“Suspender el pago a condenados por lesa humanidad”: Ofician a Capredena por millonarias pensiones a Krassnoff, Iturriaga y Corbalán

Contrapoder Chile reveló un registro de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, en donde se confirma que pagó $121.606.334 entre enero de 2025 y enero de este año, por las pensiones de violadores de DD.HH en dictadura. Por esto, la diputada Ana María Gazmuri, emitió un oficio dirigido a la Capredena, para saber si se ha efectuado algún análisis jurídico respecto de la procedencia de suspender, o revisar el pago de beneficios previsionales en casos de personas condenadas por crímenes de lesa humanidad.

Durante la mañana de este lunes, Contrapoder Chile reveló un registro de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional la que pagó $121.606.334 entre enero de 2025 y enero de este año, por las pensiones de retiro de Miguel Krassnoff, Álvaro Corbalán, Raúl Iturriaga y Carlos Herrera; todos condenados por violaciones a los DD.HH cometidas durante la dictadura.

Incluso, Krassnoff -exagente de la DINA- tuvo una pensión de $3.636.918, mientras que en diciembre de 2025 y enero de 2026 recibió una pensión de $3.762.028; recaudando $47.530.154 -en un año- por su retiro de las Fuerzas Armadas.

Por lo anterior, la diputada Ana María Gazmuri, emitió un oficio dirigido a la Capredena, para solicitar información y mayores antecedentes respecto a las pensiones recibidas por Krassnoff, Iturriaga, Corbalán y Herrera, durante los años 2024 y 2025.

“Indicar si CAPREDENA ha efectuado algún análisis jurídico respecto de la procedencia de suspender, limitar o revisar el pago de beneficios previsionales en casos de personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, adjuntando copia de los informes jurídicos que existan sobre la materia. Precisar si existe actualmente algún procedimiento administrativo o revisión interna en curso respecto de estos beneficios”, se lee en el oficio al que este medio tuvo acceso.

La parlamentaria también pidió información sobre si CAPREDENA cuenta con un protocolo o criterio institucional aplicable a situaciones de personas privadas de libertad que perciben beneficios previsionales.

Finalmente, la diputada Gazmuri expresó en sus redes sociales que “¿por qué fondos de la ciudadanía financian a criminales convictos? Exigimos transparencia y fin a este abuso. Las víctimas merecen justicia, no impunidad”.