“No piensa en los trabajadores”: Estas son las reformas laborales del programa de José Antonio Kast

Por Miguel Ángel Yáñez, abogado de DD.HH y cofundador de Contrapoder Chile

En Chile las élites empresariales tienen obsesiones que vuelven como fantasmas: desarmar cada avance en seguridad social, reducir las pensiones a la mínima expresión, destruir la estabilidad laboral y convertir la vida de las personas en un permanente estado de incertidumbre. Hoy, ese viejo sueño vuelve de la mano del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, cuyo programa de gobierno -bajo el eslogan de “orden y progreso”- es, en realidad, un manual de retroceso social para los y las trabajadoras.

La propuesta “chao préstamo al Estado”, presentada como un gesto de “libertad” para elegir qué hacer con sus cotizaciones, no es más que una operación política para eliminar cualquier atisbo de solidaridad en el sistema previsional. Eliminar el 1,5% destinado al seguro social y reemplazarlo por “instrumentos financieros en condiciones de mercado” es volver al corazón del modelo AFP puro y duro: cada cual se salva solo, y si no alcanza, mala suerte.

No es casual. Durante toda la discusión previsional, la ultraderecha se resistió a cualquier mecanismo de reparto, incluso los más acotados. Hoy buscan derribar lo poco que se logró avanzar y, peor aún, hacerlo justo cuando el país enfrenta un alza de la deuda pública y cuando economistas de su propio sector advierten el riesgo de financiar pensiones con deuda fiscal directa. Pero la discusión técnica es solo la superficie. El verdadero mensaje político es más brutal: Chile no merece un sistema de seguridad social moderno; debe volver al experimento neoliberal de los ochenta.

Esta lógica no se limita a las pensiones. En todos los ejes laborales el programa de Kast propone borrar derechos que costaron décadas de lucha, sudor y organización sindical. Desaparecer la indemnización por años de servicio, flexibilizar la estabilidad en el empleo, retroceder en la implementación de las 40 horas y debilitar los seguros sociales no es “modernización”: es precarización planificada. Es volver a un país donde el trabajador vive con miedo, donde el empleador manda y donde el Estado se arrodilla ante el mercado.

No deja de ser irónico que los mismos que hoy critican el préstamo previsional -y hablan de responsabilidad fiscal- sean quienes empujan ideas que destruyen la base misma del sistema. Porque eliminar la función de seguro social sin una alternativa sólida es simplemente desfinanciar las pensiones actuales. Y nadie, ni el más convencido ultraliberal, puede ocultar lo obvio: sin solidaridad no hay pensiones dignas. Lo saben los expertos de todos los colores políticos, lo saben incluso quienes negociaron la reforma en Chile Vamos, y lo sabe el propio Bernardo Fontaine, impulsor del préstamo que ahora Kast repudia después de ficharlo en su comando.

Lo que se juega aquí es más profundo que una fórmula previsional. Se juega qué tipo de país seremos: uno que avanza en derechos sociales, o uno que revierte todo para reinstalar un orden de desigualdad funcional a los intereses de unos pocos. Un país donde la gente pueda planificar su vida, o uno donde la inestabilidad sea la norma. La libertad que propone Kast siempre tiene un costo, y nunca lo pagan los mismos; lo paga el que se levanta temprano, la mujer que cuida, el adulto mayor que ya sobrevivió una vida de sueldos bajos, el joven que trabaja tres turnos y aún así no llega a fin de mes.

Chile ya vivió el experimento. Lo sufrimos en las pensiones más bajas de América Latina, en la educación convertida en mercancía, en los sueldos miserables disfrazados de emprendimiento. Volver a ese camino no es una opción; es una amenaza. Lo que necesitamos es fortalecer lo construido: avanzar en seguridad social, mejorar salarios reales, consolidar las 40 horas, reforzar la indemnización por años de servicio, seguir ampliando la negociación colectiva y reconocer que la dignidad laboral no es un lujo, es la base del desarrollo.

Por eso, cuando Kast promete libertad, debemos recordar que ese mensaje -vestido de eficiencia y tecnocracia- es la antesala del despojo. Y frente a esa amenaza, Chile tiene que elegir: o seguimos construyendo un país con derechos, o cedemos ante un proyecto que mira el futuro con los ojos del pasado.