque de seguridad humana, un paradigma de las Naciones Unidas que sitúa a las personas en el centro y que define el estar seguros como la garantía de vivir con dignidad, libres de miedo y de miseria.

Cuando el Estado renuncia a realizar un seguimiento real y efectivo de niñas y niños extranjeros, no comete un simple error de gestión; quiebra directamente los pilares de la seguridad personal y política, dejando desprotegida a la infancia frente a riesgos por el solo hecho de no haber querido ordenar sus propios registros. Valoramos las voces que han dado luz al manto de oscuridad que se intentó levantar y que todos los niños y niñas que fueron sindicados como inubicables se encuentren a salvo junto a sus familias, las que luchan cada día por dejar de ser invisibles.

La seguridad humana nos exige superar las respuestas reactivas, mediáticas o meramente policiales. Nos emplaza a construir un sistema donde la trazabilidad de la información no dependa del pasaporte o del color de piel, asumiendo de una vez por todas que la infancia no tiene nacionalidad y que la burocracia no puede ser la excusa para el abandono.