“Operaron desde la ilegalidad”: Los nexos entre el exfiscal Manuel Guerra y la policía infiltrada

Por Miguel Ángel Yáñez, cofundador de Contrapoder Chile y abogado de DD.HH

Hay imágenes que marcan una época. No por el hecho puntual que representan, sino por el derrumbe simbólico que contienen. Ver a un exfiscal regional -uno de los hombres que durante años encarnó la persecución penal en las causas de mayor connotación pública del país- camino a su formalización no es simplemente un episodio judicial más. Es la escena de un sistema mirándose por primera vez al espejo sin relato, sin épica institucional, sin esa narrativa tranquilizadora que durante décadas sostuvo que en Chile las instituciones funcionaban con una solidez casi excepcional.

La fecha ya está fijada y el dato ha circulado como un titular más dentro de la vorágine informativa. Cohecho agravado, violación de secreto, prevaricación administrativa. Términos jurídicos que para quienes ejercemos el derecho tienen un significado técnico preciso, pero que para la ciudadanía transmiten algo mucho más simple y brutal: quien debía investigar la corrupción hoy es investigado por corrupción.

En esa inversión de roles hay algo más que una situación personal. Hay una fractura simbólica que trasciende el nombre de Manuel Guerra. Durante años su figura estuvo asociada a investigaciones que tocaron el corazón del poder político y económico del país. Era, para muchos, el rostro visible de la promesa de que el sistema penal podía alcanzar incluso a los sectores más influyentes. No importaba tanto si esa promesa se cumplía plenamente; lo relevante era que existía como relato, como horizonte institucional, como la idea de que había un lugar donde las redes de influencia finalmente encontraban un límite.

Hoy sabemos que ese lugar también estaba atravesado por esas mismas redes.

La investigación periodística de la periodista Josefa Barraza, en el libro Los Intramarchas: Cómo el poder se infiltró en el estallido social, permite comprender mejor ese entramado. En uno de sus capítulos se describen los lazos que unieron al exfiscal con investigaciones del estallido social en las que se utilizaron agentes encubiertos -los llamados “intramarchas”- para infiltrar manifestaciones y construir causas penales contra jóvenes vinculados a las protestas. Allí se relata cómo operativos policiales y estrategias investigativas se entrelazaron con narrativas mediáticas que buscaban instalar la idea de una estructura organizada detrás de la revuelta social.

El libro también muestra cómo estas investigaciones estuvieron atravesadas por polémicas sobre la legalidad del uso de agentes encubiertos, inconsistencias en pruebas y cuestionamientos a la forma en que ciertos casos fueron presentados ante la opinión pública. 

Más allá de los resultados judiciales específicos de cada causa, lo que emerge de esa investigación es algo más inquietante: la existencia de un sistema donde las fronteras entre persecución penal, estrategia política y relato mediático se vuelven difusas.

Y por eso el problema no puede reducirse a una caída individual ni a una eventual responsabilidad penal. Lo que emerge es algo mucho más profundo: una forma de funcionamiento del poder en Chile que durante décadas operó en una zona gris donde lo público y lo privado se entrelazaban con una naturalidad que solo ahora comienza a escandalizar. Los chats, las conversaciones reservadas, los favores cruzados, los intercambios de información sensible, los vínculos entre estudios jurídicos, operadores políticos y órganos persecutores no son una anomalía inexplicable ni un accidente aislado. Son el síntoma de una cultura institucional que normalizó la proximidad entre justicia y poder.

Durante mucho tiempo se repitió que el gran patrimonio del país era la estabilidad y la fortaleza de sus instituciones. Se nos aseguró que existían contrapesos suficientes para evitar la captura del Estado y que los escándalos eran apenas excepciones dentro de un sistema que, en lo esencial, funcionaba correctamente. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos años -y que este proceso vuelve a poner en el centro del debate- es algo distinto: la existencia de una élite que transitaba por los distintos espacios del Estado y del mercado sin fronteras claras, con niveles de confianza, cercanía y comunicación que la ciudadanía nunca tuvo.

El problema más profundo de todo esto no está solamente en la eventual responsabilidad penal de un imputado. Está en la confianza. En esa confianza mínima que necesita una sociedad para creer que la justicia opera con criterios distintos a los de las redes de poder.

Cuando esa confianza se rompe, lo que aparece no es solo indignación. Aparece algo aún más corrosivo: el cinismo. Esa sensación peligrosa de que todo da lo mismo, de que no existen diferencias reales entre quien investiga y quien es investigado, de que el sistema completo funciona como un escenario donde los roles pueden cambiar, pero las reglas profundas permanecen intactas. Y ese es precisamente el terreno más fértil para la descomposición democrática.

Por eso sería un error leer este proceso como una simple noticia policial o como una oportunidad para la disputa política contingente. No hay triunfo posible en la caída de un exfiscal. No lo hay para la izquierda ni para la derecha. Lo que existe es una señal de alerta sobre la profundidad de la crisis institucional que atraviesa el país.

Pero también, si se quiere mirar con honestidad, hay una oportunidad. La oportunidad de abandonar definitivamente el relato complaciente de la transición que convirtió la estabilidad en un valor superior a la transparencia. La oportunidad de discutir en serio la autonomía real del Ministerio Público, los mecanismos de control interno, las incompatibilidades entre el ejercicio del poder penal y las redes privadas de influencia.

Porque la justicia no se sostiene únicamente en códigos ni en audiencias. Se sostiene, sobre todo, en la percepción colectiva de que existe un límite que nadie puede cruzar.

El día de la formalización no se sentará en el banquillo únicamente un exfiscal. Se sentará también una época. Se sentará esa forma de entender el poder como un circuito cerrado donde todos se conocen, todos conversan y todos se protegen.

La pregunta que queda abierta no es qué medida cautelar se decretará ni cuánto durará la investigación. La pregunta real es otra: si el país será capaz de comprender la dimensión histórica de este momento. Si seguiremos administrando los escándalos como episodios aislados o si, por fin, asumiremos que lo que está en crisis es el diseño mismo de nuestras relaciones entre dinero, política y justicia.

Porque cuando el perseguidor se convierte en imputado, lo que está en juego no es solo su destino personal. Es la credibilidad completa del sistema. Y esa, a diferencia de las causas judiciales, no se recupera con una sentencia.